¿Congreso o juzgado?

¿Congreso o juzgado?

Parecería que su actividad ya no se rige por el reglamento, sino por el Código General del Proceso.

30 de abril 2019 , 07:00 p.m.

Pese a las múltiples y mal llamadas ‘reformas políticas’, los colombianos no hemos podido organizar un régimen serio de partidos políticos que canalicen la opinión y sirvan para la solución pacífica de los intereses y conflictos sociales.

Para usar un conocido término empleado por el expresidente Lleras Restrepo, en esta materia, la Constitución del 91 “descuadernó” el país, pues, con el pretexto de acabar el bipartidismo –como lo querían el M-19 y el movimiento Salvación Nacional, de Álvaro Gómez–, caímos en un marasmo ideológico en el que a falta de partidos tenemos siglas sin contenido, útiles solo en las distintas elecciones.

Supuestos partidos que han aparecido y desaparecido en los últimos veinticinco años son apenas ‘movimientos’ que no han resistido más allá de una elección. Bastaría con señalar que lo que ahora conocemos como Alianza Verde no tiene nada que ver con los partidos ecologistas en Europa y se trata simplemente de un paraguas a cuyo amparo escapan políticos curtidos en muchas de las agrupaciones partidistas tradicionales.

Dicho de otra manera, son simples ‘fábricas de avales’ para cada elección o que han vuelto importantes a jefes que, a pesar de llevar a sus organizaciones a la debacle, se aferran a quedarse para seguir mangoneando a su antojo por esa concesión de avales.
Es, sí, realmente curioso que aquí había verdaderos partidos políticos cuando no existía tanta reglamentación legal. De ser hechos sociológicos y políticos pasamos a las entelequias jurídicas, a menudo sin respaldo popular. La pelea es a muerte por quién maneja la sigla. Hasta 1957, en la Constitución ni siquiera se mencionaba a los partidos, pero existían como realidades políticas. Y con anterioridad al 91 no solo existían los partidos Liberal y Conservador, sino otros que tuvieron notable arraigo ciudadano como el Movimiento Revolucionario Liberal, de López Michelsen; la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, de Gaitán; el partido comunista, la Unión Patriótica; el Nuevo Liberalismo –cuya personería ojalá se recupere–, de Galán, y la Anapo, de Rojas, a quien, como se ha venido decantando históricamente, se le escamoteó el triunfo en 1970, lo que dio lugar al surgimiento del M-19.

A los congresistas, que no son jueces, solo debería regirlos el conflicto de intereses ya regulado en la Constitución

Y ahora, lo que nos faltaba. En el paraíso de las volteretas políticas de los últimos años se creó la realidad jurídica de la doble militancia. ¿Por cuántos partidos y agrupaciones no han pasado la mayoría de los actuales protagonistas de la política mediática?

Y el ‘procesalismo’ invadió la actividad del Congreso. Ahora, el parlamento parece un juzgado: con impedimentos, recusaciones y nulidades. Parecería que su actividad ya no se rige por el reglamento, sino por el Código General del Proceso. Allí debe hacerse política, no filibusterismo judicial. A los congresistas, que no son jueces, solo debería regirlos el conflicto de intereses ya regulado en la Constitución, para que se aleje de las discusiones quien tenga conflictos personales de ese tipo.

En la sesión del lunes 29 de abril, cuando se discutían las objeciones presidenciales, se tomaron más de seis horas para resolver impedimentos y recusaciones, lo que daba la sensación de ser más una sala judicial que una sesión parlamentaria. Por momentos, los televidentes creían estar asistiendo a una comedia en la que curtidos políticos querían fungir como jueces formales, escondiendo detrás de una aparente legalidad sus motivaciones políticas de fondo.

Cómo será el fenómeno de esa extraña fusión de lo judicial con lo político que ahora, la tutela la usan políticos para controvertir providencias de las más altas cortes que no les son favorables, y, ¡quién lo creyera!, también la utiliza una Cámara contra otra para atacar decisiones políticas ya tomadas. ¿Dónde iremos a parar?

Aldo Buenaventura Acevedo

La semana pasada, sus familiares y numerosos amigos despedimos a Aldo Buenaventura, gran señor que, venido de la provincia tolimense, se convirtió en obligada referencia de la sociedad bogotana. Jurista, notario, experto en Derecho Canónico a la par que reconocida autoridad de la tauromaquia, deja en el recuerdo colectivo la certeza de valores humanos de difícil equiparación.

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