Acuerdos, seguridad y paz

Acuerdos, seguridad y paz

Fue desafortunado confundir proceso de paz con paz. La paz pública no solo se afectaba por las Farc.

27 de noviembre 2018 , 08:20 p.m.

Los dos años de la suscripción del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que puso fin a la confrontación armada con esa organización subversiva, sugieren varias reflexiones sobre sus orígenes, desarrollos y consecuencias.

Hay que partir de dos consideraciones, casi obvias: que fue mucho mejor acudir a la negociación política que continuar con un inútil enfrentamiento militar que para las mismas Farc era claro que no las llevaría a la toma del poder, como se los dijo el propio Fidel Castro, y que el Estado tampoco debía seguirse desgastando con una guerrilla a la que, no obstante todos los esfuerzos, había conseguido debilitar pero no derrotar.

El solo hecho de que se haya puesto fin a la toma de poblaciones, siempre con saldo de víctimas humildes; al secuestro o a la muerte y mutilación de muchos jóvenes soldados y policías; que ya no haya madres y viudas llorando a sus muertos, e incluso que tampoco existan muertes de jóvenes guerrilleros, casi siempre sin otras opciones, colombianos como los soldados y policías, y que se hayan dejado de sembrar minas antipersonales justifica la bondad del proceso.

La guerrilla, salvo contadas excepciones, como el ataque terrorista al club El Nogal en Bogotá, mantuvo el conflicto en pueblos y ciudades pequeñas o intermedias, por lo cual los grandes conglomerados urbanos se sentían al margen de la búsqueda de una solución.

En sentido estricto –a diferencia de otros conflictos en el mundo–, la población no se dividió entre partidarios y adversarios de las Farc, pues, excepto en las zonas de influencia, la guerrilla nunca tuvo aceptación popular, como se demostró siempre en las encuestas y se corroboró con los escasos 60.000 votos que sacó cuando, por primera vez y con el mismo nombre, se presentó a elecciones.

Ninguno de los procesos de paz anteriores –unos exitosos, como los del M-19, Quintín Lame, PTRT, y otros no tanto– fue sometido a refrendación popular. La mayoría de ellos se alcanzaron curiosamente con la utilización de las normas del estado de sitio para el manejo del orden público.

La Constitución de 1991 le confirió al Gobierno, transitoriamente, amplias facultades para celebrar acuerdos de paz –que no se concretaron–, incluida la de darles sin limitación curules por decreto. Por eso fue un error del gobierno Santos someter los acuerdos a un innecesario plebiscito que, a su vez, lo llevó a cometer otro, al desconocerlo y cambiar la voluntad popular por una resolución del Congreso que sigue siendo en buena parte fuente de tensiones políticas.

Ha sido equivocado también pretender que vía acuerdos podían resolverse los problemas crónicos de nuestro sistema, como el bloqueo político, la cuestión agraria, la ineficiencia administrativa y la no concreción, entre otros, de los derechos a la salud y la educación.

Fue así mismo desafortunado confundir proceso de paz con paz. La paz pública se afectaba no solo por la existencia de las Farc, sino por otros factores como la delincuencia común, la delincuencia organizada, empezando por el narcotráfico, la minería ilegal y otros agentes desestabilizadores. En materia de delincuencia, por ejemplo, solo el 5 por ciento estaba asociado al conflicto armado. El restante 95 por ciento, que afecta al ciudadano –hurtos, homicidio, violencia sexual, violencia intrafamiliar, corrupción a gran escala–, nada tiene que ver con las guerrillas. Casi que el establecimiento cayó en lo que López Michelsen le criticaba a la subversión armada de pretender hacer “la revolución por contrato”.

Sobra decir que son demasiadas las fallas en materia de lo que se llamó el ‘posconflicto’. Principalmente, el Estado falló en la no recuperación del territorio, no solo con acciones militares y de policía, sino de naturaleza social, económica y ambiental. El Estado no puede ser un espectador en las peleas entre bandas.

Y lamentablemente, hasta ahora, la JEP se ha limitado a dar una especie de ‘certificados’ para que procesados recuperen su libertad sin comprometerse con la verdad. ¿Por qué todos quieren ahora acogerse a ella?

Columnistas

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