Muerte de concejal, ‘un crimen político’ que pone presión sobre Maduro

Muerte de concejal, ‘un crimen político’ que pone presión sobre Maduro

Supuesto suicidio de Fernando Albán es considerado un hito en la represión contra presos políticos.

Fernando Albán

Cientos de personas asisten al entierro del concejal venezolano fallecido Fernando Albán

Foto:

EFE

Por: Valentina Lares Martiz
13 de octubre 2018 , 06:27 p.m.

Lorent Saleh, liberado este viernes, vivió los últimos cuatro años encarcelado en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín). Su crimen: ser el líder de un grupo estudiantil opositor del chavismo, acusado por el régimen de terrorismo.

Saleh fue extraditado desde Colombia y encarcelado en Caracas. Su audiencia de presentación a tribunales fue diferida 53 veces. Según su madre, Saleh había intentado suicidarse en un par de ocasiones luego de haber sido torturado.

Su liberación, el viernes pasado, es vista como una jugada política inesperada con la que el Gobierno venezolano trata de desviar las protestas de la oposición por la confusa muerte del concejal Fernando Albán, quien, según la Fiscalía, se habría suicidado. Una versión que la comunidad internacional ha puesto en duda.

Albán había aterrizado en Venezuela el 5 de octubre tras un viaje a Nueva York, donde visitó a su esposa e hijos y participó en reuniones junto con miembros de su partido –Primero Justicia– denunciando la crisis de su país en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Caracas asegura que había una orden de aprehensión en su contra, lo que arroja la primera duda: ¿cómo pudo alguien con orden de aprehensión salir del país? La segunda es que nadie sabe qué tribunal ordenó su detención.

El viernes quedó en manos de la Policía, y nadie supo de él hasta el domingo pasado. Estuvo más de 24 horas desaparecido, sin ser presentado ante tribunales, tal como manda la legislación venezolana.

Ese domingo tuvo una breve conversación con su abogado, y el lunes cayó del décimo piso del edificio de Sebín en la plaza Venezuela, en cuyos sótanos –conocidos como La Tumba– están encerrados otros presos políticos como el exministro de defensa, Raúl Baduel, a quien su familia no ha visto en ya casi tres meses.

Por su parte, en la sede de El Helicoide está detenido el diputado Juan Requesens, de quien solo se han tenido unas pocas noticias en más de 60 días de arresto. Su familia y abogados no han podido verlo.

Esos patrones de tratos crueles y degradantes al detenido (desaparición por horas, impedimento de reunión con abogados y retraso en la presentación a tribunales) y las tres versiones que, en menos de 48 horas, ofreció el Gobierno venezolano sobre lo ocurrido, convirtieron la muerte de Albán no solo en una inmensa duda. También, en un hito de represión a la disidencia por parte de la “revolución bolivariana”.

“Lo que ocurre en Venezuela es atroz. No es que de repente mataron al concejal Fernando Albán. Este es el segundo concejal que muere bajo custodia del Sebín. Murió Franklin Brito, un piloto opositor (estando preso sufrió un accidente cerebrovascular y no recibió atención), pero, sin duda, este es uno de los crímenes políticos que más han conmovido al país.

Marcará un antes y un después, ahora sabemos que en esto se nos puede ir la vida”, dijo a EL TIEMPO la diputada Delsa Solórzano desde Nueva York, adonde fue a pedir a la ONU el envío de una misión que investigue la muerte de Albán.

Colombianos deportados

En 2015, Venezuela deportó a unos 2.000 colombianos radicados en la frontera, en ese país.

Foto:

Luis Acosta / AFP -Archivo

Por las circunstancias del hecho y las erráticas explicaciones del Gobierno, la muerte del concejal volcó al mundo a la exigencia de una investigación “exhaustiva e imparcial”.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo de Lima y la Unión Europea son parte de este clamor de una investigación que, según 65 ONG venezolanas, solo puede realizar una organización internacional.

“En Venezuela no existe ninguna garantía para la realización transparente de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos”, dice el documento emitido este viernes, que también pide a ONU presionar al régimen para que la Cruz Roja Internacional pueda verificar las condiciones de salud y reclusión de los más de 260 presos políticos que hay en el país.La organización Acceso a la Justicia contabiliza además 138 casos de desaparición forzada desde que Maduro asumió la presidencia, en abril de 2013.

Para el politólogo Carlos Romero, la muerte del concejal también ha profundizado en la comunidad internacional la percepción de que el Gobierno venezolano pasó del abuso de los derechos políticos de sus ciudadanos a la violación flagrante de sus derechos humanos, algo que venía asimilando a partir de la migración masiva por la escasez y el hambre.

Pero el refuerzo de percepciones y presiones puede no servir de mucho, pues en derecho internacional es necesario que Venezuela otorgue permiso para que se realice alguna investigación en su territorio.

Romero explica que la única forma de imponer alguna misión de este tipo es si un país eleva el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el régimen de Maduro cuenta con dos aliados de peso, Rusia y China, que podrían vetar cualquier resolución que vaya en su contra.

“Que el Consejo de Seguridad haga algo es una posibilidad remota, pero es necesario que se activen todos los mecanismos de presión”, remata el profesor.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

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