Una acusación con pocos precedentes

La decisión del gobierno de Estados Unidos de perseguir penalmente a Nicolás Maduro, un mandatario en ejercicio a pesar de los cuestionamientos sobre su legitimidad, remite directamente a 1989, cuando la administración de George Bush padre acusó al general Manuel Antonio Noriega, entonces presidente de Panamá, de ser socio del cartel de Medellín.

Por años, Noriega fue ficha de Washington, que lo utilizó como peón para infiltrar los círculos más cercanos del general Ómar Torrijos, quien logró que Estados Unidos negociara la entrega del Canal y cuya tendencia a la izquierda no era bien vista por los sectores más duros de EE.UU.

En 1983, tras la muerte de Torrijos en un accidente aéreo, Noriega se hizo con el poder en medio de fuertes cuestionamientos por violación de derechos humanos y por sus nexos con la mafia colombiana liderada por Pablo Escobar. Durante seis años esos cuestionamientos no fueron obstáculo para que mantuviera el apoyo de Washington, hasta que en diciembre de 1989 Bush ordenó su captura por sus negocios con Escobar.

Esa captura la llevaron a cabo marines de los Estados Unidos que en diciembre 1989 invadieron Panamá y tras una mínima resistencia de las fuerzas leales a Noriega lo llevaron ante la justicia federal, que le impuso varias cadenas perpetuas por narcotráfico.

Noriega, quien murió en el 2017 tras ser liberado pocos meses antes, de nuevo capturado y finalmente extraditado a Panamá, tuvo entre los testigos en su contra al capo colombiano Carlos Ledher.

La invasión de Panamá fue la última operación de Estados Unidos en el hemisferio. Tras la caída de la dictadura de Noriega Panamá recuperó, tal y como lo había negociado Torrijos con el presidente Jimmy Carter, el control del canal interoceánico y entró en la era de las elecciones en democracia.

EL TIEMPO