La cifra de muertos de la tragedia de Güiria ha ido creciendo conforme pasan los días.
Para la tarde del jueves, el régimen de Nicolás Maduro reportaba 28 víctimas mortales del más reciente naufragio en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
Aunque los primeros 11 cuerpos fueron hallados en costas venezolanas al final de la tarde del 12 de diciembre, de acuerdo con la versión del comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, la embarcación Mis Recuerdos habría partido el 6 de diciembre desde Güiria, una ciudad del estado Sucre, en el este de Venezuela, rumbo a Trinidad y Tobago.
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“Habría estado en aguas trinitarias. No se le permitió el acceso a la isla del Caribe, tuvo que darse la vuelta para regresar a Venezuela y en el camino lamentablemente naufragó”, aseguró Smolansky a EL TIEMPO.
Esta versión, aunque respaldada por otros, como el diputado Carlos Valero, activistas de derechos humanos, organizaciones y familiares de las víctimas, fue desmentida por el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien aseguró que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago nunca vio ni interactuó con el grupo de venezolanos, el cual se estima estaba compuesto por 40 personas.
Los hallazgos preliminares de la investigación que adelanta el régimen venezolano, y que se conocieron extraoficialmente a través de la cadena Telesur, apuntarían en ese mismo sentido: la embarcación habría naufragado a la hora y media de tránsito hacia Trinidad y Tobago, a donde nunca habría llegado.
El 22 de noviembre, sin embargo, trascendió que 27 venezolanos, entre ellos 16 niños, fueron deportados por el Gobierno de la isla tras arribar en una precaria embarcación.
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Luego de pasar 48 horas desaparecidos en altamar, regresaron al país caribeño gracias a una orden de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago. “De lo contrario, quizás esos niños hubiesen terminado como estas 22 personas (cifra de muertes del naufragio de Mis Recuerdos que se manejaba para el mediodía del jueves)”, dijo Smolansky.
Poco después de este incidente, el 30 de noviembre, fueron deportados otros 161 venezolanos de Trinidad y Tobago. La cuenta de Smolansky suma más de 226 deportaciones en las dos últimas semanas, en presunta coordinación entre ambos gobiernos.
Rowley y las autoridades del régimen venezolano también han coincidido en señalar como responsables de lo acaecido con Mis Recuerdos a personas que presuntamente lideran redes de tráfico de personas entre los dos países.
“Antes esta ruta se hacía por ferry, pero, al dejar de trabajar este, la ruta ha sido tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de migrantes e incluso a la trata de personas”, dijo el fiscal del régimen, Tarek William Saab, quien reconoció que dichas mafias habían permeado a las autoridades locales.
Tanto las actividades ilegales como la complicidad de funcionarios venezolanos venían siendo denunciadas desde antes por Smolansky, Valero y otros que han estudiado la situación de la frontera Caribe.
“Eso no significa que la responsabilidad no sea de las autoridades (venezolanas), que tienen que velar para que eso (‘zarpes ilegales’) no ocurra, primero, y, segundo, eso tampoco implica que el Gobierno de Trinidad y Tobago, para aleccionar, asuma como política que los peñeros (barcos pesqueros) que lleguen los van a retornar en las mismas condiciones. Ocurren cosas como estas que vimos. Es un mar muy complicado, muy fuerte, muy picado”, dijo Valero en conversación con este diario.
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Antes esta ruta se hacía por ferry, pero, al dejar de trabajar este, la ruta ha sido tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de migrantes e incluso a la trata de personas
A su juicio, dichas “mafias” son, además, consecuencia de la profunda crisis económica y humanitaria en la que el régimen de Maduro ha sumido a Venezuela.
Y es esa misma situación la que ha llevado a los venezolanos de estas zonas a lanzarse al mar en condiciones precarias.
Los estados Sucre y Delta Amacuro son de los más pobres de Venezuela, con 67 y 70 por ciento de pobreza extrema, respectivamente, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la academia venezolana.
“Ningún venezolano se está yendo a Trinidad y Tobago porque quiere. Ninguna madre va a ir con su hijo en los brazos arriesgando su vida en una embarcación de pesca porque quiere. Lo hacen porque hay hambre, enfermedad, persecución; no hay servicios básicos, porque son víctimas de delitos de lesa humanidad. Y Trinidad y Tobago, lamentablemente, lo que hace es darle la espalda a esta población vulnerable porque privilegia la relación política con la dictadura antes que tener un principio humanitario de atención a estas víctimas”, lamentó Smolansky.
El diputado Valero condena que las autoridades del régimen venezolano no reconozcan la que asegura es la responsabilidad del Gobierno de Trinidad y Tobago en devoluciones que tilda de forzadas.
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Familiares de víctimas del naufragio a la espera de noticias de las autoridades en Güiria.
Yuri Cortez. AFP
De acuerdo con Smolansky, los “zarpes ilegales” hacia el país caribeño ocurren a diario. Poco después de que partiera Mis Recuerdos, el 14 de diciembre zarpó otra embarcación de la que no hay información. De acuerdo con un recuento de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para Investigar las Embarcaciones Desaparecidas en el Oriente de Venezuela, sus 22 pasajeros podrían estar detenidos en Trinidad.
Dicha comisión, encabezada por el diputado Valero, lleva la cuenta de al menos 134 venezolanos desaparecidos en siete episodios acaecidos desde abril de 2019, cuando naufragó otra embarcación, y dejó un saldo de 26 fallecidos, según cifras proporcionadas por el fiscal Saab.
Para Smolansky es necesario un cambio “drástico” en la política de Trinidad y Tobago hacia los venezolanos: “Tiene que hacer mucho: otorgar protección a venezolanos, tienen que cesar las detenciones, las deportaciones; tienen que permitirles renovar la documentación a quienes ya la tenían y evidentemente tiene que haber políticas de prevención en contra de la discriminación y xenofobia y el ataque contra mujeres (venezolanas)”.
El primer ministro Rowley, sin embargo, argumentó esta semana que no reciben ayuda de ninguna agencia “para cuidar de estos inmigrantes”. El Gobierno de Trinidad y Tobago habla de 16.000 venezolanos en su territorio, pero Smolansky, Valero y otros manejan una cifra extraoficial de 40.000.
“Independientemente de los asuntos políticos o económicos en Venezuela, o en cualquier otro territorio, todas las personas que interactúan con Trinidad y Tobago deben hacerlo bajo el entendimiento de que todos lo hacemos en estricto cumplimiento de las leyes”, insistió, al remarcar que el visado era la única forma de entrar al país.
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“Lo que hace el Gobierno de Trinidad y Tobago cuando lanza al mar a los venezolanos que retornan en esas embarcaciones es como si en Colombia o Brasil, cuando llegan los venezolanos atravesando las trochas, les cayeran a tiros a los pies (…). Es algo que está reñido completamente con los acuerdos internacionales, con el respeto a los DD. HH. y con la dignidad mínima que debe tener desde un Estado cualquier gobernante”, acotó Valero.
ANDREÍNA ITRIAGO
Corresponsal de EL TIEMPO
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