Tras haber recibido el miércoles a una delegación venezolana, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, declaró este jueves que había concluido su evaluación con respecto a uno de los exámenes preliminares en curso, el llamado Venezuela I –sobre los presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos– y que determinaba que existía una base razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI, el principal órgano judicial de Naciones Unidas.
“Al respecto, la Fiscalía solicitó información sobre los procesos internos relevantes en Venezuela y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma", dijo Bensouda, según un hilo de mensajes divulgado en la cuenta de Twitter de la CPI.
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Con respecto al segundo examen preliminar en curso, Venezuela II –a solicitud del régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad que se cometen como consecuencia de la aplicación de “medidas coercitivas ilícitas” adoptadas “unilaterlamente” por el gobierno de los Estados Unidos– Buensouda informó que había actualizado a la delegación venezolana sobre el estado de la evaluación, destinada a determinar si existe una base razonable para creer que la presunta conducta se encuentra dentro de la jurisdicción de la CPI.
El primero de los exámenes preliminares sobre Venezuela inició en febrero de 2018 y el segundo en febrero de 2020. Según confirmó este jueves la fiscal de la CPI, ambos permanecen en examen preliminar, “con miras a tomar una decisión, una vez concluida, si se abre una investigación”.
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Al respecto, la Fiscalía solicitó información sobre los procesos internos relevantes en Venezuela y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma
En representación del régimen venezolano, participaron en este encuentro que se llevó a cabo en La Haya, Países Bajos, el fiscal de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.
Saab confirmó el encuentro a través de Twitter, donde dijo que su oficina colaborará con la Fiscalía de la CPI para aportar información “suficiente” sobre la actuación de la justicia venezolana.
“En la reunión con la CPI reafirmamos la potestad soberana del Estado venezolano para sancionar en base a lo establecido en nuestra Constitución los delitos contra los Derechos Humanos, trámites que constarán en la información que próximamente entregaremos a dicha instancia”, trinó Saab.
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Desde la oposición, se rechazó que la CPI recibiera a quienes, aseguran, han sido “cómplices” de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Tarek Wiliam Saab y Alfredo Ruiz han encubierto los delitos de Nicolás Maduro, se han prestado para la persecución y el asesinato de miles de venezolanos”, trinó Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 países.
Aunque apoyó que Bensouda dijera que el órgano tiene competencia sobre los crímenes cometidos en Venezuela, demandó mayor celeridad.
“Esperamos que la visita de estos personeros de la dictadura no retrase el proceso ni obstaculice la justicia que esperan los venezolanos”, agregó Borges
Esto es trascendental, es la primera vez que (la fiscal) lo dice (que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la CPI)
Según el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, esta declaración implica que se va a avanzar en el examen preliminar del primer caso, Venezuela I, y que se pasaría a la tercera fase, en la que se examina si los responsables de la comisión de los crímenes han sido llevados a la justicia y declarados responsables.
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Al respecto, Daniels aclaró que, una vez que se declare que existen crímenes de lesa humanidad, no bastará para la CPI que se juzgue a funcionarios de bajo nivel o a los autores materiales de los hechos, sino que también deben llevarse a la justicia y hacerse responsables a quienes toman las decisiones.
“Por más que el fiscal (Saab) vaya a presentar algunos cientos de casos de funcionarios de bajo nivel, no puede presentar un solo caso de los responsables de esas políticas. (…) Ni siquiera hay un funcionario de mediano nivel investigado”, aseguró Daniels.
A juicio de este especialista, la Fiscalía de la CPI debería entonces hacer “rápidamente” la evaluación para pasar a la cuarta y última fase del examen preliminar, en la que corresponde examinar si es del interés de la justicia que el caso venezolano se lleve ante la Corte.
“No solamente es el interés de la justicia por la gravedad de los crímenes, sino que además se siguen cometiendo”, agregó el abogado venezolano.
ANDREÌNA ITRIAGO
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS
