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Corrupción integral

Corrupción integral

Tan grave como la impunidad judicial es la política y la social.

05 de octubre 2021 , 08:00 p. m.

El periodista Felipe Zuleta, a propósito del escándalo en corrupción del Mintic, vaticina que esta vez tampoco pasará nada. A no ser que, como es de esperarse, la Fiscalía y la Corte Suprema nos den una sorpresa y lleguen a la pepa de la corrupción.(Lea además: El profesor Jacobo Pérez y la Constituyente)

El informe del domingo de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO describe, en toda su extensión y con este caso concreto, el fenómeno de la corrupción y la impunidad judicial, política y social que lo protege y lo multiplica. Nadando entre los vericuetos de la ley de contratación, unos avivatos con conexiones administrativas y políticas logran ganarse una licitación aparentemente amañada, que tenía como objeto conectar –qué ironía– siete mil “centros poblados” –el mismo nombre usado para las pilatunas– a través de las hoy indispensables redes de internet.

Después de recibir el ‘anticipo’, los ‘aviones’, al mejor estilo de Copperfield, hacen desaparecer el dinero depositado en cuentas en el exterior –seguro en los de moda paraísos fiscales– y lo usan para adquirir carros de alta gama y hasta para cotizar aviones de verdad.

Hasta ahora aparece como artífice del negociado Emilio Tapia, conocido por su participación en el llamado cartel de la contratación en Bogotá. Es un personaje muy bien conectado con políticos en la capital y en la Costa. La Fiscalía de entonces lo ‘benefició’ con un principio de oportunidad –en el malhadado sistema acusatorio– con penas mínimas en comparación con la defraudación, lo que le permitió en poco tiempo estar en la casa y hasta en rumbas de carnaval.

Eso sí, a pesar de la condena es bien recibido en círculos políticos y comparte tertulias con el actual gobernador de Sucre, quien le dijo a este periódico: “Yo voy a todos los cumpleaños donde me inviten”. Es la impunidad social y política en todo su esplendor.

Ojalá no se use otra vez el principio de oportunidad para obtener impunidad y conseguir respaldos políticos por la vía de la extorsión.

Todo haría indicar que la larga mano del contratista se ha extendido al departamento del Atlántico y a otras regiones del país. Han sido mencionados en el escándalo los congresistas Mauricio Gómez Amín, Armando Benedetti, Daira Galvis y Antonio Zabaraín, pertenecientes a distintas corrientes políticas.

Como en las épocas del proceso 8.000, cuando aparecían fotos de los Rodríguez Orejuela –en ocasiones acompañadas con cheques– con distintos políticos, salían a decir que apenas los habían visto de lejos o en reuniones sociales. Hizo carrera por entonces la frase del pintoresco político Tiberio Villarreal –militante de lo que se conocía en la época como ‘el grupo del Contralor’– cuando lo capturaron por su cercanía con los Rodríguez Orejuela: “No sabía que existía el delito de ‘conocencia’ ”.

Se volvió caballito de batalla para todos los candidatos hablar de la ‘lucha anticorrupción’. Eso es solo una frase. Ya hay suficientes normas penales. Ha habido corruptos que se han hecho elegir con la bandera del combate a la corrupción.

Este caso del Mintic describe todo el fenómeno: contrataciones fraudulentas y respaldos políticos al más alto nivel, tanto regional como nacional. Ojalá no se use otra vez el principio de oportunidad para obtener impunidad y conseguir respaldos políticos por la vía de la extorsión.

Muchas veces, el implicado anuncia ‘acogerse’ a beneficios –lo que implicaría delatar a personajes más altos, pero en el fondo lo que busca es mandarles el mensaje de que no lo dejen ‘ahogar’–. Y por arte de magia, o de mafia, viene después un manto de olvido e impunidad. Tan grave como la impunidad judicial es la política y la social. Se puede poner coto al partido de los contratistas, el gran elector en las últimas campañas. Con la aplicación pronta de la justicia es posible llegar oportunamente a condenas o absoluciones.

Cuatro preguntas:
Sobre lo mismo y en relación con el llamado escándalo de los papeles de Pandora, solo cuatro preguntas dirigidas no a particulares, sino a ‘servidores’ del Estado:

1) ¿A cuánto ascienden las cuentas? 2) ¿Fueron oportunamente reportadas a la Dian? 3) ¿Cuál es el origen de los recursos, si estos llegaren a ser cuantiosos? 4) ¿Quienes han tenido responsabilidades públicas han seguido la norma de esclarecidos hombres de nuestra República como Darío Echandía y Alberto Lleras Camargo de no mezclar negocios con política?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

(Lea todas las columnas de Alfonso Gómez Méndez en EL TIEMPO, aquí)

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