La presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro vuelve a la palestra justo un día antes de iniciarse el diálogo en México entre el chavismo y la oposición. Desde hace semanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) había hecho lo propio al pedir celeridad en el proceso de investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI). Luego de un silencio largo, la fiscalía de este organismo confirmó la inacción de la justicia venezolana al condenar los crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía lo que hizo fue dar a conocer un documento con fecha del 21 de junio de 2021 y expuesto por la exfiscal Fatou Bensouda.
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Que se conozca el contenido es una muestra de “que la CPI es independiente” y que el caso de Venezuela “no es manejable por ninguna negociación”, dice Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz y Temas de la Transición de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó.
El documento señala que “es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción”.
No obstante, con esta publicación aún no ha sido oficializada esta decisión. “Por ello el nuevo fiscal Karim Khan decidió continuar su revisión para él mismo tomar su decisión”.
Las declaraciones de la CPI se conocen antes del inicio de los diálogos en México.
agencia
A pesar que aún falta el pronunciamiento de Khan, para la oposición venezolana es un avance este tipo de anuncios. “La Fiscalía recalca lo que hemos venido denunciando desde hace años: la falta de independencia del sistema de justicia venezolano”, publicó en Twitter Julio Borges, representante de Juan Guaidó.
Tulio Álvarez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, ha sido enfático en explicar que todo lo que ocurra con la Corte y Venezuela es parte también de la presión internacional y podría influir en la negociación de México. “Acelerar un proceso en la CPI podría frenar la negociación. Todo depende del interés por acorralar a Maduro”.
Hace una semana, debido a la presión internacional, se había generado un nuevo enfrentamiento entre la OEA y el régimen de Venezuela. Este último rechazó la exigencia del panel de expertos de ese organismo a la CPI para que acelere el proceso de investigación sobre crímenes de lesa humanidad, generando una nueva tensión fuera de sus fronteras con una instancia que mantiene su apoyo al opositor Guaidó y que ha sido principal denunciante de los delitos cometidos contra la población venezolana.
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Para el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, no había razones para que el panel realizara esta petición, que, de concretarse, abriría la puerta al juicio y condena de los funcionarios venezolanos, por lo que a Caracas le interesa cualquier retardo en La Haya.
En la comunicación rechazada por el régimen se “considera que corresponde anunciar el comienzo de la investigación” porque de lo contrario se “permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos”.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.
EFE
"A la OEA, bajo la conducción de su actual sicario general, le sobran expertos en golpes de Estado, invasiones, injerencia, promoción del conflicto, sumisión a Washington y corrupción multilateral”, dijo Arreaza a través de Twitter.
Las denuncias contra el Estado venezolano ante la CPI son de vieja data. Basados en el Estatuto de Roma, los defensores de derechos humanos han consignado pruebas de la ejecución de crímenes de lesa humanidad desde el año 2014, cuando se registraron las primeras protestas en contra de Nicolás Maduro.
'Venezuela I' es el caso que va adelantado en este organismo y que se enmarca en los hechos ocurridos en 2017, en los que se contabilizaron más de 100 muertes durante las protestas en contra del Gobierno, pero “Bensouda tardó muchísimo en tomar la decisión de la apertura definitiva de la investigación”, le dijo a EL TIEMPO Delsa Solórzano.
Solórzano recordó que la fiscal Fatou Bensouda anunció que había elementos suficientes que evidenciaban que en el caso Venezuela se habían cometido crímenes que son competencia de la Corte, que van desde el asesinato hasta las torturas y tratos crueles, pero no hubo acción.
El 15 de junio, la funcionaria dejó su cargo como fiscal de la CPI. Se esperaba que antes de ese día anunciara si se abría o no la investigación contra el Estado venezolano. Su reemplazo, el británico Karim Khan, tampoco lo ha hecho. Para el panel de la OEA, un retraso solo se traduce en daños a los venezolanos.
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Fatou Bensouda, exfiscal de la CPI que llevó el caso de Venezuela.
EFE
En este último aspecto de la petición del panel coinciden las víctimas: “Nos sumamos a la petición hecha por la OEA. Como víctimas indirectas hemos pasado todas las vicisitudes en la búsqueda de la justicia en Venezuela”, dijo José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, estudiante asesinado en las protestas de 2017 por la Guardia Nacional Bolivariana y cuyo caso reposa en ese expediente 'Venezuela I'.
La madre del joven, Elvira Pernalete, cree que mientras más tarden en iniciar la investigación, más lejos están de ver castigados a los responsables.
“Dicen que los delitos no prescriben, pero nosotros, los padres, sí. Nos preguntamos si vamos a ver justicia”. Lamenta que hay familiares que han fallecido sin ver resueltos los casos.
Los expertos de la OEA insisten en que ya en 2018 había un “fundamento razonable” para considerar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, que incluyen asesinatos, encarcelación y torturas, y que viendo todo el desarrollo del proceso consideran que “corresponde anunciar el comienzo de la investigación”.
Para los defensores de derechos humanos, este retraso hace que el Estado gane tiempo y utilice prácticas dilatorias para evitar cualquier decisión. Por ejemplo, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha dicho que han entregado 10 documentos a la CPI, sin tener intercambios favorables. Una de las últimas solicitudes recibió respuesta de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que rechazó "in limine” el pedido de control judicial solicitado por Venezuela.
“No pueden tácticas como estas seguir retrasando porque se pone en riesgo la vida y la libertad de las personas”, recuerda Solórzano, quien además ha acompañado a la mayoría de las víctimas en los procesos de denuncia.
La situación no es tan simple, sobre todo si se tienen en cuenta otros procesos como el caso de Nigeria o Guinea, donde los períodos de investigación pasan de los 10 años. Colombia ha sido uno de los principales impulsores de la causa ante la CPI, al igual que Canadá, pero esto no es suficiente, explica el profesor Álvarez. “La cuestión tiene que ver con el asunto ideológico. Bensouda aceleró la investigación contra Estados Unidos sobre el tema Afganistán, pero no sobre Venezuela”.
En La Haya no solo reposa 'Venezuela I', que está en fase de examen preliminar, sino que también está el caso 'Venezuela II'. Este último es impulsado por el Gobierno alegando el daño que hacen las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En manos del fiscal Karim Khan queda iniciar o no la fase de investigación. El simple anuncio tendría no solo un impacto directo en la necesidad de justicia, sino en la resolución del conflicto político que mantienen oposición y oficialismo .
“La petición del panel nos alienta a seguir levantando la voz por todos los jóvenes asesinados. Cualquier retraso da pie a que los familiares perdamos la esperanza en estos organismos internacionales”, reitera el padre de Juan Pablo Pernalete.
ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS