El control constitucional

El control constitucional

Con todo, el papel de la Corte sigue siendo insustituible en defensa de la Constitución.

01 de octubre 2019 , 07:00 p.m.

Durante el reciente Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en Cartagena, con participación de magistrados y académicos de primer orden, tanto nacionales como extranjeros, se oyeron de todos ellos sesudas exposiciones sobre el tema central del evento, de palpitante actualidad: la relación entre la información que fluye en las llamadas redes sociales y los derechos a la honra, la participación política y la libertad de expresión, o sea, la vieja discusión entre prensa libre y derechos de los demás, vigente desde el nacimiento del constitucionalismo. Solo que ahora no gira en torno a los impresos del siglo XIX, sino a la revolución tecnológica que contribuyó a cuanto en las épocas del auge de la globalización se llamaba aldea global.

Pero, más allá de ese asunto, pienso en la oportunidad para volver a reflexionar sobre el papel de la Corte en su función de “guardián de la Constitución”. Habría que empezar por desechar ciertos lugares comunes, como el de que el control constitucional comenzó en el país con la Carta del 91.

Desde 1910 se establecieron la supremacía constitucional y la acción directa de inconstitucionalidad, asignándole a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –en su entonces Sala de Asuntos Generales– dilucidar la confrontación de las leyes con la Carta. Y, desde 1914, el Consejo de Estado (CE) controla la legalidad y constitucionalidad de algunos decretos del Ejecutivo.

Durante casi 100 años, la CSJ y el CE establecieron una sólida doctrina constitucional. La reforma de 1968 creó en la CSJ la Sala Constitucional, encargada de preparar los proyectos para la Sala Plena cuando se tratara del control constitucional. Esa corte declaró inconstitucionales dos reformas constitucionales, puso límites al ejercicio del estado de sitio y hasta tumbó decretos de emergencia económica y social, como lo recuerda en sus memorias el exministro Guillermo Perry, recientemente fallecido.

Ojalá se elimine la costumbre de publicar primero los comunicados de prensa y meses después divulgar las decisiones

No debe olvidarse que en esa reforma de 1968 se alcanzó a aprobar en primera vuelta la creación de la Corte Constitucional por inspiración de nuestro profesor y maestro de derecho constitucional Carlos Restrepo Piedrahíta. Al final se optó por un sistema que funcionó: dejarles a 24 magistrados, y no a 9, el control constitucional, con el auxilio de una sala especializada, de la cual formaron parte los mejores constitucionalistas del país.

Tras la Constitución de 1991 han sido muchos los avances en materia de control constitucional: con la ampliación de la Carta de Derechos, los ciudadanos han podido acudir a un mecanismo ágil para su defensa. La Corte ha sido particularmente progresista en guarda de las libertades y de límites del ejercicio del poder. Por vía de la tutela se pasó de un control difuso a uno concentrado en materia constitucional, pues la Corte es hoy el órgano de cierre en lo relativo a interpretación constitucional.

Sin embargo, aún hay mucho por mejorar y se siguen dando fallos controvertidos –cosa natural– y algunos contradictorios. La teoría de la sustitución constitucional, en algunos casos, ha permitido que la Corte pase de guardián de la Constitución a constituyente o legislador. No fue fácil entender que en un caso autorizara la reelección inmediata de Uribe, a pesar de que el espíritu del constituyente era prohibir todas las reelecciones, pero años después dijera que una sola reelección no sustituía la Constitución, pero una segunda, sí.

Tampoco asimilar la sentencia que tumbó el Tribunal de Aforados con el argumento de que acabar con la Comisión de Acusación sustituía el espíritu de la Constitución del 91, cuando esta entidad no fue creación de la Constituyente. Lo mismo podría decirse del fallo que consideró que una decisión casi administrativa del Congreso podía sustituir la voluntad del pueblo en el caso del plebiscito.

Ojalá se elimine la costumbre de publicar primero los comunicados de prensa y meses después divulgar las decisiones, así como la de escribir sentencias de 500 o 1.000 folios que complican la comprensión y difusión de la jurisprudencia.

Con todo, el papel de la Corte sigue siendo insustituible en defensa de la Constitución y las libertades ciudadanas.

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