Doble instancia para los congresistas

Doble instancia para los congresistas

En nuestra historia constitucional hemos tenido 3 sistemas para juzgar los delitos de congresistas.

08 de agosto 2018 , 12:16 a.m.

En nuestra historia constitucional hemos tenido tres sistemas para investigar y juzgar los delitos cometidos por congresistas.

Hasta la Constitución del 91, los parlamentarios gozaban de inmunidad, pero no de fuero. Aquella consistía en que no podían ser capturados ni procesados durante las sesiones, 20 días antes o 40 después, sin previo permiso de la Cámara a la que pertenecieran. Pero concedida la “autorización”, se sometían a las reglas ordinarias de competencia, o sea que cualquier juez municipal adelantaba la investigación.

Tenían, sí, primera y segunda instancia, más los recursos extraordinarios de casación y revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (SPCSJ).

En la segunda mitad del siglo XX hubo casos muy sonados para levantar inmunidad como aquel para procesar al polémico senador ‘Nacho Vives’, que le había hecho escandalosos debates al gobierno de Lleras Restrepo. O para el mismo cometido, los adelantados contra el capo Pablo Escobar, representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Durante toda esa etapa no hubo más de cinco parlamentarios procesados y condenados, por la presión política que probablemente se podía ejercer sobre autoridades judiciales regionales en los inicios del proceso penal.

Tal vez por eso, con sólida argumentación, la inmunidad se cambió por el fuero en virtud del cual el parlamentario podía ser detenido sin permiso de la Cámara respectiva, pero el procedimiento ya no lo adelantaba cualquier juez sino los nueve magistrados que integran la Penal. En ese periodo, casi medio centenar de congresistas fueron procesados por distintos delitos como los derivados del proceso 8.000, de la parapolítica y de la corrupción administrativa o electoral.

El pero a este eficaz sistema comenzó a plantearse porque en ese procedimiento –incluso después de divididas las funciones de acusación y juzgamiento–, la Sala Penal era la misma que dictaba el auto cabeza de proceso, la medida de aseguramiento o auto de detención, la acusación y la sentencia, quebrando así dos principios básicos del procedimiento penal, partes integrantes del bloque de constitucionalidad: la separación entre acusación y juzgamiento y la doble instancia.
La Corte estableció entonces dentro de la propia sala las dos instancias, algo que no resulta tan ortodoxo. Y así llegamos al tercer sistema (acto legislativo n.° 1 de 2018) que estableció las dos instancias y una clara separación entre acusación y juzgamiento. Para ello se creó dentro de la propia Corte una sala especial de instrucción con seis magistrados y una de juzgamiento con tres. Esos nueve magistrados no participan de funciones electorales o administrativas ni intervienen en otros procesos que se adelanten en la sala penal.

La actual sala penal queda como última instancia que resuelve el recurso de apelación contra las sentencias de esa nueva sala especial. ¿Dónde radica el enredo generado a raíz del llamamiento a indagatoria del senador Uribe por tres magistrados de una sala de instrucción de la Sala Penal? El acto legislativo no previó –como sí lo hizo la ley de segunda instancia para pérdidas de investidura– un mecanismo de transición.

La discusión jurídica está en determinar si una reforma constitucional puede dejar de aplicarse porque los nuevos magistrados no hayan sido designados casi ocho meses después de que fue promulgada. Más temprano que tarde, esas primeras actuaciones tendrán que trasladarse a la Sala Especial ya creada, con el agregado de que cambia el procedimiento a un sistema acusatorio. Y con un bemol adicional: como los tres magistrados instructores fueron recusados, la decisión final corresponderá a los otros seis magistrados de la Sala Penal, a quienes, si se pronuncian, pueden después recusarlos cuando ya esté funcionando la nueva sala –para la cual están dispuestos ya todos los recursos– y tengan que actuar como jueces de segunda instancia.

La manera más sencilla de acabar con todo este enredo es que la Sala Plena de la Corte cumpla ya con su deber de elegir entre los muchos buenos candidatos que existen la nueva sala que ordenó el Constituyente desde enero.

Alfonso Gómez Méndez

Columnistas

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