Así obligan a los venezolanos a cumplir con la cuarentena en el país

En el barrio Ojo de Agua, del municipio caraqueño de Baruta, como en otras zonas de Venezuela, imponen, por las malas, el cumplimiento de la cuarentena y el uso del tapabocas.

Cada día, al final de la tarde, funcionarios de la policía municipal hacen un recorrido por sus calles, y al que encuentran sin tapabocas, lo llevan frente al módulo de la policía y lo obligan a hacer flexiones y a repetir: “Debo usar el tapabocas”.

Varios de los hijos y nietos de Trinidad, habitante de la zona, han vivido esta experiencia, incluso el menor, de 12 años. Mientras lo cuenta a EL TIEMPO, sin embargo, ella ríe.

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En zonas populares como la suya, están acostumbrados a abusos peores por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes en los primeros cinco meses de este año habrían cometido más de 400 ejecuciones extrajudiciales.

De hecho, hacer ejercicios por unos minutos u horas parece poca cosa cuando se conocen historias como la de Carlos Alberto Arraiz, un hombre de 36 años que habría sido ejecutado por funcionarios de este grupo, tras haber sido detenido a principios de mes en otra zona de la ciudad por no usar el tapabocas.

Los funcionarios habrían alegado que el hombre se había enfrentado a ellos, pero sus familiares han sostenido que fue ejecutado por tener antecedentes penales. Lo del tapabocas fue una excusa que Trinidad prefiere evitar. Por eso, cada vez que sus hijos y nietos salen, les recuerda: “¡El tapabocas, mijo!”.

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Pero usarlo no los exime. En una de estas noches de agosto, el mayor de los nietos de Trinidad regresaba a casa, a medianoche, cuando fue detenido por policías que lo trasladaron hasta una alcabala móvil que habían colocado en uno de los accesos al barrio.

Lo pusieron a hacer ejercicios, en plena avenida, junto a otro grupo de hombres. Todos repetían: “No debo estar en la calle”. Pasada la 1:00 am seguían en el sitio. Afortunadamente, los dejaron ir.

Trinidad sabe que los suyos han corrido con suerte. Cada noche ve desde su balcón cómo suben al barrio motos y vehículos negros, que asegura son de las FAES, que tienen el control nocturno de la zona, y bajan “llenos de gente” que, según ella, estaba en fiestas o sin tapabocas.

Organizaciones como Transparencia Venezuela han alertado que el régimen de Nicolás Maduro ha aprovechado la coyuntura para incrementar el control social.
En zonas más favorecidas no se salvan. A principios de mes, un grupo de jóvenes que hacía ejercicios en la urbanización La Lagunita, al sureste de Caracas, fue trasladado por funcionarios policiales hasta el módulo policial más cercano, donde pasaron la noche.

Historias como estas se repiten en otros puntos de la ciudad y del país. Y no son recientes.

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Al final de una tarde abril, cuando apenas había transcurrido un mes de la cuarentena por la covid-19, Ricardo, un hombre de 60 años, decidió salir a caminar un rato por los alrededores de su edificio en la ciudad costera de Lechería, en el estado oriental de Anzoátegui, para recibir un poco de aire fresco tras varias semanas de encierro absoluto.

No pasó mucho tiempo antes de que llegara una caravana de motos y, más atrás, un autobús. Los funcionarios de la policía municipal, que años atrás había sido intervenida por el Gobierno nacional, lo obligaron a él y a otros que estaban en el sitio paseando a sus mascotas o haciendo ejercicio, a subir al autobús.

Recorrieron otras zonas de la ciudad, con mascotas incluidas en el viaje, e iban recogiendo a más personas, incluso “a punta de pistola”, según el relato de Ricardo a EL TIEMPO.

Una vez en la Comandancia, los hicieron esperar. Luego, el “policía malo”, como lo describe, les dio un discurso en el que les decía que “agradecieran” estar ahí y no en la India, donde, en sus palabras, les caían “a palo” a las personas que, como ellos, incumplían la cuarentena.

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A los que se quejaban por un trato que Ricardo describe como hostil, los amenazaban con pasar la noche en un calabozo. De hecho, esa era una de las tres alternativas que les ofrecían, además de pagar una multa o hacer trabajo comunitario.

En un país donde los centros de reclusión preventiva se han convertido en un sistema penitenciario paralelo, todos descartaban la opción de ir a calabozos.
En el grupo predominaban las personas mayores de 40 años, sin embargo, el policía escogió al azar a uno de los jóvenes y le ordenó explicar a los demás cómo hacer flexiones y otros ejercicios que la mayoría no podía hacer.

“Fue abusivo, quiso imponer la autoridad”, recuerda Ricardo.

Cerca de las 10:00 pm, cuatro horas después de haber llegado a ese lugar, el director de la policía los dejó ir, no sin antes hablarles, nuevamente, del peligro del virus, de que debían tener cuidado, y de insistirles que no debían volver a salir. “Están fichados”, les advirtió.

En Mérida, al otro extremo del país, un grupo de jóvenes vivió una experiencia similar, aunque estos aseguraron haber sido “extorsionados” por los funcionarios.
Conductores de Caracas han hecho la misma denuncia en las semanas de cuarentena radical –que se intercalan con las de flexibilización–, cuando para movilizarse por la ciudad deben sortear alcabalas que se colocan sobre todo para pasar de un municipio a otro.

Para algunos de los funcionarios asignados a estos puntos, ha sido la oportunidad de hacer un negocio. “Dame 20 dólares y te dejo pasar todos los días de las próximas dos semanas”, habría dicho uno de ellos a una mujer con salvoconducto del sector salud, que intentaba movilizarse del este de la ciudad hacia el centro, por motivos laborales.
Otros denuncian que les han pedido 10 dólares por pasar una única vez por un punto, o “cualquier cosa” que tengan en el carro.

A propósito de estos abusos, el viernes pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un documento en el que alerta que el régimen de Maduro utiliza precisamente la pandemia para expandir un brutal régimen policial.

Este informe presenta 160 casos de personas que han sido objeto de detenciones arbitrarias, golpizas y toda serie de violaciones de derechos humanos.

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Entre tanto, Nicolás Maduro ordenó este domingo retomar el confinamiento reforzado, vigente desde mediados de marzo para frenar el avance del covid-19, por una semana en todo el país, en medio de una escalada de contagios.

"¡Todos a prepararnos para siete días de cuarentena verdaderamente radical!", expresó el mandatario socialista en un pase telefónico transmitido por la televisora gubernamental.

Venezuela acumula 45.868 casos confirmados y 381 fallecidos por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales, en medio de una aceleración de contagios en este país de 30 millones de habitantes.


ANDREÍNA ITRIAGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON