A la postre, conforme estaba previsto, acabó convocándose el plebiscito en apoyo al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como acto de fe en el extenso y denso tratado suscrito por las partes tras su minuciosa elaboración. Quizá no haya en la historia de las naciones y de sus conflictos documentos de su género más prolijos y detallados en la formulación de sus diversos aspectos. Por su misma naturaleza y extensión, cabe estar preparados para la expresión de matices discrepantes en aspectos muy concretos por los mismos que anuncien su disposición de consignar en las urnas el sí al interrogante oficialmente formulado.
Personalmente, debo confesar que el interrogante histórico de Gil Robles sobre por qué no fue posible la paz en medio de los escarceos de la devastadora Guerra Civil española y de su tiranía de 40 años, venía atormentándome la conciencia en medio de las agitadas discusiones de la palpitante e inquietante actualidad colombiana. No imaginé, por supuesto, que el requisito viniera a ser un documento tan extenso y casuístico como el concertado con las Farc en La Habana, ni que para darle validez fuera a ser indispensable recurrir a la figura balsámica y consagratoria del plebiscito, en cuyo proceso estamos. Así ha sido y a la cruda realidad hemos de atenernos. Con la decisión predeterminada de dar el sí reglamentario, pasando por encima de accidentales y parciales discrepancias.
¿Entre quienes se discutió y convino el Acuerdo básico, con visos de tratado internacional? Entre delegados idóneos del legítimo gobierno de Juan Manuel Santos, en uso de sus atribuciones constitucionales, y la aparentemente poderosa guerrilla de las Farc, con larga historia en la vida colombiana. Tales, hoy por hoy, los protagonistas. ¿Hasta dónde habrá de durarles su condición paritaria en las negociaciones de La Habana, en las que parecieron compartir el poder? La respuesta previsible despejará muchas dudas y desalentará ilusiones apresuradas sobre la duración de la etapa negociadora. La convocación del plebiscito dice bien quién tiene y sigue teniendo la sartén constitucional por el mango, pese a las innúmeras instituciones nuevas y requisitos que apenas se diseñan.
El vicepresidente Germán Vargas Lleras dio ejemplo de probidad mental al formular observaciones específicas a la reorganización de la Justicia y a su funcionamiento, él que fue ministro del ramo, sin perjuicio del anuncio de su predeterminación por el sí en la consulta plebiscitaria. Del mismo modo, muchos conciudadanos nos vamos a reservar el derecho de disentir sobre cuestiones de detalle, una vez logremos digerir el texto completo del tratado sustantivo. En parte, nos correspondió aplicar las normas básicas del realizado en 1957 y sabemos de sus dificultades prácticas. Por entonces, los protagonistas fueron los partidos históricos y esta misma circunstancia facilitaba la aplicación de las normas de emergencia.
En la presente ocasión, se plantea un pacto político nacional. Encabezado por el Gobierno y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc-EP a la actividad política legal, con los partidos y movimientos políticos, los gremios y las fuerzas vivas de la nación, en una palabra con todo el mundo. Para que nunca más se utilicen armas en la política, ni se promuevan organizaciones nuevas como el paramilitarismo que irrumpan en las vidas de los colombianos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad.
Al efecto, se establecerá una Comisión de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos o que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
Abdón Espinosa Valderrama
