¿El país más corrupto?

¿El país más corrupto?

Las aproximaciones erróneas y la generalización han impedido afrontar el fenómeno con decisión.

21 de enero 2020 , 07:21 p.m.

Los colombianos estamos acostumbrados a que desde el exterior se hagan las más disímiles apreciaciones sobre nuestro país y sus gentes: que Bogotá es la ‘Atenas suramericana’, que llevamos en nuestro ADN el gen de la violencia y que, paradójicamente, somos el país más feliz del mundo, entre muchas generalidades sin fundamento.

Pero la que ahora se divulga –que somos el país más corrupto del mundo– sí merece un análisis, advirtiendo de entrada que me parece un auténtico lugar común que no consulta la realidad y admitiendo que esa afirmación puede sonarles a algunos como herejía.

Es verdad que desde hace muchos años nos quejamos, con razón, del auge de este fenómeno, entendido como el aprovechamiento del servicio público para el enriquecimiento personal. Ahí surge la primera distorsión, porque no todo delito que se publicita contra la administración pública denota corrupción. Pero como los discursos son genéricos en cuanto a la denominada lucha contra la corrupción, sirven para generar réditos políticos, mas no para atacar a fondo el fenómeno. ¿Cuántos ‘adalides’ que en campaña peroran contra la corrupción han terminado en la cárcel por incurrir en actos corruptos?

Las aproximaciones erróneas, la generalización y la repetición han impedido afrontar el fenómeno con decisión. Hoy se dice, por ejemplo, que la desaparición de las Farc por los acuerdos de paz ha ‘visibilizado’ más el fenómeno. Falso. De tiempo atrás, con o sin conflicto armado ha habido escándalos de corrupción, muchos ampliamente publicitados, como el del Guavio, el metro de Medellín, los contratos de la Cámara, el festín con los bienes incautados a la mafia, o los funcionarios enriquecidos de la noche a la mañana, entre otros.

Se dice, por ejemplo, que la desaparición de las Farc por los acuerdos de paz ha ‘visibilizado’ más el fenómeno. Falso. De tiempo atrás, con o sin conflicto armado ha habido escándalos de corrupción

Unos datos históricos confirman este aserto. En 1973, en el mandato de Pastrana Borrero, la Cámara de Comercio de Medellín le envió una dura carta en la que se quejaban por la generalizada corrupción administrativa. El presidente le pidió a una comisión presidida por el doctor Reyes Echandía, redactora del nuevo Código Penal, anticipar el capítulo de los delitos contra la administración pública: así se hizo, aumentando penas y creando, entre otros, el de enriquecimiento ilícito de empleados oficiales.

En 1974, López Michelsen creó la figura del ombudsman para que, verdad sabida y buena fe guardada, recomendara la desvinculación de funcionarios acusados de corrupción, y la Oficina de quejas y reclamos de la Presidencia. En 1977 presentó un proyecto de reforma constitucional para mejorar, con idéntico fin, la administración de justicia.

Ernesto Samper, con Néstor Humberto Martínez como ministro de Justicia, hizo aprobar el estatuto anticorrupción, que exigía a los funcionarios presentar su declaración de renta al entrar y salir del cargo. En el 2000, como fiscal general presenté y se aprobó el proyecto de Código Penal que aumentó las penas y creó varios delitos contra la administración pública.

Craso error fue hacer creer que aquí no hay normas anticorrupción, poniendo desmesurado énfasis en una ‘consulta’ en más de un 80 por ciento limitada a repetir lo ya existente o a regular materias del todo ajenas a la corrupción, como el sueldo de los congresistas o su permanencia en las cámaras.

Colombia tiene todo un arsenal jurídico para sancionar los actos corruptos. Solo falta un sistema judicial eficiente que aplique la legislación vigente y recordar que la corrupción pública está estrechamente unida a la privada.

También hacen mucho daño los discursos generalizados de altos funcionarios que repiten que la corrupción se lleva al año 50 billones, pero sin precisar cuándo, cómo, dónde y, sobre todo, quién. O por qué no están en la cárcel los autores, o dónde, el dinero recuperado.

Urge una especie de pacto nacional para no usar genéricamente la bandera de la lucha anticorrupción como estrategia electoral y más bien aclimatar conceptos cuya concreción sí va en la dirección correcta, como purificar el sistema político, estimular la oposición, facilitar los juicios de responsabilidad política, acabar con la impunidad, incluida la política y social, y lograr que jueces y fiscales apliquen la severa normativa penal vigente.

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