Resulta paradójico que el mismo día que los españoles celebramos el cuadragésimo segundo aniversario de nuestra carta magna, sus principios democráticos y los valores de convivencia, en Venezuela tuvieron lugar unas elecciones fraudulentas y contrarias a derecho convocadas por Nicolás Maduro.

Esta calificación no es fruto de la mera reflexión de los juristas que aquí firman, sino del dictamen de más de 1.000 juristas de 40 países.

En efecto, la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association), con sede en Washington, presentó el viernes pasado un dictamen en el que denunciamos que las elecciones parlamentarias en Venezuela carecen de las garantías necesarias contempladas en el derecho internacional para considerarlas unas elecciones válidas y ajustadas al Estado de derecho.

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Por este motivo, esta votación no ha sido reconocida por la Unión Europea ni por la Organización de los Estados Americanos como un proceso electoral válido. Este dictamen jurídico es una advertencia a toda la opinión pública mundial del fraude que intenta cometer Nicolás Maduro deshaciéndose de los molestos miembros de la Asamblea Nacional elegidos por el pueblo venezolano de forma legítima en el año 2015.

Habiendo despreciado previamente sus funciones básicas, ahora, el régimen de Nicolás Maduro, directamente y al margen del pueblo venezolano, pretende poner a sus más afines también en la Asamblea Nacional.

Conforme concluye el dictamen internacional de juristas, esa votación está controlada exclusivamente por el ilegítimo poder ejecutivo e incumple las garantías básicas exigidas en el derecho internacional para calificarlas como válidas.

Ante la ausencia de protección de la seguridad personal y patrimonial de otros candidatos, sin unas normas claras para el ejercicio del derecho de voto o ante continuas lesiones a la libertad de asociación, reunión o expresión, unas elecciones infringen los derechos humanos y el derecho de sufragio. Y todas estas circunstancias concurren hoy en día en Venezuela.

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La constatación de esta situación se desprende de multitud de hechos recogidos en la Declaración Internacional de Juristas, de la que nos gustaría destacar lo siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por Nicolás Maduro desde 2016, en violación de la propia Constitución Bolivariana, permitió al Consejo Nacional Electoral modificar de forma arbitraria las leyes del proceso electoral y eliminar el voto universal, directo y secreto para la elección de los diputados representantes de los pueblos indígenas.

La declaración jurídica fue presentada en la casa de todos los abogados, el Consejo General de la Abogacía Española, en un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, Marie-Aimeé Peyron, presidenta del Colegio de Abogados de París (2017-2019); Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia (2010-2014); Peter N. C. Umeadi, profesor y magistrado emérito de Nigeria; David Mills, catedrático de Derecho de Stanford Law School, y el doctor Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

En compañía de Leopoldo López y el presidente Juan Guaidó, particularmente significativa fue la intervención de la probablemente máxima autoridad mundial en procesos electorales, el juez Kriegler. Como eminente jurista y magistrado sudafricano, fue presidente de la Comisión Electoral Independiente en 1993 y garantizó en colaboración con Nelson Mandela las primeras elecciones con sufragio universal en su país.

Como actor clave en la transición del dictatorial régimen del apartheid de su país hacia una verdadera democracia, Johann Kriegler nos enseña que “hoy estamos asistiendo en Venezuela a la evolución de una antigua democracia hacia el reforzamiento de una dictadura”.

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Sin entrar a valorar cuestiones políticas ajenas al análisis legal, lo cierto es que todos estos juristas concluimos que conforme a los datos contrastados y ante la ausencia de las garantías políticas y jurídicas básicas, la votación celebrada el lunes en Venezuela es inválida y no puede calificarse como una elección democrática de los miembros de la Asamblea Nacional.

Ante esta situación, la consecuencia legal es clara e implacable, la legitimidad de la actual Asamblea Nacional de Venezuela debe preservarse para garantizar la protección de los derechos humanos en el país. Y esta legitimidad deberá prorrogarse y mantenerse en el tiempo mientras en Venezuela no puedan celebrarse unas elecciones libres y respetuosas con los principios generales de la democracia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

JAVIER CREMADES Y JOHANN KRIEGLER
Para EL TIEMPO

* Abogado y presidente de la World Jurist Association.

** Magistrado emérito del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y presidente de la Comisión Electoral Independiente de 1993.