Al borde del ‘default’ (cesación de pagos), el gobierno de Venezuela enfrenta desde este lunes nuevas sanciones de la Unión Europea, que le impuso un embargo de armas por quebrantar la democracia.
Una comisión presidencial y tenedores de deuda externa del país celebraron en Caracas el primer encuentro para la renegociación de la deuda que busca el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
El encuentro transcurrió en la más absoluta opacidad y sin que las autoridades venezolanas hayan ofrecido mayor información.
Fuentes cercanas a los tenedores de bonos informaron de la corta duración del encuentro, en el que el Gobierno no presentó propuestas para el cambio de condiciones de pago.
Según dijo Maduro el domingo, 441 acreedores nacionales, de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo –el 91 por ciento de los tenedores de deuda venezolana– habían confirmado su asistencia a la reunión, hecho que se contradice con la prohibición del presidente Donald Trump para que cualquier entidad de EE. UU. (que representa el 70 por ciento de obligaciones) haga operaciones con títulos venezolanos.
Maduro anunció su intención de refinanciar o reestructurar todos los bonos y demás deuda externa de Venezuela y de su petrolera estatal PDVSA después de abonar cerca de 2.000 millones de dólares, monto de los dos pagos más grandes que este final de año había de efectuar PDVSA.
El anuncio de Maduro y los retrasos con que llegaron parte de estas liquidaciones provocó fuertes rumores, no disipados por completo, sobre una posible suspensión de pagos del país.
Maduro prometió el domingo que Venezuela no caería en ‘default’. Según el Parlamento, Venezuela tiene una deuda cercana a los 150.000 millones de dólares, lo que genera un pago anual de 10.000 millones de dólares, “sin incluir lo que se paga a China y Rusia” por varios convenios.
Este lunes, en Nueva York, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (Isda), que reúne a tenedores de bonos, postergó para este martes la reunión que evaluará las consecuencias del retraso en el pago. La entidad dijo que “recibió información suplementaria el lunes y cotejó esa información con cuestiones existentes sobre si ha ocurrido un cese de pagos con relación a PDVSA, que está aún en consideración”.
Caracas dijo que realizó los pagos, aunque esa información no ha sido confirmada. Así, una decisión contraria del Isda activaría los Credit Default Swaps (CDS), que funcionan como seguros de los tenedores de bonos.
Este lunes, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron sanciones económicas contra Venezuela, que incluyen un embargo de armas, culpando a las elecciones regionales del mes pasado de profundizar la crisis.
Los gobiernos de la UE, preocupados por no presionar aún más a Caracas hacia el colapso económico y político, se abstuvieron de señalar a individuos concretos, dejando los nombres para una etapa posterior.
“Todo lo que hacemos tiene como objetivo buscar el diálogo entre el Gobierno y la oposición para encontrar una solución democrática y pacífica”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
La embajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley, dijo que Venezuela es cada vez más un “narco-Estado violento” y una amenaza para la región y para el mundo. En una reunión informal del Consejo de Seguridad sobre la crisis venezolana, Haley criticó que miembros del Consejo no participaran en el encuentro por la “presión” de Caracas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió que la comunidad internacional actúe contra el Gobierno venezolano y aseguró que ningún país “puede ignorar lo que sucede en Venezuela” ni ser “complaciente con la violación sistemática de los derechos humanos” por parte del Ejecutivo.
EFE-Reuters
