“Agarra todas las que puedas que quién sabe cuándo volverán a traer”, le dijo afanada una señora a su hija, que llegó con dos paquetes de galletas de soda a la larga fila en un pequeño mercado de La Boyera, en Caracas.
Eso fue el sábado en la mañana cuando decenas de miles de personas se volcaron a comprar comida, tras la decisión del régimen venezolano de obligar a las principales cadenas de mercados y supermercados a bajar los precios tal como estaban el pasado 15 de diciembre.
Este mercado, pequeño, no fue obligado a bajar los precios, pero la lógica del consumidor sacó la conclusión más elemental: ante la rebaja forzada de precios no solo desaparecerán los productos en los mercados castigados, sino en todos los demás, pues la escasez se agudizará en cuestión de horas.
Este domingo los mercados de la capital venezolana quedaron prácticamente vacíos.
Apenas había algunas botellas de agua o de vinagre olvidadas en los anaqueles, junto con un paquete de galletas italianas, impagables para el venezolano común y su ínfimo salario mínimo –apenas 5 dólares si se compara con el precio del dólar paralelo–, el más bajo de América Latina.
A diferencia del sábado, cuando un operativo de rebaja forzada abarcó varios establecimientos, el domingo la presencia de compradores era menor.
La medida –dirigida a 26 cadenas de mercados y 214 establecimientos– fue anunciada el viernes en la noche por el director de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, quien señaló que su despacho “detectó” remarcaje de precios “sin ninguna justificación”, “lo estaban haciendo con productos que ya tenían en inventario”, no con productos nuevos.
Según el gobierno, se trató de una medida de protección al consumidor, pero que en el corto plazo podría afectar la mermada producción y distribución nacional de alimentos.
En las últimas dos semanas, en por lo menos nueve regiones del país, hubo fuertes protestas contra el gobierno en demanda de alimentos, sobre todo por el incumplimiento oficial de entregar las cajas Clap, que proveen de un abastecimiento elemental de alimentos de primera necesidad como arroz, azúcar, aceite, harina para arepas y leche.
Para la época decembrina, el régimen del presidente Nicolás Maduro prometió que estas cajas vendrían con perniles de cerdo, pero no cumplió su palabra y denunció haber sido “saboteado” por empresas de Portugal y Colombia, algo que generó gran malestar entre la población dependiente de la asistencia oficial.
El viernes en la noche se presentaron saqueos en el estado Bolívar, en el poblado de Caicara del Orinoco y en los puertos de Altagracia, en el estado Zulia. “Desde hace días se generaron en el país protestas de comida, de gasolina y saqueos. Pareciera que se va a producir un proceso de convulsión social”, advirtió este domingo monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. “Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) no solucionan; crean hábitos de mendicidad”, añadió.
La decisión de obligar a rebajar los precios fue evaluada por analistas y expertos como una forma “controlada” del gobierno de desahogar esa molestia.
Otros advierten que el régimen busca fomentar con esta medida la dependencia de los ciudadanos sobre la distribución oficial de alimentos –a través de las cajas Clap o el “carnet de la patria”– y reforzar el control sobre la población.
La urgencia ya fue advertida por las directivas de Fedecámaras y Consecomercio, que dicen que la rebaja de precios hará que el desabastecimiento aumente.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas (Venezuela)
