Luego de que un nuevo naufragio registrado entre Venezuela y Trinidad y Tobago dejara al menos 20 migrantes muertos, entre ellos tres niños y un número indeterminado de desaparecidos, las autoridades venezolanas no descartaron que el hecho estuviera relacionado con la actuación de las bandas delictivas que operan en la zona.

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Las autoridades denunciaron que dichas bandas presuntamente tienen vínculos con las mafias del extremismo venezolano, aunque no detallaron cuál es esa relación.

"Todos los cuerpos de seguridad se encuentran en la tarea investigativa sobre estos acontecimientos, por lo que no descartamos que haya vinculación con las bandas delictuales de la zona", señalaron las autoridades venezolanas en un comunicado.

Sin embargo, ante esta situación, Julio César Daly, codirector del Barómetro de Xenofobia, señaló en declaraciones a EL TIEMPO: "El principal responsable de esta tragedia es la Armada y las fuerzas de seguridad de Venezuela".

"Ellos son los que deben garantizar la seguridad en las costas y que se cumplan los protocolos de seguridad para poder embarcar. Desde el inicio de la crisis migratoria ha habido un aumento en la demanda por servicios de transporte hacia Trinidad y Tobago. Esa demanda ha sido cooptada y comercializada por bandas criminales que operan en conjunto a la fuerza pública. Estás bandas han proliferado desde el colapso de la economía y se dedican al tráfico de personas, armas, fauna y bienes", indicó.

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Si bien la misiva informó que hallaron en total 14 cadáveres en la costa venezolana, a siete millas náuticas (casi 13 kilómetros) de Güiria, una localidad remota en el extremo del estado de Sucre, desde donde normalmente salen embarcaciones con venezolanos que intentan emigrar a Trinidad, este domingo, haciendo seguimiento al naufragio, encontraron otros tres cuerpos en la playa.

La Guardia Costera de Trinidad indicó que la información preliminar sugería que el bote zarpó "el 6 de diciembre con más de 20 personas" a bordo, según un comunicado. El diputado opositor Robert Alcalá, que representa al estado de Sucre, dijo, basado en una minuta policial a la que tuvo acceso, que los cadáveres estaban amarrados entre sí, al parecer porque las personas trataron de protegerse en medio del fuerte oleaje, y en avanzado estado de descomposición.

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En un principio, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, dijo que se trataba de 19 cuerpos, de los cuales 11 ya estaban identificados. Siete adultos y cuatro menores de edad.

Smolansky detalló que desde el 22 de noviembre ocurren irregularidades en la frontera marítima entre Trinidad y Tobago con Venezuela, luego de que 16 niños fueran deportados, además de  160 venezolanos más y que ahora se intensifica con los, por ahora, 14 reportados ahogados en el naufragio.

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Hasta el momento, los cuerpos fueron trasladados a un muelle de la Guardia Nacional en Güiria y de allí a una morgue en la capital del estado, Cumaná, para su identificación.

Entre Güiria y Trinidad, un centenar de personas han desaparecido solo entre 2018 y 2019. Alcalá denuncia la existencia de mafias de trata de personas que operan entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

El parlamentario opositor Robert Alcalá argumenta que los viajes ilegales hacia Trinidad no se han detenido por complicidad de autoridades que permiten las salidas clandestinas, muchas veces en precarias embarcaciones y con sobrepeso.

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Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó "sentidas condolencias a los familiares de las víctimas", al tiempo que ratificó "la necesidad de profundizar la lucha contra las mafias de trata de personas que promueven la ilegalidad".

En sus declaraciones, el parlamentario Alcalá indicó, además, que el bote "presuntamente estuvo detenido en Trinidad y lo regresaron a Venezuela", como parte de las medidas migratorias que ha venido aplicando ese país ante la llegada de venezolanos que huyen de la crisis.

Pero rápidamente la Guardia Costera de Trinidad y Tobago descartó ese extremo, señalando que no había "interceptado ningún barco procedente de Güiria el 6 de diciembre, ni en ningún otro momento posterior".

Según Daly, el Gobierno de Trinidad y Tobago "ha optado por tomar una postura contra los migrantes y abiertamente xenófoba".

"La postura del Gobierno influye en la visión de los ciudadanos y el discurso xenófobo se ha venido intensificando. No es la primera vez que devuelven embarcaciones sin ninguna condición de seguridad. Esto es una violación del Derecho Internacional y del estatuto del refugiado. Es una isla que no está acostumbrada ni preparada para un flujo migratorio como el venezolano. Pero tiene la responsabilidad de pedir ayuda a Acnur y a la comunidad internacional", afirmó.

La ONU estima que más de cinco millones de venezolanos salieron desde 2015 forzados por la aguda crisis, unos 25.000 eligieron como destino a Trinidad y Tobago. El país insular, de 1,3 millones de habitantes, señala que facilitó el registro a 16.000 venezolanos.

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Frente a este panorama, Daly insiste en que el oficialismo venezolano "no ha reconocido la gravedad de la crisis y prácticamente deja a su propia suerte a miles de familias".

"La comunidad internacional debe actuar para velar por la garantía de los derechos de estos migrantes. La migración no va a parar en el futuro próximo. A menos que haya coordinación para atender la situación de las personas en esa frontera, esta situación podrá repetirse", puntualizó Julio César Daly.

Redacción Internacional*
Con información de AFP y El Nacional (GDA)

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