‘El régimen está cerca de desmontar lo que queda de institucionalidad’

‘El régimen está cerca de desmontar lo que queda de institucionalidad’

El presidente del Supremo venezolano en el exilio habla de las opciones para un cambio en el país.

Migrantes venezolanos

Migrantes venezolanos están atrapados en la frontera debido a que el régimen de Maduro les impide el ingreso a su país.

Foto:

Gobernación de Norte de Santander

Por: María Angélica Correa
14 de junio 2020 , 09:45 p.m.

Miguel Ángel Martín Tortabu, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela designado por la Asamblea Nacional, fue uno de los presentes en la reunión en la Organización de Estados Americanos (OEA) en diciembre de 2018, en la que se activó la figura constitucional de un presidente interino por la fraudulenta elección de Nicolás Maduro en mayo de 2018 (Venezuela en su laberinto, editorial Intermedio, 2019).

EL TIEMPO conversó con el magistrado Martín desde su exilio, ante las últimas sentencias para defenestrar al opositor Guaidó, y cuando más de 15.000 venezolanos se encuentran acorralados en la frontera sin poder entrar a su país, por orden de Maduro.

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Martín dice: “Constituye un delito que Maduro no deje entrar a los venezolanos a su país. El éxodo de venezolanos entendido como un desplazamiento forzado de personas es un delito de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma; impedir que regresen o someterlos a prisión por pandemia es también un delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 7. 1. H. y 7. 1. K. del Estatuto de Roma”.

¿Como presidente del Tribunal Supremo de Justicia usted está haciendo algo al respecto?

Con el Gobierno de Colombia se realizan reuniones periódicas para tratar este tema. Yo he planteado crear zonas de protección para los venezolanos y concentrar una ayuda importante en un solo lugar, ya que al estar en varias ciudades se hace muy difícil la atención.

En la OEA este tema es obligado, y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se ha logrado enviar contenedores de alimentos y ropa en cantidades importantes hacia Colombia, Perú y Brasil. Todas estas acciones se enmarcan dentro del principio de Responsabilidad de Proteger, pero no es suficiente. Yo estoy sugiriendo que forcemos la salida del régimen. Mientras esta salida se logra hay que elaborar un plan de ayuda en zonas especiales de protección en la frontera.

Habla de forzar la salida del régimen, pero aún no está claro quiénes representan y quiénes usurpan los poderes públicos en Venezuela, más allá, claro, del Poder Legislativo y el Ejecutivo luego de que la comunidad internacional desconociera al gobierno de Maduro y a su Asamblea Constituyente. En definitiva, pareciera que los errores de la presidencia de Juan Guaidó junto con la madeja de confusión generada por el chavismo-madurismo mantienen a Venezuela en un punto muerto para concretar salidas constitucionales...

Estamos en momentos muy graves, porque el régimen está a punto de lograr desmontar lo que queda de institucionalidad; busca destruir la Asamblea Nacional (AN) y el TSJ legítimo, mediante la incursión de mercenarios de la política que accionan para evitar el trabajo del Poder Legislativo, creando una junta directiva paralela para quitarle el control del Legislativo, y en el TSJ que presido también se alzaron con una junta autoproclamada, violando normas de orden público, para generar confusión y poner en riesgo la acción oportuna de ambos poderes.

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Miles de venezolanos están clamando por la activación del artículo 187-11 de la Constitución, el cual establece, entre las atribuciones del Parlamento: “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Le pregunto: ¿Juan Guaidó, fundamentado en ese artículo, debe solicitar a la AN autorización para constituir una fuerza integrada por las fuerzas armadas de los países aliados para el cese de la usurpación?

No veo otra opción. Es necesario solicitar la ayuda internacional. No vamos a salir del régimen con diálogo, ya esa fase está agotada, y si no se utiliza la acción de fuerza, seguiremos con el régimen.

El control de las Fuerzas Armadas no lo tiene el presidente interino y no le obedecen, y las circunstancias que se viven en el país requieren toda la ayuda necesaria.

Entre las acciones de la normativa de Responsabilidad de Proteger está la conformación de una coalición militar internacional en misión de paz, para salvar al pueblo de Venezuela

Usted trabaja con el secretario general Luis Almagro la aplicación de la normativa de Responsabilidad de Proteger (R2P, por su sigla en inglés) para Venezuela, ¿de qué se trata?

Un equipo ha estado trabajando en la ejecución de la normativa, que constituye una acción internacional en el mantenimiento de la paz, en la que Estados comprometidos con la solidaridad de los pueblos ejercen una intervención en socorro de víctimas o posibles víctimas de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica, crímenes de lesa humanidad, violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, como una respuesta eficaz a la emergencia humanitaria que surja en cualquier parte del mundo.

¿La normativa de Responsabilidad de Proteger (R2P) se ha aplicado en otros países?

