Imputan a 59 colombianos por terrorismo en Venezuela

Imputan a 59 colombianos por terrorismo en Venezuela

El grupo estaba hace dos años en prisión luego de que Maduro lo acusara de un "complot paramilitar".

Presos venezuela

Familiares de presos políticos venezolanos vuelven a acudir a la sede de la ONU en Caracas para exigir la fecha de la visita de la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela.

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Miguel Gutiérrez / EFE

Por: Valentina Lares
29 de noviembre 2018 , 08:02 p.m.

En una movida inesperada, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el traslado de un tribunal itinerante a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en La Yaguara, en Caracas, y allí fueron imputados 59 ciudadanos colombianos por delitos de terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos.

Estos llevan más de dos años presos sin que se hubiera cumplido un solo paso establecido en el código penal venezolano. Jamás tuvieron audiencia preliminar, hasta este jueves nunca se los acusó de nada y se les ha mantenido encerrados todo este tiempo sin poder defenderse ante algún juez.

Cayeron detenidos en redadas impulsadas por la policía venezolana luego de que el presidente Maduro anunció en agosto de 2016 que su gobierno había detectado un complot en su contra y que decenas de supuestos paramilitares colombianos estaban involucrados en ello.

Sin embargo, nunca se presentaron las pruebas que relacionaran a estos ciudadanos ni con grupos armados irregulares ni conspiración alguna. Con el tiempo, las indagaciones periodísticas han demostrado que la mayoría de los detenidos estaban, efectivamente, indocumentados o carentes de legalidad en Venezuela, pero en su mayoría se trataba de trabajadores informales.

La orden de liberación ordenada por una jueza fue congelada “desde arriba”, pues si no, el presidente Maduro no tendría cómo justificarse

Al principio fueron detenidas 90 personas, pero entre algunas evasiones y problemas de salud que sufrieron otros y que significaron su salida, hoy quedan 58 hombres y una mujer. Todos viven en habitaciones improvisadas con paredes de sábanas en esa sede policial, deambulando de un lugar a otro, esperando las visitas de familiares. La precariedad de sus condiciones y el injusto encierro movilizó varias veces a la embajada de Colombia, que ha pedido por su liberación.

Las irregularidades del caso han sido de tal envergadura que el año pasado, por estas mismas fechas, el tribunal 27.º de primera instancia del Área Metropolitana de Caracas, encabezado por la jueza Zulay Salazar, ordenó la liberación de todos los detenidos por no contar con suficientes elementos que justificaran su detención.

Sin embargo, la puesta en libertad nunca se concretó. Los abogados defensores de estas personas aseguraron entonces que por “órdenes de arriba” se congeló la decisión, pues el régimen de Maduro no tendría cómo justificar la arbitrariedad de esa detención.

Esta vez ocurrió una burla similar, pues desde el fin de semana les habían anunciado que serían finalmente deportados a Colombia –la primera sanción que les anunciaron cuando fueron detenidos hace dos años–, pero este jueves llegó el tribunal itinerante y finalmente los acusó.

Los abogados denunciaron que antes de acusarlos los obligaron a firmar un papel que exime de responsabilidad al gobierno de Maduro por la detención.

VALENTINA LARES MÁRTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas​

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