De 1989 hasta nuestros días

De 1989 hasta nuestros días

Treinta años después, la violencia parece no ceder y el narcotráfico sigue siendo su combustible.

10 de diciembre 2019 , 07:06 p.m.

Después de la publicación del excelente libro de María Elvira Samper, 1989, que describió, luego de una juiciosa investigación, el horror que ese año significó para nuestro país, durante estos días y a propósito del ‘recordatorio’ del 6 de diciembre de aquel año, ha habido muchos artículos y análisis que rememoran todo lo malo que le pasó a Colombia en ese año.

Quiero hacer alusión a algunos de aquellos acontecimientos que tuve que vivir como procurador general de la Nación, y de los cuales pueden sacarse valiosas lecciones para la coyuntura actual. Carlos Mauro Hoyos fue asesinado por agentes de la mafia del narcotráfico en 1988, y reemplazado por Horacio Serpa. El 2 de marzo, día del anuncio de mi nombramiento, esa pecaminosa alianza entre paramilitares y narcotraficantes mató en el aeropuerto El Dorado al joven promesa de la izquierda democrática José Antequera, atentado en que resultó gravemente herido quien luego fue presidente, Ernesto Samper.

El 6 de mayo, en la carrera 7.ª con calle 53, se produjo el atentado contra el general Maza, director del DAS. Después de que una corte intimidada había tumbado el tratado de extradición con EE. UU., valientemente Virgilio Barco la restableció por un decreto de estado de sitio.

Como procurador emití un concepto favorable para la extradición ante la Sala Plena de la Corte Suprema. Como existía la intimidación, el jefe de Estado profirió un decreto en el cual establecía que no se conociera la identidad de los magistrados al votar, para que pudieran fallar con relativa libertad. La Corte Suprema, a pesar de las amenazas, mantuvo el decreto que permitía extraditar a los narcos. Y por eso, además, siguió el terrorismo para doblegar al Estado.

En ese momento, el presidente Barco, como verdadero líder, prefirió hundir el proyecto, antes que ceder a la presión de los narcos

El Gobierno dictó normas para sancionar el enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico, y la extinción de dominio de bienes por la misma causa, que por cierto sigue con dificultades en su aplicación, como lo dice la doctora Virginia Torres, presidenta de la SAE, en la muy buena entrevista con Yamid Amat.

Se ha repetido la larga lista de crímenes de ese año, incluido el asesinato de Galán. Pero hay un episodio importante que ha pasado casi inadvertido. Barco tramitaba una reforma constitucional bien estudiada y que contenía más del 80 por ciento de las normas que luego aprobó la Constituyente, comprendidas la tutela y la carta de derechos. Como no existía el fast track, se requerían ocho debates. En el quinto debate en la Comisión Primera de la Cámara, el 30 de noviembre de ese fatídico año de 1989, apareció de la noche a la mañana una propuesta que incluía someter a referendo la extradición de nacionales, cuya abolición era la causa principal que alegaban los narcos para ensangrentar el país. Ante semejante orangután, esa misma noche Carlos Lemos Simmonds, ministro de Gobierno, sin ahorrar adjetivos, les dijo a los parlamentarios que no les hicieran el mandado a los narcos. Con todo, el Congreso no solo desobedeció al ministro, sino al Presidente y hasta a los jefes de los partidos políticos, y llevó el mico hasta la Plenaria del Senado. En ese momento, el presidente Barco, como verdadero líder, prefirió hundir el proyecto, antes que ceder a la presión de los narcos.

¿Quién iba a creer entonces que después de varios bombazos y secuestros selectivos, la Constituyente, convocada para encontrar la solución de los problemas de orden público que generaba el narcoterrorismo, terminara cediendo y prohibiendo directamente, en el artículo 35, la extradición de nacionales?

Treinta años después, y no obstante muchos esfuerzos –incluido el de los acuerdos de paz con buena parte de las Farc–, la violencia parece no ceder, y el narcotráfico sigue siendo en buena parte su combustible principal. ¿Será que debemos replantear la política que, hasta ahora, no ha logrado que cesen la violencia y la corrupción originada en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes?

¿Qué hubiera pasado si con la misma vehemencia con que ahora se hacen protestas masivas contra el asesinato de líderes sociales se hubiesen hecho contra el crimen organizado, el asesinato de líderes de izquierda y la infiltración de la mafia en la política?

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