Sí, en Libia, Siria, Haití, Granada, Panamá. Algunos casos fueron asumidos por la Asamblea General de la ONU, la Liga Árabe, la Unión Europea, coaliciones de países, la Otán, por medio de acciones diferentes que incluyeron acciones de fuerza militar.

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¿Qué diferencia hay entre la normativa (R2P) y una coalición militar internacional en misión de paz?

No hay diferencias.

Usted ha dicho que se debe ser “coherente”, ¿a qué se refiere?

Entre las acciones de la normativa de Responsabilidad de Proteger está la conformación de una coalición militar internacional en misión de paz, para salvar al pueblo de Venezuela.

La ejecución de acciones dentro de la normativa internacional implica trabajar de la mano con líderes que crean en la democracia.

Nosotros seguiremos insistiendo en esta normativa internacional, que abre un abanico de posibilidades de acciones, hasta que se produzca el quiebre del régimen.

Retomando el tema de la institucionalidad, pareciera que la Asamblea Nacional no tiene una posición firme con el Supremo chavista. ¿Cuál es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en Venezuela?

La AN no le ha dado el reconocimiento formal al TSJ legítimo, haciendo mutis a nuestras sentencias. Solo la de Nicolás Maduro porque no le quedó más remedio. Fíjese que no pasa nada con la ejecución de la sentencia de Maduro. Para el trabajo de Interpol yo necesito los mecanismos de diplomacia, y eso lo hacen solo los gobiernos.

Y la mayoría de los fallos que hemos emitido han sido para proteger la institucionalidad de la AN. En cambio, le dan beligerancia a delincuentes que se hacen llamar magistrados. Y cuando se le da beligerancia a la contraparte es porque esa contraparte es útil para la negociación, para los acuerdos. Para señalarlos deberían decir: los que usurpan los cargos.

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Hoy opino que desde la llegada de Juan Guaidó se ha generado una cadena de errores

La comunidad internacional desconoció la elección de Maduro y a la Asamblea Constituyente, ¿y qué sucede con el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía?

El reconocimiento no ha sido tan potente por la omisión de la AN. Ha habido informes de la OEA, de la ONU, de la Comisión Interamericana; solo el Grupo de Lima habla del tribunal legítimo y también el Senado español, el Congreso chileno.

¿Por qué solo ellos?

Porque la AN no nos ha dado el reconocimiento formal.

Ante un vacío de poder generado por la salida de Guaidó, ¿qué hacer?

No puede haber, nunca, un vacío de poder.

¿Juan Guaidó debería, como lo establece la Constitución, separarse de su cargo de presidente de la Asamblea Nacional, para que solo ejerza como presidente encargado?

Hoy opino que desde la llegada de Juan Guaidó se ha generado una cadena de errores. Por ejemplo, la Constitución establece que se es presidente interino por 30 días. Entonces, al pasar los 30 días, por las circunstancias que fuere, propuse que la Asamblea Nacional nombrara un gobierno provisional. No lo hicieron.

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¿Para qué se necesita el Gobierno de Emergencia Nacional que ha planteado el presidente Guaidó?

Es una entelequia. Como gobierno interino, ¿cuál era el trabajo? Recuperar el poder. No puede haber un gobierno de emergencia si no tienes el poder. Cuando se tenga el control del poder se ejecutan los planes de emergencia o de transición, como se quiera llamar. Es que ni siquiera se ha podido ingresar ayuda humanitaria.

Yo creo que el gobierno de emergencia puede llevar a la cohabitación con personeros del régimen que cometieron graves delitos, y eso es peligroso porque no saldríamos de la dictadura. La única forma es que salgamos del dictador y de la dictadura renovando las instituciones.

¿Guaidó, ejerciendo plenamente sus atribuciones, debe designar su gabinete y un Alto Mando Militar en el exilio?

En diciembre se exhortó a la Asamblea Nacional a designar una presidencia provisional y conformar un gabinete para acometer una actividad de gobierno; fue una opinión sustentada en precedentes como el caso del expresidente Ramón J. Velázquez (1993).

Lamentablemente no fueron escuchados nuestros consejos, que estaban orientados a hacer más fuerte la acción del gobierno para deponer al régimen de facto. Al final es una decisión política.

El 19-11-2018, usted solicitó a Jürgen Stock, secretario de la Interpol, la captura de Nicolás Maduro en base a la sentencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué ha pasado?

Sí. He sido insistente en la ejecución de la sentencia para que se emita la notificación roja internacional. Pero necesitamos más ayuda diplomática, porque aún existen países y organismos multilaterales que lo aceptan, y hay que quitarle todas esas protecciones que impiden que la ley se aplique.

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¿Qué ha pasado con las denuncias acumuladas ante la Corte Penal Internacional contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro que involucran a personeros y colaboradores del régimen?

Siguen en manos de la fiscal de la corte penal. Cada día aumentan las violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y la Corte Penal no está, no aparece.

MARÍA ANGÉLICA COREA
PARA EL TIEMPO

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