El informe oficial de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue publicado un día antes de que la jefa del despacho, Michelle Bachelet, lo presente oficialmente ante esa instancia global.
A pesar de las opiniones generadas durante el último año sobre la actuación de esa oficina, las conclusiones del informe son demoledoras: el Estado venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro, es una estructura abiertamente violadora de derechos humanos donde, además, el sistema judicial –fiscales, tribunales, jueces– colabora fomentando la impunidad y bloqueando el acceso a la justicia.
Llamó especialmente la atención la escalofriante cifra de casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales en año y medio, atribuidas en su mayoría a las Fuerzas Especiales (Faes), que tienen un siniestro modus operandi.
Sin que todavía se entregue a sus familiares el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado y muerto a manos de funcionarios del Estado venezolano la madrugada del sábado pasado, el informe de Bachelet constituye un verdadero mazazo a la política chavista, que respondió a través de la Cancillería solicitando hacer 70 correcciones al informe, al que calificó de “parcializado y distorsionado”.
[URGENTE] Ya se publicó el informe de @mbachelet que insta al Gobierno de #Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos humanos que se viven en el país.
— Noticias ONU (@NoticiasONU) July 4, 2019
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Sin embargo, el documento de la alta comisionada no solo ofrece detalles de la situación de los derechos humanos en Venezuela entre enero y junio de este año, sino que también apunta hacia una gestión administrativa deficiente, incapaz de detener o superar una crisis socieconómica que ha generado cuatro millones de migrantes y ha respondido con mecanismos de coerción social –asistencia mínima a cambio de lealtad política–, limitaciones excesivas a la libertad de expresión y represión en su máxima expresión, asesinando a la disidencia.
Estos son sus puntos más relevantes:
El documento establece que entre las fuerzas de seguridad del Estado hay un patrón de represión a la disidencia política, que ocurre especialmente en el marco de las protestas contra el gobierno.
Señala a la Guardia Nacional (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) –y, en especial, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)– como principales brazos de la represión oficial.
La alta comisionada de DD. HH. de la ONU se reunió en la noche del viernes con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Bloomberg
"Las Faes, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales (casi 7.000)”.
También señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar como “responsables de detenciones, maltratos y torturas”.
Los colectivos armados contribuyen a este sistema. El informe recomienda la disolución de las Faes y desmantelar los colectivos.
Las Faes, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales (casi 7.000)
El informe valida las estadísticas de la ONG Foro Penal Venezolano según las cuales “por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019". De ellas, 527 fueron detenidas en 2018, y 2.091 entre enero y mayo de 2019.
La mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones.
El informe recomienda poner en libertad, de inmediato, a las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad.
El informe avalado por Bachelet describe el contexto de una crisis socioeconómica en la que la mayoría de los venezolanos se encuentran en estado de vulnerabilidad para vivir bajo estándares elementales.
Destaca que así como las personas pueden pasar hasta 10 horas en filas para adquirir alimentos, se reporta más de 60 por ciento de escasez de medicamentos y el rebrote de enfermedades que estaban controladas como la difteria y el sarampión.
Muchos venezolanos que están en Medellín tienen enfermedades de alto costo.
Esneyder Gutiérrez
Detalla el informe la Encuesta Nacional de Hospitales, según la cual entre noviembre de 2018 y febrero de este año “1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales”, a las que se añaden otras 40 producto del apagón de marzo.
Destaca que la implementación de programas sociales como las cajas Clap son insuficientes y coercitivas. 3,7 millones de venezolanos están en estado de desnutrición
La persecución a la disidencia política no solo pasa por la represión en la calle, sino también a nivel institucional y, especialmente, a través del aparato de justicia del Estado.
El informe deplora el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la oposición, la persecución y encarcelamiento de sindicalistas y asegura que se persigue no solo a quienes manifiestan abiertamente su oposición al régimen sino también a sus familiares, con detenciones arbitrarias para generar delaciones y presiones que intimiden a los señalados por el Estado.
El hostigamiento también forma parte del poder judicial, según el informe. “El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación”, dice el informe.
El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación
De los detenidos por razones políticas, el informe señala que en “la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
La abogada Tamara Suju señaló que Rafael Acosta Arévalo llegó a los tribunales en silla de ruedas. “No hablaba, solo pedía auxilio”, indicó
Twitter: @jguaido
Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a los detenidos”. De nuevo, el informe señala que el aparato judicial del Estado no ha actuado para detener estas prácticas.
El informe señala que el defensor del pueblo “ha permanecido en silencio”.
Además de todo lo anterior, la alta comisionada destaca que el número de migrantes venezolanos alcanzó los cuatro millones de personas este junio. “Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad.
Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación (…) En el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención de salud prenatal y posnatal. La persecución política también está obligando a muchos/as venezolanos/as a solicitar asilo”.
Millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis política, social y económica.
Daniel Tapia. Reuters
Especial atención prestó el informe a la violación de DD. HH. de los pueblos indígenas durante el fallido ingreso de ayuda humanitaria en febrero. La oficina “confirmó que siete personas murieron (cuatro indígenas y tres no indígenas) y 26 resultaron heridas por disparos de las FF. MM.”.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas