Lo que había comenzado sutilmente hace poco más de un mes, en los últimos diez días se ha hecho más evidente. Tras la reapertura total o parcial de las economías de los países vecinos y el recrudecimiento de la crisis en Venezuela, miles de personas buscan atravesar fronteras que, sin embargo, siguen cerradas por el covid-19.
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Van, nuevamente, caminando. Y en el recorrido se exponen no solo a infectarse con el virus, sino también a malos tratos por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, como han denunciado esta semana la Iglesia católica y la Asamblea Nacional.
“No están dadas las condiciones para que ocurra (este retorno), pero imagínese el desespero de estos hermanos para que decidan nuevamente irse caminando”, le dijo a EL TIEMPO el diputado por el estado Táchira Carlos Valero, quien detalló que, en su recorrido, los migrantes están siendo víctimas de “vejaciones, humillaciones y robos” por parte de funcionarios.
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El miércoles, la Iglesia católica, en la voz del monseñor Mario Moronta, les había pedido a estos, expresamente, respeto hacia la gente “que lamentablemente ha tomado la opción de irse de este país porque hay hambre y hay miseria”.
“Tanto guardias, policías y militares en los puntos de control: defiendan y protejan a los migrantes. Respeten la dignidad del pobre y del que sufre”, exigió Moronta.
La Iglesia venezolana pidió respeto para los migrantes.
Efe
Aunque, según el diputado Valero, entre los caminantes hay también nuevos migrantes, coincide con otros expertos en señalar que, entre las causas de esta nueva oleada, destaca, también, el “tratamiento terrible” que, dijo, ya habían recibido los más de 100.000 retornados.
“Una vez que ingresaron los colocaron en los Puntos de Atención Social Integral (Pasi) y además (emprendieron) un discurso xenofóbico, de odio, contra estos hermanos. Hacen que se sientan como extraños, perseguidos en su propio país. Y si a eso se le suma lo que está ocurriendo con los servicios públicos, la inflación, la escasez, la (falta de) acceso a combustible y movilidad, y eres un ‘arma biológica’, como te catalogó el Gobierno, muchos optan por retornar a estos países”, dijo.
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Sin embargo, en su programa de este miércoles, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, desestimó estas denuncias, y aseguró que formaban parte de una supuesta “campaña mediática” impulsada desde la oposición contra el país.
“Están diciendo que a los que volvieron los estamos tratando mal y que se tienen que volver a ir. Ya algunos cayeron por pendejos, no vuelvan a caer”, insistió Cabello, en lo que Valero tildó como un intento por “invisibilizar” la situación.
Testimonios recogidos por la agencia Efe entre los grupos de caminantes que se movilizan, principalmente en el occidente del país, dan cuenta de que los que están buscando salir, en esta nueva oleada, lo hacen principalmente por motivos económicos.
La más reciente medición de la firma Consultores 21 sobre el tema migratorio, del mes de junio, apuntaba a que 13 por ciento de los venezolanos querían salir, a pesar del covid-19. “Más de un millón y medio de personas que manifiestan claras intenciones de irse”, explicó a este diario recientemente el profesor Gerardo González, gerente de proyectos de Consultores 21.
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De ese porcentaje con intenciones de irse, el sociólogo estima que 63 por ciento no tiene un empleo fijo y, por tanto, está en ese sector informal de la economía que tanto ha sufrido las consecuencias del covid-19.
Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, afirmó que las denuncias forman parte de una campaña mediática.
AFP
Mediciones de Consultores 21 apuntan, además, a que 56 por ciento de los venezolanos han perdido sus empleos formales o informales a raíz de la pandemia, y que 83 por ciento no tiene para cubrir sus costos básicos de alimentos.
El fenómeno, sin embargo, sigue siendo limitado, por el cierre de las fronteras. Una vez las abran, como le han dicho a EL TIEMPO expertos venezolanos en el tema de la migración, se espera que aumente la cifra de retornados que vuelvan a sus países de acogida o migren por primera vez. De momento, el cierre de fronteras no solo está forzando a estas personas a cruzar a través de peligrosas trochas, sino que estaría promoviendo otra oleada de migración interna.
Las trochas son las rutas alternas para cruzar la frontera, donde carreteros y grupos armados cobran desde 5.000 hasta 150.000 pesos colombianos por el paso.
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En Colombia, alrededor de 900 hombres, entre miembros del Ejército y la Policía, vigilarán esos pasos ilegales que comunican a Norte de Santander con Venezuela. La decisión se tomó tras un Puesto de Mando Unificado en la frontera, presidido por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, para controlar el ingreso de migrantes.
Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, afirmó que la situación migratoria es grave. “Hemos revisado temas complejos como la aglomeración de migrantes que han entrado a Colombia de manera irregular en medio de la restricción que tenemos por el covid-19 y con necesidades humanitarias para las cuales el departamento aún no está preparado, porque la frontera sigue cerrada”, indicó el funcionario.
Bautista dijo que elevó una solicitud a la gobernación del estado Táchira (Venezuela) para informar al Gobierno venezolano y a la ciudadanía que no puede ingresar a territorio colombiano. “No hay cruce autorizado de migrantes hacia Colombia y no es conveniente que se trasladen hacia la frontera dado los temas humanitarios y sanitarios actuales”, agregó.
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La situación de los migrantes que se desplazan a pie ha encendido de nuevo las alarmas de las alcaldías de Villa del Rosario, Pamplona y Cúcuta, las cuales han solicitado un trabajo articulado con la Policía, el Ejército Nacional y Migración Colombia.
Hemos revisado temas complejos como la aglomeración de migrantes que han entrado a Colombia de manera irregular en medio de la restricción que tenemos por el covid-19 (...)
Ante este panorama, el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Juan Felipe Corzo, señaló que la Fuerza Pública aumentará las labores de control e inspección en las trochas. “Los pasos están cerrados legalmente y vamos a garantizar que se haga un control efectivo para que se logre disminuir esta problemática”, precisó Corzo.
El general Marcos Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército, dijo que desde hace dos meses, más de 700 soldados adelantan operaciones en el municipio fronterizo de Puerto Santander y en las veredas Vigilancia, Totumito y Banco de Arena, donde delinquen con mayor fuerza las bandas y grupos armados.
Por su parte, el general Ramiro Castrillón Lara, comandante de la Policía de la Región Cinco, advirtió que trabajan en la individualización de personas que se lucran con el paso irregular de los migrantes.
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Según el Decreto 1297 de 2020 del Gobierno Nacional, el cierre los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país está vigente hasta el 1.º de noviembre.
ANDREÍNA ITRIAGO
Corresponsal de EL TIEMPO
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