Tras los hechos de la noche del martes, se presumía que la de este miércoles sería también difícil, pero sorprendió que los enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencias de las Farc duraran alrededor de una hora teniendo como escenario el río que divide al estado venezolano de Apure del departamento colombiano de Arauca.
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En la mañana de este jueves, luego de que el régimen de Nicolás Maduro asegurara –en un comunicado divulgado la noche anterior– que los guerrilleros estaban “vencidos” y huyendo hacia Colombia, en la entidad venezolana se hablaba de un supuesto acuerdo entre el grupo de las disidencias de las Farc y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los hechos posteriores, sin embargo, demostraron que el conflicto persistía.
Alrededor del mediodía de este jueves, una fuerte explosión sorprendió a los habitantes del sector El Ripial. Tres tanquetas de la FANB transitaron por un campo minado y accionaron uno de los artefactos.
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En su comunicado de la noche de este miércoles, Venezuela condenó, precisamente, que los guerrilleros se valieran de “métodos terroristas”, e informó que solicitaría el apoyo especializado de Naciones Unidas para el desmantelamiento de las minas antipersona.
De acuerdo con la información que manejan distintas oenegés, la activación de estos artefactos se habrían cobrado las vidas de los dos militares venezolanos que fallecieron el domingo, aunque el régimen no lo reconozca aún.
Este jueves se hizo una nueva denuncia de detención arbitraria a un docente de la zona de La Victoria
A la nueva explosión de este jueves, siguieron otras detonaciones, tanto en El Ripial, como en Tres Esquinas, dos sectores aledaños a La Victoria, el punto donde inició el conflicto, el pasado domingo. Al menos hasta las 3:00 pm, el enfrentamiento continuaba, según confirmó a este diario el coordinador en Apure de la ONG venezolana Fundaredes, Juan Francisco García.
Este jueves se hizo una nueva denuncia de detención arbitraria a un docente de la zona de La Victoria, a quien sacaron de la casa de sus suegros.
En el primer día de los enfrentamientos, resultaron detenidas unas 30 personas por los efectivos venezolanos. Así lo dio a conocer el Ministerio de Defensa venezolano luego de los hechos.
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Desde Fundaredes, sin embargo, se advirtió entonces que se trataba de detenciones arbitrarias de campesinos. De hecho, en un comunicado emitido el martes, los guerrilleros aseguraron que los detenidos eran parte de la población civil, a que las FANB supuestamente habría exigido pagos para su liberación.
La información que maneja García, de Fundaredes, es que esas primeras detenciones fueron “bastante violentas” pero que posteriormente algunos fueron liberados. Hoy, y en medio de un desplazamiento forzado hacia Colombia, que ya supera las 3.200 personas, se suman nuevos nombres de personas detenidas, que nada tendrían que ver con el conflicto.
Además, los habitantes de la zona del conflicto han denunciado el robo de sus pertenencias por parte de los militares venezolanos, en el marco de allanamientos a sus viviendas.
La Asociación Campesina de Arauca (ACA), que en su sede alberga a unos 50 campesinos venezolanos que han huido del conflicto, condenó en un comunicado emitido el martes el que catalogó como un comportamiento inapropiado del Ejército venezolano hacia las familias colombo-venezolanas que habitan en la zona del conflicto.
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“Atropellos, desplazamiento de sus hogares, bombardeos a sus viviendas, falsos positivos, saqueos a las viviendas, vulneraciones graves a sus derechos son faltas alarmantes que dejan en evidencia la grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario”, se lee en el documento.
Los guerrilleros estarían promoviendo, a través de notas de voz que ponen a circular entre los habitantes de esta zona, que estos documenten los “atropellos” a los que estarían siendo sometidos por parte de los efectivos venezolanos, y a que soliciten la intervención de Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Venezolanos residentes del municipio José Antonio Páez, en el estado de Apure, llegaron hasta Arauquita (Colombia).
DANIEL FERNANDO MARTÍNEZ /AFP
En un comunicado que emitió este jueves la Asamblea Nacional de mayoría oficialista –electa en los cuestionados comicios parlamentarios del año pasado–, se pretende vincular el episodio en curso con el lanzamiento, por parte del presidente colombiano Iván Duque, del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), hecho acaecido hace un mes.
El Parlamento chavista exhortó al Ministerio para las Relaciones Exteriores del régimen a impulsar las “acciones internacionales necesarias para ejercer en pro de la soberanía territorial” y a denunciar ante instancias de Derechos Humanos las agresiones de las que asegura es objeto Venezuela.
Distintos actores del oficialismo han dicho que se trata de un ataque orquestado por Colombia, en colaboración con Estados Unidos, y acusan al gobierno de lo que precisamente se acusa al régimen venezolano, que es de proteger a estos grupos.
ANDREINA ITRIAGO
Corresponsal de EL TIEMPO
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