¿Ley de garantías... para qué?

¿Ley de garantías... para qué?

No se necesita paralizar el Estado. Se requieren funcionarios políticos y administrativos decentes.

17 de noviembre 2020 , 09:25 p. m.

Durante las discusiones parlamentarias sobre el nuevo código electoral se ha armado una tempestad en un vaso de agua ante la propuesta –al parecer denegada– de derogar la ley de garantías (LG).

Como se sabe, ese estatuto fue necesario aprobarlo a las volandas cuando en el 2004 se adoptó –con métodos aún discutidos histórica y judicialmente– la reelección presidencial inmediata, en contra de la intención del Constituyente de 1991 en el sentido de prohibir la reelección de prácticamente todos los altos mandos del Estado, excepto la de congresistas.

En esencia, se busca que no puedan usarse los instrumentos del poder –básicamente puestos y contratos públicos– para influir en los resultados electorales. Por eso, un año antes de elecciones en unos casos, y seis meses en otros, se paraliza el Estado, ya que no puede haber ni movimientos burocráticos ni asignación de contratos, incluidos los de concesión.

En el fondo subyace la idea del fetichismo normativo, pues se cree que basta con prohibir algo en la ley para que automáticamente se produzcan los efectos buscados. En el plebiscito de 1957 (en realidad referendo), que diseñó las instituciones del Frente Nacional (FN) para acabar la violencia liberal-conservadora, por votación de más del 70 % del censo electoral de entonces, se establecieron unos cuantos principios jurídico-políticos que de haberse cumplido, sí hubiesen transformado la vida política del país.

En primer lugar, a los empleados públicos se les prohibió intervenir en las controversias partidistas, con pena de destitución en caso de comprobarse. De haberse acatado, ¿cuántos presidentes, ministros, gerentes, gobernadores o alcaldes no hubieran sido guillotinados burocráticamente? Los casos abundan.

En segundo lugar, se estableció la carrera administrativa para que, exceptuados los cargos puramente políticos, todo el aparato administrativo estatal se integrara por concurso de méritos sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza, aduciendo como explicación que durante esa violencia el botín burocrático era uno de los alicientes para buscar, adquirir o conservar el poder a toda costa, sin reparar en los métodos.

Con su visión de estadista, Alberto Lleras, primer presidente del FN, creó la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), de nivel universitario, para formar los cuadros administrativos del Estado, a semejanza de la ENA francesa.

Más aún: para estimular a los jóvenes que se formaran como servidores del Estado –no de los gobiernos–, durante los primeros años se los becaba automáticamente, mucho antes de conocerse el programa Ser Pilo Paga. La Esap es un excelente centro de formación, pero a sus egresados no se los ha vinculado de inmediato a esa carrera administrativa.

Solo uno de sus exalumnos llegó a director del Sena, pero con apoyos políticos. No se han escogido de allí ni los viceministros, ni los secretarios generales, ni los jefes de unidad ni los gerentes o directores administrativos. Una brillante idea, no ejecutada por el establecimiento político.

No solo la carrera administrativa sigue teniendo poca influencia en la integración del aparato administrativo –aún sometido a vaivenes políticos–, sino que se introdujo la perversa idea de los contratos de prestación de servicios, ‘ideales’ para la politiquería de siempre.

A las personas las contratan por meses y cada cierto tiempo las someten al calvario de buscar ‘padrino’ para que se los renueven. Más revolucionario sería integrarlos por carrera a la nómina, desapareciendo ese aliciente para la explotación política de las necesidades laborales de la gente. Mucho mejor que derogar la LG, que no asusta a nadie.

Igual ocurre en materia contractual. Tenemos demasiados ‘estatutos’ que no han impedido que la principal fuente de corrupción sea la contratación. Lo que ocurre con la LG es que la víspera de que comience a regir florece la feria de contratos, muchas veces innecesarios y origen de numerosos procesos penales y disciplinarios.

No se necesita, pues, paralizar el Estado. Pero sí se requieren funcionarios políticos y administrativos decentes. Y una justicia que, sin aspavientos y con resultados, haga cumplir las normas vigentes desde hace muchos años.

Alfonso Gómez Méndez

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