La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega partió este martes hacia Brasil desde Colombia, adonde había llegado el pasado viernes tras denunciar una "persecución política" del gobierno de Nicolás Maduro.
Desde Caracas, el mandatario anunció que solicitará la captura internacional de la exfuncionaria y su esposo, el diputado Germán Ferrer, a quienes acusa de corrupción. "Venezuela va a solicitar ante la Interpol un código rojo a estas personas involucradas en delitos graves", señaló Maduro en una conferencia de prensa.
El gobernante lanzó la advertencia en momentos en que Ortega viajaba rumbo a Brasil, tras realizar su "correspondiente trámite de emigración ante las autoridades colombianas", señaló la oficina encargada en un escueto comunicado.
Ortega y Ferrer habían huido de Venezuela y llegado sorpresivamente a Bogotá la tarde del viernes.
Este lunes el presidente Juan Manuel Santos, que no ha descartado romper relaciones con Maduro en medio de la severa crisis venezolana, afirmó que la exfiscal estaba "bajo protección del gobierno de Colombia" y le ofreció asilo.
Ortega fue destituida el 5 de agosto por la Asamblea Constituyente que se instaló en Venezuela con el apoyo de Maduro, y que desconocen Estados Unidos y varios gobiernos de la región por considerarla un paso hacia la dictadura.
Migración Colombia no confirmó de inmediato si la exfuncionaria salió en compañía de su pareja ni el motivo de su viaje.
El hermetismo del gobierno de Santos y de la exfiscal venezolana, que no se ha pronunciado desde su llegada a Bogotá, ha alimentado las especulaciones de la prensa sobre un supuesto asilo en Estados Unidos. Entretanto, la cadena O Globo de Brasil señala que Ortega participará en un encuentro de fiscales del Mercosur previsto el miércoles en Brasilia.
Ortega, una chavista de 59 años que rompió con el gobierno de Maduro, burló la prohibición de salir de Venezuela que le impuso el máximo tribunal dentro de una investigación que le sigue por supuestamente mentir en el ejercicio de sus funciones.
Su esposo enfrenta una orden de arresto bajo cargos de liderar una red que extorsionaba a empresarios corruptos desde la Fiscalía, tras lo cual la Constituyente lo despojó de su fuero parlamentario. Según Ortega, las acusaciones que enfrenta son parte de una "persecución política".
El ofrecimiento de asilo de Santos desató la ira de las autoridades venezolanas. "Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela. Vergüenza histórica del 'Caín de América'", señaló el canciller Jorge Arreaza en Twitter.
El ministro tildó de "cínica" la decisión del gobierno colombiano de proteger a Ortega, y añadió que de este modo Bogotá "protege la corrupción y el delito en Venezuela".
Ortega se rebeló contra Maduro a finales de marzo, cuando denunció una "ruptura constitucional" en Venezuela a raíz de decisiones judiciales contra el parlamento de mayoría opositora.
El divorcio definitivo vino con la instalación de la Asamblea Constituyente, con la que Maduro pretende cambiar la Constitución el marco de protestas opositoras que dejaron 125 muertos en los últimos cuatro meses.
El organismo, que goza de plenos poderes y fue elegido sin la participación de las fuerzas opositoras -que alegaron fraude durante el proceso-, tomó revancha y destituyó a Ortega.
Antes de que aterrizara en Bogotá, la exfuncionaria participó por videoconferencia en un encuentro de fiscales que se llevó a cabo el viernes en Puebla, México.
Devenida férrea opositora, Ortega acusó al mandatario de estar involucrado en el escándalo de corrupción global de la firma brasileña Odebrecht. "Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", dijo la exfuncionaria.
El domingo Maduro contraatacó. En una entrevista en la televisión venezolana, afirmó que la exfiscal bloqueó investigaciones que él ordenó sobre casos de corrupción. Según el gobernante, Ortega alertó a empresas vinculadas con el sector petrolero que estaban bajo sospecha, a cambio de "millones de dólares".
Además de la exfiscal, cinco magistrados designados por el Parlamento de mayoría opositora huyeron a Colombia. Maduro desconoció la elección de la corte suprema y ordenó el arresto de los 33 magistrados nombrados el 21 de julio.
De su lado, Chile otorgó asilo diplomático a otros cuatro magistrados y un dirigente político opositor, que estaban protegidos como huéspedes en la embajada chilena en Caracas.
AFP