Con la más reciente calificación de la agencia de riesgo Standard & Poors, Venezuela entró en 'default parcial' tras el impago de 200 millones de dólares en sus bonos globales, lo que amenaza con desencadenar el incumplimiento de su abultada deuda externa.
La agencia calificadora, la primera en declarar el 'default parcial' de Venezuela, dijo actuar luego de que se cumplieran 30 días de gracia para pagar el cupón de bonos 2019 y 2024. "Hemos bajado dos calificaciones a 'D' (default) y bajamos la calificación de la deuda soberana en moneda extranjera a largo plazo a 'SD' (default parcial)", indicó S&P. Lo más grave de todo, es que esto ocurre en momentos en que el gobierno de ese país intenta refinanciar la deuda externa de unos 150.000 millones de dólares.
Pero en realidad, ¿qué es y qué consecuencias tiene para la crisis del país venezolano entrar en 'default parcial'? A continuación una breve explicación para entender el difícil panorama económico que atraviesa el régimen de Nicolás Maduro.
Un país es considerado en cesación de pagos o 'default' cuando incumple total o parcialmente con sus acreedores. Estos pueden ser locales o extranjeros, e incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el caso de Venezuela, lo que está en juego son créditos de inversores privados. Caracas debía pagar este lunes 200 millones de dólares de rendimientos de dos bonos con vencimiento en 2019 y 2024.
El pasado viernes tenía que cancelar otros 81 millones de un papel de su petrolera PDVSA. Mientras, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, evalúa si hubo un cese de pagos de un bono de PDVSA por 1.161 millones de dólares (capital e intereses), para así activar el pago de seguros.
En lo que queda de 2017, Venezuela tiene otros vencimientos por unos 1.470 millones de dólares, y el año entrante deberá pagar unos 8.000 millones de dólares. Actualmente sus reservas son de 9.681 millones de dólares. Los 'default' no son inusuales: desde 1999 hubo 26 en todo el mundo, según S&P Global Ratings, y algunos países enfrentaron esa situación más de una vez.
Hay diversas formas de declarar o constatar un 'default'. El gobierno puede anunciar que no honrará sus pagos y automáticamente incurre en cesación de pagos. El
'default' puede ser también declarado por una agencia calificadora, como Moody's, Fitch o S&P, que comunica públicamente que el país concernido no pagó y, en consecuencia, lo considera en cesación de pagos.
Ver también: Unión Europea impone sanciones a Venezuela y un embargo de armas.
Una tercera posibilidad es que un acreedor privado anuncie que Venezuela no le pagó. Y otra opción es que lo anuncie un organismo como el ISDA, con sede en Estados Unidos, que en los hechos es como un vigía de las deudas soberanas.
Para un país en 'default', la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra es a tasas astronómicas. En el caso de Caracas, además, el gobierno de Estados Unidos prohibió en agosto transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y de PDVSA.
Los acreedores, a su vez, pueden eventualmente embargar activos en el exterior. Para Venezuela, lo más importante es la compañía Citgo, con sede en Estados Unidos, que refina y comercializa gasolina en ese país.
Entre los principales acreedores de Venezuela están China y Rusia, pero también inversores, la mayoría de Estados Unidos, seducidos por los elevados rendimientos prometidos por Caracas dado lo mal considerada que está su deuda.
En el plano judicial, un país en 'default' queda expuesto a eventuales represalias de países en los que residen los acreedores. Además, el país queda etiquetado como "mal pagador", lo cual complica y encarece la obtención de fondos frescos. El FMI podría eventualmente promover un rescate, pero esa posibilidad no está siendo considerada por Caracas. Venezuela aún integra el FMI, pero cortó sus relaciones con el organismo hace 10 años.
