La exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz afirmó este lunes en Costa Rica que tiene pruebas de un caso en el que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desvió plata del fisco, y acusó al régimen de contratar sicarios para matarla a ella y a otros fiscales que pretenden denunciar abusos.
“Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre ocho y diez millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma”, dijo Ortega en una conferencia de prensa.
Según la exfiscal, para la “trama de corrupción” se ha usado “como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa”.
La firma –prosiguió– es de Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien, a su vez, es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.
“Esta millonaria operación de corrupción involucra a Elías Jaua, Jorge Rodríguez, Jesse Chacón y Maximilian Sánchez”, agregó la exfiscal.
Ortega dijo que recientemente entregó pruebas de este y otros casos a “fiscales de Estados Unidos” y ayer al fiscal de Costa Rica, Jorge Chavarría, quien también ejerce el cargo de secretario general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
“En Venezuela no va a ser posible hacer justicia, y por eso estoy entregando evidencias a distintos países”, comentó Ortega.
La exfuncionaria citó que en el caso de Odebrecht está involucrado Diosdado Cabello, pero no reveló más detalles, como sí lo hizo en Brasil, donde dijo que el monto que recibió el segundo del régimen ascendía a 100 millones de dólares.
“Tengo muchas pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no solo a Venezuela, sino a toda la región. Estas pruebas que involucran a Diosdado Cabello fueron entregadas a funcionarios de la Fiscalía de Estados Unidos y de Brasil y vamos a seguir con otros temas”, manifestó.
La exfiscal aseguró que seguirá luchando desde fuera para que a Venezuela “regresen la democracia y la libertad”.
En respuesta a sus señalamientos, la exfiscal ya empezó a recibir otro tipo de amenazas: posibles demandas en su contra.
Una de ellas surgió este lunes luego de que EL TIEMPO reveló que detrás de Group Grand Limited, la firma acusada de desviar fondos a favor de Maduro, está el excónsul de Colombia Javier Betancourt.
En una comunicación sin membrete ni teléfonos, el excónsul negó cualquier nexo societario con Maduro y se declaró víctima de un “ataque mediático”.
En su comunicado, dice que Group Grand Limited es “solamente una más de las empresas que han proveído, de manera legal, apegadas a las leyes de contratación y con total transparencia, servicios y productos a la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregó que es falso que las personas mencionadas por Ortega –Maduro y los colombianos Alex Nain Saab y Álvaro Pulido– hagan parte de la composición accionaria de Group Grand Limited.
Sin embargo, el excónsul no señaló quiénes son los socios de la firma ni tampoco por qué aparece en papeles Shadi Nain Saab Certaín, hijo del polémico Álex Saab.
Este último, en entrevista con EL TIEMPO, ya había anunciado acciones contra Ortega. Pero no ha querido hablar del nexo de su hijo con la firma, registrada en Hong Kong, ni por qué esta compartió oficina con Fondo Global de Construcción. Con esa compañía ha construido miles de casas para el Gobierno de Venezuela.
En todo caso, Betancourt afirmó que evalúa si emprende “acciones legales” para “prevalecer el buen nombre” de la compañía.
Efe-AFP y Redacción EL TIEMPO
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