El proyecto de reforma tributaria estructural ha sido al fin presentado al Congreso para su discusión y trámite por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tras largo estudio con la comisión de expertos ad hoc, tanto como por funcionarios especializados del seno del Gobierno.
Aunque muchos siglos e interpretaciones hayan transcurrido, no deja de venir a la cabeza la definición de Jean-Baptiste Colbert, quien afirmaba, en la época de Luis XIV, que el arte de la tributación consistía en “desplumar al ganso, en forma de obtener el mayor número de plumas con el mínimo de graznidos”. Muchos fenómenos y modalidades políticas han transcurrido desde entonces con designios de diversa índole, pero la exacción fiscal sigue existiendo, aunque con variados e ineludibles objetivos y circunstancias de orden económico y social.
Cuandoquiera se trata de elevar los gravámenes fiscales, el primer requisito es el de que se imponga rigurosa austeridad en los gastos presupuestarios. Nada que tenga sabor de derroche en las erogaciones públicas. Los gobiernos pueden cambiar de color y matiz, pero esta norma para todos rige. Incluso es precondición de los empréstitos internacionales. A nadie halaga el despilfarro de dineros ajenos, tanto más si están encuadrados en programas externos con fines específicos de desarrollo o de atención a una rama determinada de la actividad pública.
Esta vez había, además, la prioridad de desmontar y simplificar el catastrófico andamiaje impositivo del año pasado, que tan lesivo para la inversión en bienes públicos resultara, con la nociva consecuencia de desalentar el ingreso de capital extranjero. Recuérdese que al alza del impuesto sobre la renta se le colgaron, el año pasado, onerosas arandelas con diverso nombre, tanto para las personas naturales como para las jurídicas.
No era propiamente el cambio de las cosas cambiándoles los nombres, pero sí del establecimiento sinuoso de recargos y, para mayor irrisión, de distinguirlos con nombre propio, como si de cosa diferente se tratara. En el caso de las sociedades, sobretasas llamadas Cree o impuesto a la riqueza y en el de personas naturales Iman e Imas, que, conforme a la versión oficial, se truecan en gravamen a los dividendos, sin que este los sustituya del todo y sin perjuicio del impuesto a la riqueza que también se les aplica Las sociedades llegaron a tributar hasta el 72 por ciento de su renta, lo cual clarifica a todas luces el retraimiento de la inversión extranjera.
La mayor polvareda la han promovido, ahora, la imposición de cárcel para grandes evasores y el incremento de la tarifa del IVA a 19 por ciento, considerados indispensables para soportar y absorber la pesada carga del déficit de las finanzas públicas, por encima de los 20 billones de pesos. En buena parte, debido al desplome del precio del petróleo, como también al retardo en el ajuste de los gastos, en correspondencia con el descenso radical de las rentas públicas.
No se introduce una reforma de esta índole y dimensión si no se contempla o se sufre desequilibrio de ingresos y egresos no susceptible de corregirse sino con medidas excepcionales como las que en la presente ocasión se proponen al Congreso, para ver de manejar, asimismo, los retos del posconflicto. Lo que sí debe criticarse es la mora en suspender los recargos tributarios, técnicamente injustificables, establecidos el año pasado para afrontar las anomalías y estrecheces de esa época.
Drásticas medidas como la cárcel para grandes evasores fueron eludidas por gobiernos anteriores, habida cuenta de la alteración persistente del orden público. No otro fue el motivo para prescindir de publicar la lista de los grandes contribuyentes, considerando el riesgo de secuestro o chantaje a que habrían quedado expuestos. En la actualidad, el país confía en que las comisiones respectivas de ambas cámaras darán trámite prioritario a este ambicioso proyecto y lo ilustrarán con sus propias luces y criterios.
Abdón Espinosa Valderrama
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