Mientras en Caracas el gobierno del presidente Nicolás Maduro continuó su andanada de ataques contra la exfiscal general Luisa Ortega, a quien acusa de sabotear investigaciones por corrupción, en Colombia impera el hermetismo sobre su llegada, su situación y, más importante aún, su futuro.
El Gobierno colombiano, a través de Migración Colombia, se limitó a confirmar su arribo el viernes junto con su esposo, el diputado Germán Ferrer, y dos colaboradores.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, también lo confirmó el sábado, pero sin dar ningún detalle sobre las versiones en el sentido de que la exfiscal estaría buscando asilo en Colombia, o las que, por el contrario, dicen que en realidad Bogotá solo será una escala de paso por cuanto su intención sería viajar a Estados Unidos o Europa.
“Será la señora canciller de la República de Colombia (María Ángela Holguín) quien exprese la voz oficial del Gobierno Nacional”, anotó Rivera.
La fiscal, una chavista de viejo cuño que empezó a distanciarse del régimen de Nicolás Maduro por la represión a las protestas pacíficas, por la actitud del Tribunal Supremo de Justicia de su país de usurpar las funciones del Parlamento y, luego, por la imposición de una Asamblea Constituyente que para ella significó un quiebre constitucional, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Constituyente, acusada de haber cometido “faltas graves” contra su investidura.
Esto en momentos en que ella comenzaba a revelar los lazos del escándalo continental de los sobornos de Odebrecht con Maduro y su gobierno, que iniciaba una persecución en su contra, en la cual denunció allanamientos, acosos y amenazas a sus familiares.
Según las confesiones de Marcelo Odebrecht, la cabeza empresarial de la firma brasileña, Venezuela fue el segundo receptor de recursos por concepto de sobornos, detrás de Brasil.
Durante la cumbre de fiscales y procuradores que se realizó el viernes en Puebla (México), Ortega hizo llegar un audio en el que dice: “Tenemos detalles de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron, y esa investigación involucra al señor Maduro y a su entorno”.
Quizás el punto crítico que determinó su salida del país fue cuando, el pasado jueves, la Constituyente le retiró a su esposo la inmunidad parlamentaria por estar vinculado a una red de extorsión en la que, supuestamente, el exdiputado chavista cobraba altas sumas de dinero a delincuentes para no ser procesados por la fiscalía de su esposa.
Colombia tiene una larga tradición en asilo. Para no ir muy lejos, se recuerdan los concedidos al líder peruano y fundador del partido Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre; a su sucesor, el expresidente peruano Alan García, y también al empresario Pedro Carmona Estanga, quien estuvo en el poder algunas horas tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002.
En teoría, al desconocer Bogotá a la Constituyente y sus decisiones, Ortega sigue siendo la fiscal en propiedad.
Algunos observadores creen que Bogotá no debería dudar en concederle asilo si ella lo solicita, aunque opinan que quizás se decante por ir a EE. UU., donde ya se investiga a altos dirigentes políticos y militares venezolanos por asuntos tan variados como narcotráfico y lavado de activos y algunos, como el vicepresidente Tareck El Aissami, están en Lista Clinton.
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