¿Qué futuro tiene acción contra Maduro en Corte Penal Internacional?

¿Qué futuro tiene acción contra Maduro en Corte Penal Internacional?

Cinco países latinoamericanos quieren que se indague violación de los Derechos Humanos en Venezuela.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien varios gobiernos quieren acusar ante la Corte Penal Internacional.

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Efe

Por: LUCÍA GUALDRÓN
25 de septiembre 2018 , 01:08 p.m.

Colombia, Argentina, Perú, Chile y Paraguay firmarán este miércoles una carta ante la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar que se abra una investigación en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad, una medida que, según analistas, puede servir como mecanismo de presión, pero que no tiene efecto a corto o mediano plazo.

Según la internacionalista Sandra Borda, después de que la solicitud de los cinco países latinoamericanos sea recibida, “lo que prosigue es que la fiscal (de la CPI, Fatou Bensouda) haga la respectiva investigación y decida abrir un caso o no”.

La profesora e investigadora de ciencia política de la Universidad de los Andes señaló además que “lo que tendrían que probar es que efectivamente no hay disponibilidad ni independencia del sistema judicial para llevar a cabo esta investigación. Si logran comprobar eso y si la fiscal decide que es meritorio, el caso eventualmente se abriría”.

Por su parte, la abogada internacionalista Heidi Abuchaibe afirmó que una investigación preliminar “puede durar uno o varios años, porque lo que se indaga es una situación o un hecho en concreto, y luego se determina a quién se va a investigar”. Las dos analistas estiman que si bien esta puede ser una forma de ejercer presión internacional al gobierno de Maduro, los resultados no serían idóneos ni tendrían un efecto directo sobre la crisis.

“Para las expectativas que tiene la población venezolana de una solución a corto plazo, el mecanismo de la CPI no sería uno idóneo para solucionar la crisis que se está generando en Venezuela, sino que tiene que ser de carácter más político y diplomático. Así se haga una apertura preliminar de la investigación no tiene un efecto directo”, puntualizó Abuchaibe.

“Abrir el caso puede presionar al gobierno venezolano para que se cese la violación a los derechos que tiene lugar en ese país. Pero si eso no sucede, lo que procedería es adelantar un juicio en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Sin embargo, en caso de que se encuentre culpable, la Corte no tiene muchas herramientas para encarcelarlo y hacerle pagar por los delitos que haya cometido. Ese es el gran problema”, enfatizó Borda.

El mecanismo de la CPI no
sería uno idóneo para
solucionar la crisis que
se está generando en Venezuela

La unidad es la clave

Lo clave de esta iniciativa, añadió la docente,  es que varios países se unieron para demostrar que hay unidad a nivel regional y que se busca una solución pacífica y diplomática a la crisis que vive Venezuela.

“Cualquier presión internacional que está enmarcada en el derecho internacional es útil para para efectos de cambiar el comportamiento del régimen venezolano. Por la misma razón, si ellos logran presionar al gobierno venezolano en favor del mayor respeto de sus ciudadanos, puede ser eventualmente el inicio de un camino hacia un proceso de transición que lleva a la democratización y al final de la crisis de Venezuela”, puntualizó Borda.

La misiva que presentarán los cinco países latinoamericanos ante la CPI irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales entre abril y julio de 2017.

El otro documento es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Desde el 8 de febrero de este año se abrió un examen preliminar en la Fiscalía de la CPI por los delitos presuntamente cometidos por la “excesiva fuerza” de la Policía durante las protestas de la oposición desde abril de 2017, como reacción a que el Tribunal Supremo dejara sin competencias a la Asamblea Nacional, constituida mayoritariamente por opositores.

A propósito de la solicitud que será hecha ante la CPI, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo este lunes que esta es una estrategia para agredir al presidente Maduro.

LUCÍA GUALDRÓN 
Redacción internacional
*Con EFE

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