Cuando un país cae en 'default' puede refinanciar o reestructurar su deuda para modificar las condiciones del crédito que no puede afrontar. Normalmente, la refinanciación implica un acuerdo entre las partes para, entre otras cosas, modificar plazos o establecer periodos de gracia. En una reestructuración, el deudor, en cambio, impone obligatoriamente las nuevas condiciones al acreedor.
El gobierno venezolano se reunió este lunes en Caracas con acreedores, a quienes sin embargo no ofreció aún un plan concreto de renegociación. Caracas ya pactó un acuerdo con Rusia por 3.000 millones de dólares y asegura que hay avances con China, a la que adeuda unos 28.000 millones.
El presidente Nicolás Maduro había convocado a los acreedores tras anunciar su voluntad de reestructurar su deuda exterior, estimada en 150.000 millones de dólares, ya que apenas dispone de 9.700 millones de reservas y debe desembolsar al menos 1.470 millones antes de final de año, y otros 8.000 millones en 2018.
Según participantes en la reunión en Caracas, que el gobierno venezolano calificó de "rotundo éxito", el ejecutivo desea establecer grupos de trabajo para evaluar las propuestas de renegociaciación de la deuda a corto y medio plazo. "Las cuentas no cuadran. Los tenedores de bonos tienen razones para estar alarmados", afirmó el economista venezolano Orlando Ochoa. "Venezuela está paradójicamente al borde del precipicio financiero, a pesar de contar con los recursos para hacer un cambio de orientación económica petrolera, lo cual le permitiría organizar un plan de recuperación", explicó.
"Una reestructuración nunca es sencilla. Pero con las sanciones impuestas por los estadounidenses, aún lo es menos", advierte un especialista del mercado de la deuda bajo condición de anonimato. A finales de agosto, Washington prohibió a sus bancos y sus ciudadanos comprar nuevas obligaciones o negociar acuerdos con el gobierno venezolano.
Venezuela está paradójicamente al borde del precipicio financiero, a pesar de contar con los recursos para hacer un cambio de orientación económica petrolera
Rusia y Venezuela deben firmar este miércoles un acuerdo para reestructurar 3.000 millones de dólares en deuda que Caracas contrajo con Moscú.
Rusia y China son los dos principales acreedores y aliados de Venezuela, a quien les debe respectivamente 8.000 y 28.000 millones de dólares. En octubre, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, había declarado a la agencia Interfax que el acuerdo preveía separar los pagos en dos etapas, con un primero "de un pequeño monto" con "condiciones bastante favorables", para que Venezuela pueda "transferir la mayor parte" de la deuda en una segunda etapa. Pero, en total, la deuda de Venezuela con
Rusia es más importante, contando los 6.000 millones de dólares que debe la compañía petrolera PDVSA al grupo ruso semipúblico Rosneft.
De estos, 2.500 millones fueron saldados entre mayo de 2016 y abril de 2017 en forma de avance por contratos de entregas de petróleo y carburantes previstos hasta 2019. Algunos expertos interpretan estos pagos como un apoyo financiero encubierto a Caracas.
Sin embargo, ante la falta de liquidez, la imposibilidad de emitir nueva deuda, refinanciar o reestructurar obligaciones con o a través de entidades financieras de Estados Unidos o que tengan relación con ese país y unos precios del petróleo que no se disparan como lo quiere el Gobierno de Venezuela, estos dos aliados que han suministrado la liquidez necesaria por años, parecen estar perdiendo la paciencia.
Critican la falta de propuestas del Gobierno de Nicolás Maduro a los tenedores de bonos del Estado para acometer la refinanciación de la deuda externa que el país caribeño necesita para evitar consumar una suspensión de pagos. En una rueda de prensa en el Parlamento, el diputado opositor Rafael Guzmán calificó de "fiasco" el encuentro con los bonistas, al que, según dijo, "no asistieron ni siquiera el 20 por ciento" de los acreedores del Estado venezolano y "donde no se les dio alternativa" ni "se les presentó un plan de refinanciamiento".
*CON INFORMACIÓN DE AFP