El Gobierno y los cuarenta sabios

El Gobierno y los cuarenta sabios

Pareciera que conocimiento y ciencia van de un lado y las urgencias políticas y electorales, de otro

12 de febrero 2019 , 07:16 p.m.

En principio, suena muy bien la integración por el Gobierno de la ‘Comisión de sabios’ a fin de que lo asesore “para impulsar el desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación”. Probablemente, una de nuestras falencias para integrarnos como nación con objetivos comunes ha sido el casi tradicional distanciamiento entre científicos, académicos, e incluso empresarios, políticos y gobernantes.

Eso se refleja, entre muchos otros ejemplos que se podrían citar, en la falta de planeación sobre el tipo de educación y de los profesionales que no solo el país necesita para su desarrollo, sino de las posibilidades de integrarlos al torrente económico nacional. Pareciera que conocimiento, ciencia y tecnología van de un lado y las urgencias políticas y electorales, de otro, en una especie de esquizofrenia.

En 1945, Alberto Lleras –como presidente encargado a los 39 años– tuvo la visión de crear el Departamento Nacional de Planeación, precisamente con la mira de que las políticas públicas fueran el resultado de un serio análisis de metas, métodos y recursos. Esa idea tuvo mayor desarrollo en la reforma constitucional de 1968, inspirada por Carlos Lleras Restrepo, y se fortaleció en la Constitución de 1991. Sin embargo, no ha habido relación entre los ‘planes nacionales de desarrollo’ que presentan los distintos Gobiernos y los resultados al final de su mandato.

Algunos de ellos han tenido pomposos nombres, por ejemplo: ‘Para cerrar la brecha’, ‘Las cuatro estrategias’ y ‘Transformación nacional’, o la búsqueda de la equidad. Jóvenes investigadores podrían demostrar que casi nunca, hasta hoy, ha habido equivalencia entre los planes de desarrollo que ahora, cada cuatro años, presenta todo gobierno al comenzar y sus ejecuciones reales. Sería un buen ejercicio para politólogos que pondría al descubierto la sideral diferencia entre la carreta y la escueta realidad administrativa y política.

Lo mismo ocurre con los ‘programas’, no solo de quienes aspiran a dirigir al Estado sino incluso a ser congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y aun ediles. Llegamos hasta el extremo de obligar a que esos ‘programas’ se registren en una notaría. Es más: cada vez que un partido o un simple dirigente quiere dar una voltereta política o buscar un empleo o pedir que se le conserve, pretende justificarse alegando ‘razones programáticas’, cuando es claro que ello no obedece a una idea seria.

Si los gobernantes hubiesen atendido y puesto en marcha las propuestas de tantas y muy buenas comisiones –unas de sabios y otras no tanto– conformadas desde hace no pocos años, hoy tendríamos otro panorama político y social, y probablemente una estructura política diferente. Entre las comisiones que faltan está la que invente un ágil y urgente sistema para ‘cazar’ –no casar– delfines en la política para lograr una democracia real. Y otra muy importante que haga sugerencias sobre cómo en realidad ‘cerrar la brecha’ entre ricos y pobres para disminuir inequidades sociales, como lo escribió María Isabel Rueda en este diario el domingo.

Entre las de sabios, habría que recordar la que integró el entonces presidente Gaviria con pesos pesados de la inteligencia y alto reconocimiento, como Gabriel García Márquez, Rodolfo Llinás, Marco Palacio y Manuel Elkin Patarroyo, entre otros. Pero una interesante crónica de Manuel Hernández Benavides en el portal Razón Pública da cuenta de la lánguida manera como fueron desechadas las recomendaciones de tan prestigiosa comisión de notables. Tal vez por eso, el neurocientífico Rodolfo Llinás, como aparece en la revista Semana, dudó antes de aceptar hacer parte de otra comisión de sabios.

Así las cosas, el reto para el presidente Duque está en romper la tradición de desinterés, o, más aún, de claro desprecio hacia las recomendaciones de estos ciudadanos –de elevada jerarquía en distintos campos del saber– y en poco tiempo convertirlas en actos de gobierno, que no deben confundirse con más reformas constitucionales y legales de comprobada ineficacia social y perniciosa inseguridad jurídica.

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