Los ineficientes subsidios

Los ineficientes subsidios

El camino es uno solo: la eliminación de los subsidios ineficientes que no incentivan la equidad.

15 de octubre 2019 , 07:00 p.m.

Nada es tan permanente como una iniciativa temporal del Gobierno. Al menos era lo que Milton Friedman solía decir cuando recordaba el impuesto en Inglaterra para luchar contra Napoleón que terminó extendiéndose por muchos años. Y ni hablar de nuestro 2 por 1.000 creado en 1998 con una vigencia temporal.

Lo mismo ocurre con los subsidios. Son difíciles de desmontar, se vuelven eternos y no generan equidad. Intentan igualar las condiciones de algunos actores con menor nivel productivo y no entregan oportunidades de desarrollo. Tienen buena intención, pero con un nefasto resultado para la sociedad y la economía de los países.

Muchos están mal focalizados, continuamente desviados y por eso terminan beneficiando a quienes no los necesitan. El sistema de estratificación actual no es eficaz, y el Sisbén necesita una actualización para hacer un mejor uso de los $ 87,5 billones que anualmente se gastan en el sistema de subsidios (el 10,3 por ciento del PIB y el 68,5 por ciento del gasto social total).

De ahí que en Colombia no aporten a la reducción de la desigualdad (medida con el coeficiente Gini) a diferencia de países como Suecia, Francia y Estados Unidos. Si los subsidios inútiles para los menos favorecidos son malos, para los más ricos son desastrosos. Eso ocurre en varios países donde se vende gasolina y diésel a precios artificialmente bajos, con cargo a las finanzas de la nación (a los contribuyentes, al fin y al cabo).

En Ecuador, los precios de la gasolina y el diésel llevan más de medio siglo siendo subsidiados hasta en un 85 por ciento

Estos subsidios son ineficientes, populistas, dañinos y especialmente regresivos. Benefician a las poblaciones con mayores recursos (en Colombia, por ejemplo, los hogares de más altos ingresos representan el 73 por ciento de los 2,7 millones de familias que tienen al menos un carro) y van en contra de la lucha contra el cambio climático, pues hacen más lenta la transición hacia fuentes de cero y bajas emisiones.

En Ecuador, los precios de la gasolina y el diésel llevan más de medio siglo siendo subsidiados hasta en un 85 por ciento, llegando a ocupar el deshonroso quinto puesto entre los países que más subsidian sus energéticos como porcentaje del PIB. Por esta razón, el Banco Interamericano de Desarrollo sugirió desmontar estas ayudas, crear programas para proteger a la población más vulnerable por este cambio e invertir esos recursos en educación, salud o infraestructura.

Al parecer, así lo intentó hacer el gobierno de Lenín Moreno, pero causó protestas de varios sectores que se niegan a perder los beneficios. Lo mismo ocurrió recientemente en Francia, con el movimiento de los ‘chalecos amarillos’; también Nigeria, Jordania, Camerún, Haití, Sudán, Túnez y otros más fracasaron en el intento.

Incluso en Colombia, el uso de la fórmula que tiene el Gobierno Nacional para fijar los precios de los combustibles ha ocasionado marchas, bloqueos y protestas de quienes, con un discurso populista, buscan menores precios y se oponen a que los recursos del Estado se destinen a proyectos sociales con impactos reales.

El camino es uno solo: la eliminación de los subsidios ineficientes que no incentivan la equidad (entendida como proporcionalidad) y mucho menos un equilibrio ambiental, como es el caso de la subvención a la gasolina y el diésel en los países que aún la mantienen. Aunque esto podría ocasionar impactos en el corto plazo, que deberán ser compensados en un justo periodo de tiempo, a largo plazo los beneficios serán notables.

En Latinoamérica lo anterior no solo aplica para el caso de los combustibles, la situación en temas de salud, pensiones y programas sociales es similar.

La ayuda a la población más vulnerable debe llegar materializada en la creación de oportunidades, no en regalos artificiales. Es la mejor forma de enfocar recursos para generar verdadera equidad y progreso.

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