La semana pasada, en el Palacio de Nariño se instaló la comisión de expertos, integrada por ciudadanos de reconocida versación y prestancia, para preparar la reforma del sistema electoral como parte de los acuerdos de La Habana.
No es la primera vez que el tema hace parte de la agenda pública. Basta con recordar aquel doloroso episodio en la Cámara de Representantes, en 1949, en el que en pleno hemiciclo se armó tremenda balacera que produjo la muerte inmediata del representante boyacense Gustavo Jiménez y la posterior del brillante dirigente liberal Jorge Soto del Corral, cuando en el Congreso se discutía si una reforma del Código Electoral se podía hacer por ley ordinaria o no.
El diagnóstico jurídico también se ha hecho muchas veces, y abundan los estudios, los proyectos de ley y de reforma constitucional. Todos han apuntado a tratar de resolver los problemas que nos llevan a una democracia puramente electoral.
Son muchos los factores: abstención, que en algunos casos llega a más del 70 por ciento; la compra de votos, los fraudes en el conteo, abuso abierto del poder e intervención de los funcionarios para incidir en resultados, participación del ‘partido de los contratistas’, desbordamiento en los gastos de campaña y ausencia práctica de control sobre esto, la existencia de castas que se suceden por vía hereditaria en el ejercicio del poder, entre otros.
Ha habido algunos correctivos, como la financiación parcial, por el Estado, de las campañas electorales y el pago anticipado de la reposición de votos. Se comenzó con las campañas a la presidencia, pero eso no impidió que dineros del narcotráfico llegaran a algunas de ellas. El proceso 8.000 en el fondo lo que estableció fue aportes del cartel de Cali no solo a una campaña presidencial, sino a varias para el Congreso, alcaldías y gobernaciones, y prácticamente en todos los partidos.
Las campañas no se han corrompido solo por el narcotráfico, sino también por las fuentes de la contratación del Estado a todos sus niveles, convertida hoy en el núcleo central de la corrupción administrativa. La creación del Consejo Nacional Electoral, lamentablemente, no ha servido para frenar el derroche ni para controlar los gastos de campaña.
Volarse los topes es una causal de pérdida de la investidura. Si existiera una verdadera ‘policía electoral’ que realmente los detectara, lo cual no es tan difícil, se habrían perdido muchas investiduras no solo de congresistas, sino de alcaldes y gobernadores, y hasta de presidentes.
La Constitución de 1991, con la mejor intención, creó la circunscripción de Senado, que obliga a los aspirantes a buscar votos en todo el país, con lo que cada campaña por un cupo al Senado se convierte en una presidencial, con todo incluido: asesor político, gerente financiero, jefe de publicidad, jefe de prensa, estratega de comunicaciones, secretarias y asistentes, y hasta asesor espiritual... Y esto, unido a la falta de partidos serios, que, por lo mismo, no pueden presentar listas cerradas democráticamente escogidas en su interior, multiplica hasta el extremo los costos electorales. Ha habido muchas ‘reformas políticas’ fallidas.
No nos hemos hecho la pregunta de fondo: ¿por qué hay que invertir ingentes sumas de dinero en persuadir, convencer y hasta comprar electores? Murillo Toro, el visionario pensador del radicalismo liberal, decía en un artículo, en 1848, que hacemos las cosas al revés, pues primero nos enfrascamos en supuestas reformas políticas antes que cambiar las estructuras sociales.
Mientras no haya una clase media amplia, al menos con sus necesidades básicas satisfechas, siempre les estará abonado el terreno al oportunista, al populista, al embaucador y hasta al mercader electoral.
Esa es la mejor reforma electoral, unida a la separación de poderes, a la existencia de una prensa verdaderamente independiente, a una relación Legislativo-Ejecutivo que trascienda el clientelismo y al funcionamiento de un Poder Judicial y electoral fuerte, sólido, independiente y con apoyo popular.
Alfonso Gómez Méndez
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