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Aprovechando la covid-19, Maduro desata represión contra opositores
Coronavirus en Venezuela

Human Right Watch (HRW) ha documentado al menos 160 casos de personas que han sido objeto de detenciones arbitrarias, golpizas y todo serie de violaciones de derechos humanos.

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AFP

Aprovechando la covid-19, Maduro desata represión contra opositores

Informe de HRW denuncia que medidas de excepción son usadas para detenciones arbitrarias y torturas.

Un nuevo informe de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) que será publicado este viernes documenta cómo el gobierno de Nicolás Maduro está utilizando la pandemia del covid-19 como excusa para expandir un brutal régimen policial en el vecino país.

El documento, al que tuvo acceso este diario, presenta al menos 160 casos de personas que han sido objeto de detenciones arbitrarias, golpizas y todo serie de violaciones de derechos humanos. Entre las víctimas se incluyen periodistas, trabajadores de la salud, abogados y opositores políticos que estarían siendo atacados por criticar al régimen.

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Según el reporte, los abusos físicos sufridos por algunos equivaldrían a tortura.
HRW sostiene, no obstante, que existen decenas de denuncias adicionales que están siendo reportadas por grupos de defensores humanos en el país.

Aunque la represión en Venezuela ya era grave, esta se habría multiplicado desde marzo, cuando el régimen de Maduro decretó un estado de excepción para combatir el covid-19 e impuso medidas que le han dado patente de corzo a las fuerzas de seguridad para que abusen de la población.

En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal

Las medidas, que no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional (legislativo) –como lo exige la ley– permiten limitar la circulación, detener a supuestos infractores y judicializarlos a través de procedimientos exprés que son arbitrarios y carecen de garantías básicas, como el acceso a sus abogados y a los expedientes judiciales.

“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos. En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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De acuerdo con HRW, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya había informado en julio que el estado de emergencia se estaba aplicando de manera “discrecional” y que los llamados colectivos –grupos paramilitares que lo son leales a Maduro– controlan el cumplimiento de las medidas de confinamiento en zonas populares e intimidan a la población atacando a opositores políticos, manifestantes y periodistas.

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“Igualmente, organizaciones locales han documentado que agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron en forma arbitraria a quienes no usaban mascarillas o estaban reunidos en grupos en la calle, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles presuntamente por haber incumplido medidas de cuarentena”, dice el reporte.

jose miguel

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). (Foto archivo)

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EFE

HRW sostiene que a través de su investigación han podido verificar la persecución a la que están siendo sometidos políticos, periodistas, legisladores y trabajadores de la salud que se han atrevido a criticar las estrategias del régimen contra la pandemia y que por ello se los acusa de incitación al odio y otros delitos que acarrean penas de hasta 20 años de cárcel.

“Agentes de las fuerzas de seguridad también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video. En algunos de los casos reportados “los detenidos sufrieron abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados”, se afirma en el reporte.

Así mismo, las medidas contra la pandemia estarían siendo usadas para justificar detenciones sin órdenes judiciales y arrestos domiciliarios de personas que usaron las redes sociales para referirse a temas considerados “de estado”.

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Según el reporte, el derecho internacional prohíbe limitar ciertos derechos fundamentales incluso durante períodos de emergencia, entre ellos el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, y el derecho a la revisión judicial de las detenciones.

Toda restricción de otros derechos, además, debe estar prevista en la ley y debe resultar necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia. Algo que no estaría sucediendo en Venezuela, según denuncia esta organización.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

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