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Corrupción electoral: ¿en la cuerda floja?

Las investigaciones deben hacerse pronto y en todos los niveles.

Más allá de las bromas en redes sociales como expresión del reconocido humor colombiano, en la cinematográfica fuga de Aida Merlano –caída en desgracia como parte de un entramado de compraventa de votos, falsedades y otros delitos–, dos fenómenos recurrentes en nuestras endebles instituciones quedan al descubierto: la fragilidad del régimen carcelario y la invencible corrupción del sistema electoral.
Ante hechos así –no es el primero ni será el último–, tras un despliegue mediático superficial, lo primero que se plantea es la supresión del Inpec. En el pasado, cuando este organismo era Dirección Nacional de Prisiones, dirigida por notables ciudadanos como el actual vicefiscal Jaime Camacho, se le cambió el nombre. Y antes hubo gran escándalo cuando, siendo director el considerado padre del sistema penitenciario, mayor abogado Bernardo Echeverry, el narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros se fugó ¡por la puerta de la cárcel!
La ministra Margarita Cabello ha hecho una completa radiografía del problema, cuya solución va más allá de suprimir el Inpec, lo que podría hacerse en cualquier momento, pero no a la topa tolondra.
Las causas son múltiples y de diverso origen. La principal es que el Estado no ha querido tomar en serio la política criminal y penitenciaria. Se sigue creyendo que el Código Penal debe resolver muchas de las tensiones sociales y que dentro del proceso penal, solo la cárcel es eficaz y mientras más dura, mejor. Pero después nos quejamos del hacinamiento carcelario.

Cabe preguntar, así mismo, por qué no se ahondó en averiguar quién o quiénes estaban detrás del escandaloso aparato de corrupción electoral en la costa Atlántica

Con todo y la decisión de la Corte sobre el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria, el problema no se resuelve, ante todo porque no se invierten los recursos necesarios. No debería ser tan complejo hacer cárceles, pero quienes hemos sido ministros de Justicia sabemos lo difícil que es lograr que Hacienda asigne recursos para nuevos establecimientos o para incrementar y mejorar el personal de vigilancia existente.
Y como por vía de tutela a menudo la política carcelaria no la fija el Ministerio de Justicia sino los jueces que le ordenan ubicar o trasladar internos, la situación es francamente caótica. Con más de 80 sindicatos –con personal armado–, es casi imposible que un director pueda asumir el manejo total de la situación penitenciaria.
Buscando acertar, la vigilancia quedó a cargo del Inpec y la administración y construcción de cárceles pasaron a la Uspec, pero esta última ya ha protagonizado escándalos de corrupción manejados por políticos en la sombra.
A mediano plazo, y sobre una parte del problema, la solución sí parece ser la creación de una rama especializada de la Policía para la vigilancia, y la privatización de la administración carcelaria y construcción de cárceles. Pero esa medida pasa por la estabilidad en la cartera de Justicia, pues tal movilidad ha sido históricamente tan inconveniente y dramática que ojalá ese proceso no continúe en el actual gobierno.
Claro, las investigaciones deben hacerse pronto y en todos los niveles. Casi produce risa –o la sonrisa que quiso mejorar doña Aida con su odontólogo de confianza– que el mismo día de su fuga, la prensa daba cuenta del llamado a indagatoria a un antiguo oficial director del Inpec ¡por hechos de hace 20 años!
Cabe preguntar, así mismo, por qué no se ahondó en averiguar quién o quiénes estaban detrás del escandaloso aparato de corrupción electoral en la costa Atlántica, que, por lo demás, también se repite, y se puede estar repitiendo en otras regiones del país.
Noticias Uno reveló el fin de semana una declaración del cura Hoyos según la cual la hoy fugitiva Merlano le dejó una suerte de ‘testamento’ en el que señala a sus inspiradores, sostenedores y cómplices. Quizás esta vez el padre Hoyos sí cuente todo lo que sabe, y no como en el proceso 8.000, cuando dijo que los Rodríguez Orejuela le habían dejado ver la lista de todos los políticos que les hacían mandados, pero que no los podía revelar.
No puede hacer carrera la ‘tesis’ de Esteban Moreno en las grabaciones reveladas por Vicky Dávila de que si dice todo lo que sabe sobre financiación ilegal y tramposa de campañas, se caería el establecimiento. Pues que se caiga.
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