En plena campaña para las elecciones municipales del domingo 10 de diciembre, el vicepresidente venezolano, Tareck El-Aissami, reveló que el chavismo tiene tiempo haciendo sus cálculos para las elecciones presidenciales del próximo año y su candidato para esa contienda será el presidente Nicolás Maduro.
“Ante el golpismo, ante la guerra económica, ante la persecución financiera, ante las sanciones de Donald Trump, vamos al 2018 a una gran victoria revolucionaria; ya nos estamos preparando. Tenemos 18 gobernaciones, vamos a tener la gran mayoría de las alcaldías. Tenemos ya la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a tener, Dios mediante, la reelección de Nicolás Maduro como presidente de la República”, dijo entre vítores de sus seguidores en el estado Aragua.
El anuncio parece ratificar la intención del oficialismo de impulsar más pronto de lo usual las presidenciales para aprovechar la frustración opositora, tras la instalación de la Constituyente y su desmovilización electoral. Esta, junto con no pocas denuncias de prácticas fraudulentas de la autoridad electoral, dejó en manos del chavismo 18 de 23 gobernaciones en las pasadas elecciones regionales.
Ese resultado implosionó el liderazgo opositor reunido en la Mesa de Unidad Democrática, cuyos partidos políticos más grandes –Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular– decidieron no participar en las municipales, asegurando que no hay condiciones justas para participar mientras el Consejo Nacional Electoral siga liderado por una directiva proclive al chavismo.
Con este retiro y sin candidatos unitarios para enfrentar la maquinaria oficialista, la barrida del Partido Socialista Unido de Venezuela es prácticamente un hecho, y sobre esas mismas condiciones espera organizar la elección presidencial.
“Van a ser las mismas condiciones que para las elecciones municipales y para las de gobernadores, las mismas. Con el mismo CNE, con el mismo registro electoral, absolutamente igual”, dijo refiriéndose a las presidenciales el vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, en entrevista con José Vicente Rangel.
De este modo queda en entredicho la posibilidad de que el nuevo intento de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana el 1.° y el 2 de diciembre tenga algún resultado positivo para los opositores, toda vez que las demandas de cambio en la directiva electoral y las condiciones para las venideras elecciones son el punto más crucial de su agenda.
Además de la necesidad de apertura de un canal humanitario, la delegación opositora ha reiterado la necesidad de nuevas condiciones electorales como única puerta capaz de abrir espacio a un cambio de gobierno. El oficialismo, sin interés específico sobre ese tema, no obstante, acude a la mesa presionado por la intensa crisis económica y el escaso margen de maniobra que tiene tras las sanciones del Gobierno estadounidense que le impiden negociar o endeudarse en el mercado financiero internacional.
El reintento de diálogo ha vuelto a generar fuertes diferencias entre la oposición. La delegación, aunque liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, enfrenta fuertes críticas de líderes como María Corina Machado y el recién exiliado Antonio Ledezma, quienes consideran que la ronda de conversaciones sirve al Gobierno para ganar tiempo y desalentar a la oposición.
A pesar de esas críticas, la mayoría de los partidos han dado su anuencia a participar en la mesa, y esta vez han agregado la participación de destacados académicos (politólogos, abogados, economistas y sociólogos), muy respetados por la opinión pública venezolana, para que ayuden al equipo político a estructurar sus demandas.
El exrector electoral y asesor en esta materia para los opositores, Vicente Díaz, explicó cómo está organizada esta primera jornada de conversaciones.
“El primer día (viernes) habrá reunión en la mañana para revisar los aspectos metodológicos ya concertados. Luego, en bloques de dos horas vamos a ir cada uno (del Gobierno y la oposición) con presentaciones iniciales por tema. Cada sector expondrá su diagnóstico en las áreas temáticas, luego vamos a presentar las demandas y exigencias”, dijo.
Los resultados de este primer día serán procesados por el equipo de facilitadores del diálogo –Gobierno de República Dominicana y el expresidente José Rodríguez Zapatero– y los países garantes –los cancilleres de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas seleccionados por el oficialismo y los de México, Chile y Paraguay por la oposición– quienes harán recomendaciones a las partes, que deberán considerarlas al día siguiente.
El Gobierno de Venezuela removió a Rafael Ramírez, un poderoso exministro de Petróleo y expresidente de la estatal PDVSA, de su cargo como representante del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según dijeron este miércoles dos fuentes cercanas al caso que pidieron mantener el anonimato.
Pero un portavoz de la ONU, Farhan Haq, informó que “no hay una notificación sobre un cambio de representante”. No obstante, el embajador no estuvo presente este miércoles en una reunión sobre los derechos palestinos y otra fuente dijo que Ramírez fue citado a Caracas.
Por su parte, el diario El Nacional informó que un periodista de The Wall Street Journal reportó que Ramírez negó su remoción del cargo.
Maduro dijo el martes que presentaría nuevas pruebas de supuestas “mafias” compuestas por “traidores” dentro de PDVSA, en una referencia a exfuncionarios.
Fuentes del Gobierno hablaron de una pugna entre los dos funcionarios. “Ramírez trató de negociar y mover sus fichas, pero no le fue posible. Su artículo en Aporrea (un portal de opiniones) fue la gota que rebasó el vaso en la pelea con Maduro”, explicó la fuente.
“La consigna fundamental del plan era estabilizar la economía, alcanzar los equilibrios”, escribió Ramírez luego de describir un programa cambiario que intentó aplicar cuando fue vicepresidente económico en el 2014. “No se pudo. ¿Qué fuerzas actuaron torpedeando esta agenda? Siguen allí, y hay que identificarlas”, agregó.
El Parlamento venezolano denunció en el 2016 una malversación de unos 11.000 millones de dólares en PDVSA, a través de irregularidades entre el 2004 y el 2014, cuando Ramírez presidió la petrolera estatal.
Pero el exfuncionario negó las acusaciones.
Reuters / Caracas / Venezuela
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
