Desde este 5 de enero, dos parlamentos funcionan en Venezuela: el electo en 2015 y presidido por el líder opositor Juan Guaidó, el cual prorrogó su mandato por un año más, apelando a la “continuidad constitucional”, hasta que no haya elecciones libres y democráticas; y el electo en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre, de mayoría chavista, que estará en funcionamiento hasta 2026.
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Este último es el que sesiona en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, el cual, de hecho, sufrió una modificación en sus escaños a partir de este año, por la incorporación de 110 diputados a los 167 que integraban el Parlamento originalmente.
El de Guaidó, en cambio, se ha visto obligado a mantenerse en la virtualidad que asumió a partir de marzo de 2020, cuando comenzó la cuarentena por la covid-19 en este país.
Pero desde antes, este grupo no había podido sesionar en el hemiciclo. En enero de 2020, el diputado acusado de corrupción y expulsado de la oposición, Luis Parra, se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional (AN) en una sesión plagada de irregularidades; y ocupó sus espacios, lo que obligó al bando de Guaidó a sesionar desde entonces en otros espacios, públicos y privados.
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Ahora, sin embargo, no son todos los diputados opositores que quedaban, de los que resultaron electos en 2015, los que están sesionando, sino una Comisión Delegada, integrada por su Junta Directiva –compuesta por Guaidó, como presidente, Juan Pablo Guanipa, como primer vicepresidente, Carlos Berrizbeitia, como segundo vicepresidente, y Wilfredo Febres Peñalver, como secretario– así como los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes.
Fue esto, precisamente, lo que llevó a uno de los cuatro partidos principales de oposición, Acción Democrática, a salvar su voto en la sesión del pasado 26 de diciembre, en la que se aprobó la continuidad constitucional, mediante la reforma del denominado Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia.
“Si el pueblo y el mundo desconocieron las elecciones del 6 de diciembre, si nosotros a través del Parlamento, en un acuerdo, aprobamos desconocer ese proceso fraudulento, entonces ¿para qué reformar el Estatuto?, creemos que el Estatuto tiene plena vigencia, por lo tanto, la plenaria debe asumir la responsabilidad y no delegar en nadie las funciones”, sentenció entonces el diputado Piero Maroun.
Los opositores, sin embargo, fundamentaron la instalación de la Comisión Delegada, el pasado 5 de enero, en un artículo constitucional que establece que esta funciona durante el receso; y en un artículo del Reglamento Interior y de Debates de la AN, que dice que la misma se instalará en el día y hora que fije la presidencia del Parlamento, con al menos la mayoría de sus integrantes.
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Este mismo artículo, el 53 del reglamento interno del Parlamento dice que la instalación es en el salón de sesiones del Palacio Federal Legislativo o, en su defecto, en el lugar que designe el presidente de la AN.
El artículo 54 del mencionado reglamento indica que la comisión se reunirá las veces que sea necesario, para abordar los temas que sean de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Constitución.
Incluida la sesión de instalación, del 5 de enero, hasta el momento se han celebrado seis sesiones de la Comisión Delegada, la última de ellas este 26 de enero, en la que se debatió sobre la situación actual de la covid-19 en Venezuela; sobre la “deplorable” condición de prestación de servicio público de gas doméstico en el país y la presunta relación con explosiones que han costado la vida a habitantes del estado Monagas; y sobre los “avances” de la AN y el gobierno interino en la atención de la emergencia humanitaria compleja, con el apoyo de países aliados.
Las sesiones se realizan a través de la plataforma Zoom, y son transmitidas en vivo a través de YouTube, y no están exentas de las complicaciones de conectividad en Venezuela.
Para diciembre de 2020, según el índice global del portal SpeedTest, este país se encontraba en la posición 157, de 176 que abarca el estudio, en cuanto a velocidad de internet, con 11,87 Mbps. En el mismo índice, Colombia figura en la posición 78, con 44,81 Mbps.
ANDREÍNA ITRIAGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
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