El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, exiliado desde octubre en España, denunció estar siendo perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro después de que la corte suprema de su país haya solicitado su extradición.
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"Ante la persecución de la dictadura de Maduro, ahora reflejada en una solicitud ilegal de extradición, una vez más me pongo a disposición de la justicia", tuiteó.
Carismático exalcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitación a la violencia en las protestas contra el gobierno en 2014. La pena fue conmutada por arresto domiciliario, del que escapó en 2019 para participar en un fallido alzamiento contra el presidente Maduro.
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Ante la persecución de la dictadura de Maduro, ahora reflejada en una solicitud ilegal de extradición, una vez más me pongo a disposición de la justicia; en esta oportunidad de un país con instituciones democráticas, separación de poderes y justicia, en la cual confío plenamente. pic.twitter.com/jMg7hDRhFJ
— Leopoldo López (@leopoldolopez) May 12, 2021
Se refugió después en la casa del embajador español en Caracas hasta que a finales del pasado octubre huyó a Madrid. El martes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano solicitó su extradición para "el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano, la cual es de ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas", señaló en un comunicado.
En su cuenta de Twitter, López publicó un escrito presentado a la Audiencia Nacional, la corte encargada de los procesos de extradición en España, poniéndose a disposición del tribunal y pidiendo que no tomen "medidas de carácter preprocesal o policial" contra él.
"El dictador y sus cómplices pueden estar convencidos que sus maniobras no podrán ni conmigo, ni con la lucha que estamos dando por Venezuela y por los venezolanos", indicó el opositor, que vive en Madrid con su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos.
En España, una extradición debe ser aprobada en primera instancia por la Audiencia Nacional y después ser ratificada por el gobierno, ahora dirigido por el socialista Pedro Sánchez, que tiene la última palabra.
AFP
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