El Estado del Cauca

El Estado del Cauca

Se debe mirar con criterios amplios la solución del problema de los cultivos ilícitos.

05 de noviembre 2019 , 07:00 p.m.

Con este título y acerca de lo que hoy ocurre en el departamento del Cauca, el exministro y periodista Alberto Casas ha recordado cuanto fue en el siglo XIX ese ‘Estado soberano’, comprendido en buena parte del sur y centro del país, incluido el Tolima, mi departamento, creado como ‘Estado soberano’ en 1861 por Tomás Cipriano de Mosquera.

Más allá del indudable peso específico del Cauca y sus gentes en nuestra historia, los ojos del Estado y de la sociedad deben fijarse en ese querido rincón patrio, hoy víctima de furiosas violencias cruzadas entre narcotráfico, disidencias guerrilleras y grupos ilegales de todos los pelambres. Y, en cuanto a mí respecta, tengo también con tal región un compromiso moral porque mi padre, integrante de la población negra del norte caucano, venía de Miranda, municipio desde hace años azotado por esas fuerzas delictivas.

Varias razas confluyen en el Cauca: blancos y mestizos en Popayán; indígenas en municipios como Silvia, que eligió alcaldesa a Mercedes Tunubalá; negros en el norte. Es un buen síntoma que, al derrotar viejas castas políticas, el afrodescendiente Elías Larrahondo Carabalí haya sido elegido nuevo Gobernador del departamento. Y su diversidad también es geográfica, porque incluye montañas, planicies y una zona marina en el Pacifico. Así, no se entiende por qué su valor ancestral no se refleja hoy en desarrollo económico e inclusión social.

El Cauca y el Pacífico requieren que el Estado recupere el control territorial total no solo con la Fuerza Pública, sino con inversión social, justicia, educación, vías

La violencia de todo orden contra la población indígena ha sido casi una constante en su historia reciente. Entender toda la problemática y buscar soluciones requiere comprensión, tolerancia y gran dosis de audacia. ¿Por qué muchos han olvidado entre tantos asesinatos el del sacerdote Álvaro Ulcué Chocué?

Más allá de que el asunto no puede reducirse a su mera distribución, el problema de la tierra pesa mucho en el conflicto indígena. La disposición constitucional (1991) de que Colombia es un país multiétnico en buena parte ha quedado apenas escrita, si bien hemos tenido avances significativos en el reconocimiento de las tradiciones y costumbres nativas, como la de contar con una especie de jurisdicción indígena.

Por años, los grupos guerrilleros (M-19, Farc, Eln) y cuerpos paramilitares hicieron de las suyas en el Cauca. La terminación del conflicto armado con las Farc fue buena noticia para los caucanos. Lamentablemente, la administración pasada –por alguna razón– no ocupó con la fuerza legítima y la acción del Estado los territorios que dejaba la guerrilla desmovilizada, con las consecuencias que hoy se ven. Mas esa omisión no justifica por sí sola la ola de violencia contra la población civil que ha quedado en medio de la lucha por el control territorial –privativo del Estado en su integridad– entre bandas de narcotraficantes y delincuencias de todo orden.

La solución, como lo reconocen el gobernador Óscar Campo y algunos dirigentes indígenas, no puede ser únicamente militar. Como la enfermedad es compleja, el remedio no es simple. Creo que así lo ha entendido el Gobierno, porque el presidente Duque se ha trasladado varias veces al Cauca para tomar las decisiones pertinentes.

El Cauca y el Pacífico –con Buenaventura, Tumaco o Quibdó– requieren que el Estado recupere el control territorial total no solo con la Fuerza Pública, sino con inversión social, justicia, educación, vías. Y que se instale allá por un buen tiempo, siquiera hasta que cesen los delitos contra gobernadores indígenas, líderes sociales, dirigentes políticos, gentes del común, y se conozca quiénes están detrás de tantas atrocidades.

Los narcotraficantes deben saber que el Estado no tolerará sus fechorías. Pero también se debe mirar con criterios amplios la solución del problema de los cultivos ilícitos. El Presidente tiene la suficiente fuerza moral para convocar a todos los actores –gobernadores indígenas, autoridades regionales, dirigentes sociales, iglesias y dirigentes políticos– en la búsqueda de soluciones audaces a corto, mediano o largo plazo. Pero decisivas.

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