El anuncio, este lunes, del presidente Juan Manuel Santos de que la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz “está bajo protección” del Gobierno colombiano, y de que “se le concederá asilo si así lo solicita”, promete hacer más tirantes las relaciones entre Bogotá y Caracas, que ya de por sí atraviesan momentos difíciles por la negativa de la Casa de Nariño de reconocer legitimidad a la Asamblea Constituyente (ANC) del vecino país.
El presidente Santos lo expresó en un único y contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter tres días después de que la polémica funcionaria chavista arribó al país tras una cinematográfica huida que la llevó de la península de Paraguaná, al norte de su país, en lancha rápida hacia Aruba, isla caribeña desde donde tomó un vuelo privado que la trajo a Bogotá.
“La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del Gobierno colombiano. Si pide asilo, se lo otorgaremos”, reza el tuit.
El hermetismo sobre la situación jurídica y el futuro de Ortega Díaz fue total durante las primeras horas, pero el tuit de Santos dio pistas sobre la posición del Gobierno colombiano, que en varios foros ha expresado su oposición a lo que está sucediendo en Venezuela.
Horas después, el Gobierno venezolano reaccionó con virulencia a través de la cuenta de Twitter del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien llamó a Colombia “Caín de América”: “Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela. Vergüenza histórica del ‘Caín de América’ ”, señaló Arreaza en la red social.
El diplomático tildó de “cínica” la decisión del gobierno de Santos de proteger a Ortega y añadió que de este modo Bogotá “protege la corrupción y el delito en Venezuela”.
“¿Qué puede esperarse de un gobierno que cobija en su seno oligárquico al jefe del golpe de Estado del 2002 contra el Comandante (Hugo) Chávez?”, cuestionó el canciller.
Se refiere al empresario Pedro Carmona, exiliado en Colombia tras el golpe de Estado que sacó del poder por algunas horas al presidente Hugo Chávez en el 2002.
La situación de la fiscal chavista era insostenible en Venezuela. Desde que se empezó a distanciar del gobierno de Maduro por la brutal represión a las marchas y la intención, luego reversada, del Tribunal Supremo de Justicia de usurpar las competencias del Legislativo se inició una dura persecución por parte del oficialismo, que no solo comenzó una campaña de ataques y descalificaciones, sino que aseguró que la fiscal padecía de “insania mental”, por lo que debía renunciar.
Con su oposición a la elección e instalación de una Asamblea Constituyente por considerar que marcaba un quiebre del hilo constitucional, las críticas subieron de nivel, hasta el punto de que denunció amenazas a su familia y allanamientos de propiedades de su círculo más próximo.
La exfiscal avanzaba en una investigación sobre los nexos del presidente Maduro y sus allegados con el escándalo de Odebrecht.
Miguel Gutiérrez / EFE
Su suerte estaba echada y anunciada desde antes por funcionarios de todo calibre de la administración de Maduro: el pasado 5 de agosto, una de las primeras decisiones de la ANC plenipotenciaria ya en funciones fue destituirla por “faltas graves”.
A lo que se sumó que el jueves fue levantada la inmunidad parlamentaria de su esposo, Germán Ferrer, quien es acusado de liderar un supuesto cartel de extorsión que exigía dinero a acusados de delitos para que el Ministerio Público a cargo de su esposa no los procesara. Ya la ANC había ordenado su captura.
Desde entonces, cada vez son más inverosímiles las acusaciones en contra de la exfiscal: desde haber ejercido desde su cargo ‘supremacía blanca’ por “perseguir a los jóvenes pobres, negros, mestizos”, según los dichos de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, o su responsabilidad en la muerte de las 125 personas caídas en las protestas.
Pero quizás lo que precipitó todo fueron sus denuncias sobre la implicación directa de Maduro y sus allegados en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Ya en Caracas había anticipado que ella y su equipo habían hecho hallazgos sobre a los bolsillos de quién fue a parar el dinero de la firma brasileña Odebrecht, pues según las confesiones del expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, Venezuela fue el segundo país, detrás de Brasil, que más dinero recibió por concepto de sobornos.
El viernes, a través de un audio que hizo llegar a la cumbre de fiscales en Puebla, México, Ortega dijo tener detalles, montos y personas que se enriquecieron de dicha trama.
Haya de la Torre
Tras una revuelta militar en Perú, en 1948, el líder del Apra Víctor Raúl Haya de la Torre pidió asilo en Colombia. El caso fue llevado a la CIJ.
Alan García
El expresidente peruano llegó a Colombia en 1992 en condición de asilado tras denunciar persecución política por el gobierno de Fujimori.
Pedro Carmona
En el 2002, el empresario que el 12 de abril y durante 28 horas asumió la presidencia de Venezuela llegó a Colombia como asilado.
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