La insostenible situación en Táchira con el regreso de venezolanos

Cerca de 6.000 venezolanos que no podían garantizar su subsistencia en el marco de la cuarentena en Colombia han retornado a su país en los últimos diez días a través de un corredor humanitario habilitado en la frontera.

La cifra, aunque es compartida por organismos multilaterales, el régimen madurista y voceros de la oposición venezolana, podría ser conservadora. Y el problema mucho mayor.

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Las autoridades colombianas estarían estimando el paso de entre 500 y 600 personas por día. Y esta semana, estarían trabajando con las multilaterales para mejorar su capacidad de respuesta ante la situación, según informó en un encuentro virtual con la prensa extranjera el diputado venezolano Miguel Pizarro, comisionado del líder opositor Juan Guaidó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La situación se está comenzando a complicar en puntos como Maicao y Soacha. “Hay otras fronteras (distintas a la de Villa del Rosario) que tienen focos importantes de venezolanos con pobreza y posibilidades de tener covid-19, con una plataforma de salud mucho más pequeña que cualquier otra parte de Colombia”, advirtió desde su exilio en este país el parlamentario venezolano José Manuel Olivares, durante el mismo encuentro digital con los corresponsales extranjeros en Caracas, que se llevó a cabo en la mañana de este lunes.

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A pesar de este panorama, las declaraciones del régimen insisten y aseguran que tienen capacidad para acoger más de 15.000 ciudadanos que retornan a Venezuela y que han enviado aviones para recoger a connacionales que están varados en diferentes países del mundo. Incluso, también han dicho que 1.167 familias recibieron bolsas con alimentos por parte del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Las complicaciones ya se han hecho evidentes precisamente en el paso entre Villa del Rosario, en Colombia, y San Antonio del Táchira, en Venezuela, por donde según datos oficiales han retornado el 95 por ciento de los venezolanos.

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Según informó a este diario la gobernadora del estado fronterizo del Táchira, Laidy Gómez, en los cinco días posteriores al 4 de abril retornaron desde el paso entre Colombia y Venezuela cerca de 4.000 personas. 

Pero las complicaciones se dan en el protocolo que impuso el régimen venezolano, desde el 4 de abril, que obliga a los retornados a permanecer al menos 14 días en improvisados refugios en el estado Táchira, lo que ha provocado que la situación en esta entidad fronteriza venezolana ya sea “insostenible”.

En esta calificación coinciden la opositora Gómez, máxima autoridad regional, y quien sin embargo ha tenido una participación limitada en el operativo y Freddy Bernal, a quien el régimen impuso como “protector” de la entidad, y quien ha estado al frente de la operación, conjuntamente con los militares.

Voceros de la oposición, de hecho, han denunciado una “militarización” de la operación, lo que incluso estaría generando molestias en las organizaciones que hacen vida en la frontera, por la misma pérdida de acceso.

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“Los Puntos de Alojamiento Social Integral (PASI, como llama el régimen a los refugios) se convierten en un estricto recinto militar. Nadie puede salir, ni entrar. No es un centro de vacaciones, ni un spa. Es un centro bajo estrictas medidas de seguridad”, llegó a decir Bernal.

Ha sido esto, precisamente, lo que ha impedido constatar la realidad de los refugios, que según la oposición no cuentan con las condiciones para recibir a los retornados, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha insistido en que sí.

Aunque algunas fotos, videos y testimonios han logrado salir a la luz, y muestran, entre otras cosas, a personas hacinadas, durmiendo unas al lado de otras, en el piso de las instalaciones.

Se trata de centros educativos y deportivos de al menos cinco municipios del estado Táchira. Cada uno estaría albergando a un promedio de 300 retornados, incluyendo niños, mujeres con embarazos avanzados y adultos mayores. Para el pasado 10 de abril, el régimen contabilizaba 10 PASI, nada más en tres municipios.

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La gobernadora Gómez no se atreve a dar una cifra actualizada. “Es probable que ahorita ya estén acondicionando otra entidad educativa para destinar a personas que se encuentren en este momento ingresando por frontera”, dijo en su conversación telefónica la tarde del lunes con EL TIEMPO.

Pero dibuja la que podría ser la realidad de cada uno de ellos. “Refugiar a 300 personas en una escuela que no tiene más de cinco baños públicos, te podrás imaginar cómo será la situación de saneamiento”, acotó la gobernadora, al tiempo que recordó que, en la entidad, además, son constantes las fallas en los servicios de agua y de electricidad.

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La permanencia de estas personas en estos espacios, de acuerdo con voceros oficiales, podría pasar de los 14 días y extenderse al “tiempo que sea necesario”. Uno de los factores determinantes era el traslado de las pruebas realizadas desde Táchira hasta Caracas, a más de 800 kilómetros de distancia, y la posterior entrega de resultados.

Sin embargo, el régimen informó este domingo del envío de un laboratorio móvil en el que se espera hagan las pruebas PCR, lo que permitiría la obtención de resultados con mayor rapidez.

Según cifras del régimen, en la frontera con Colombia ya se habrían practicado más de 4.500 pruebas de despistaje para coronavirus, de las cuales más de 2.000 serían pruebas PCR.

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Voceros de oposición, sin embargo, han cuestionado la capacidad del régimen de hacer estas últimas pruebas. En el encuentro de este lunes con la prensa extranjera, el doctor Julio Castro, uno de los expertos de la comisión conformada por el líder opositor Juan Guaidó para enfrentar el coronavirus, aseguró que según números certificados por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), apenas 2.000 pruebas PCR se han realizado en todo el país, en las últimas tres semanas.

Así, hasta la tarde de este lunes, el régimen había confirmado 189 casos positivos, tres de ellos en el estado Táchira. Hay quienes temen que la situación de los refugios altere significativamente estos números en la entidad fronteriza.

“Ellos alegan que, al existir los laboratorios móviles, (…) la evacuación de estas personas a los estados de origen va a ser mucho más rápida. Pero es que, al reunir a más de 200 personas en un refugio, ya hay un alto grado de vulnerabilidad y de riesgo para todas las personas que están allí”, acotó Gómez.

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Hay quienes, como la diputada opositora Karim Vera, presidenta de la subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, van más allá y temen que el contagio trascienda los refugios y se masifique.

Su colega parlamentario Pizarro, por otra parte, comparte con otros voceros de oposición la preocupación de que esto sea utilizado por el régimen en su narrativa política para culpar de algún brote a los retornados.

El régimen de Maduro ha insistido en la xenofobia como causa de su regreso. Pero, la mayoría de los protagonistas de este nuevo episodio de la migración venezolana han esgrimido otros motivos al reingresar al país.

“Como no tenían trabajos formales y la mayoría comía en comedores de asistencia a migrantes, inmediatamente empezó la cuarentena empezaron a quedar sin condiciones”, aseguró Gómez.

Pero ese viaje de vuelta, incluso desde otros países como Perú o Ecuador, en algunos casos a pie, se ha convertido en el menor de sus problemas.

ANDREÍNA ITRIAGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS