‘1989’ de María Elvira Samper

‘1989’ de María Elvira Samper

Un elocuente análisis de lo que fue ese año como expresión de una década marcada por la violencia.

12 de marzo 2019 , 07:00 p.m.

A finales de los años 80 y comienzos de los 90, el Noticiero QAP revolucionó el periodismo televisivo mediante un sistema ágil, sencillo y moderno, con jóvenes periodistas profesionales como Inés María Zabaraín, María Elvira Arango y Vicky Dávila, entre otras, sin pertenencia política propiamente dicha. Sus directoras, María Isabel Rueda y María Elvira Samper, integraron la dupla de ‘las Marías’, buscadas por presidentes y dirigentes políticos, bien para perseguirlas por su independencia, o bien para cortejarlas –en términos políticos–, sin éxito.

En cierta forma, a María Isabel se le debe la carrera política de Antanas Mockus, pues haber publicado un ‘clandestino’ video en el cual aparecía el entonces rector de la U. Nacional bajándose los pantalones como protesta contra intolerantes estudiantes motivó su obligada salida del cargo y el inicio de su meteórica trayectoria pública, a la que ella contribuyó también incorporándolo como reportero del noticiero, de donde Mockus obtuvo legítimo provecho político. También inició como reportero al joven Armando Benedetti, después convertido en particular ejemplar de la clase política, sin el éxito del profesor.

Un libro que se convertirá en obra de obligada consulta para quienes se interesen por esa accidentada etapa de nuestra historia reciente.

El domingo pasado, en este diario volvieron a encontrarse, ya no como coequiperas sino como entrevistadora y entrevistada, a propósito del excelente libro 1989, que María Elvira Samper presenta hoy en el Gimnasio Moderno. Es un elocuente testimonio y análisis de lo que fue ese año como expresión de una década marcada por la violencia guerrillera, el narcotráfico y el paramilitarismo; un libro que se convertirá en obra de obligada consulta para quienes se interesen por esa accidentada etapa de nuestra historia reciente.

Es irónico que la extradición –causa de muchos de los asesinatos organizados para tumbarla– siga hoy en el primer lugar de la agenda pública. El tratado de extradición fue negociado por Virgilio Barco como embajador de Turbay en Estados Unidos, quien logró que el Congreso lo aprobara a través de la ley 22 de 1979, sin grandes debates. Fue cuando los narcos, conscientes de cuanto les venía ‘pierna arriba’ con el tratado, comenzaron su ofensiva asesina y terrorista para tumbarlo. No lo consiguieron inicialmente por la actitud enhiesta de la Corte Suprema de Justicia de entonces –la que el establecimiento dejó morir en el holocausto– y el valor de un gran presidente como Barco.

Después de tantos muertos, se pasó de la confrontación con Barco a la negociación durante la administración de su sucesor, que terminó en la eliminación de la extradición en la Constituyente.

Una cruel pirueta del destino hizo que la hija del presidente que firmó el tratado muriera en un extraño episodio, cuando Escobar pedía que le modificaran más normas de la política de ‘sometimiento’. Muerta Diana Turbay, el Estado le hizo la concesión al capo.

Como queda claro en las páginas de 1989, el narcoterrorismo estuvo de la mano del auge del paramilitarismo, que contó con el beneplácito cómplice de algunos sectores de la sociedad y miembros descarriados del Ejército y la Policía.

Barco tuvo que crear como delito la conformación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte y para combatirlos, un ‘cuerpo especial armado’ bajo el mando del director de la Policía, general Gómez Padilla, casi a escondidas de algunas guarniciones militares de entonces. El episodio Klein –personaje cuya extradición, pedida por la Fiscalía, se frustró por imprudentes declaraciones de un vicepresidente– es uno de los que deberían aclararse en la JEP sobre cómo se permitió que en un batallón se dieran cursos de terrorismo y manejo de explosivos como entrenamiento de asesinos, macabra alianza que en una u otra forma determinó el exterminio de la UP y el asesinato de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro (1990).

Todos estos hechos, presentes en 1989, deben servir de fuente a historiadores, a jóvenes políticos a quienes no les caería mal esta lección, a gobernantes y aspirantes a serlo, y hasta a los magistrados de la JEP.

Sal de la rutina

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