Así funciona el único centro de atención al migrante en Colombia

De todas las posibles respuestas que un venezolano puede dar sobre por qué salir de su país, la de Odaly, de 18 años, ha sido la más certera que he escuchado. “Si me quedaba un día estaba convencida de que me iba a morir, me iba a morir de hambre”. Responde casi sin pensarlo. Lo dice en un tono bajito, pero con la seguridad que tiene alguien cuando algo le sale del alma.

La pregunta no iba para ella, sino para su esposo Alberto Solano, de 24 años, quien hace dos años y medio tomó camino por la Avenida Las Delicias de Maracaibo, se metió junto con Odaly en un camión y luego, a pie, cruzaron eso que en el papel llaman frontera y que para ellos, como para la mayoría de los lugareños, no es más que una zona a donde vienen desde pelaos.

Su única parada, hasta ahora, ha sido Maicao. Llegaron casi por inercia, por la familiaridad del lugar, porque un amigo de un amigo les dijo que había posibilidad de hacer “trabajitos”, porque el hermano de una tía quizás podría ayudarlos, porque si los colombianos cruzaron también la frontera cuando lo necesitaron, pues ellos también podían pasar ahora que no hay nada en su nevera. Ahora que no hay nevera.

Se instalaron en la “plaza” de mercado que no es más que un par de calles donde hay carpas y puestos de teja y madera con ñame, plátano, naranjas, productos de aseo, pescados flacuchos (y algo de contrabando). Durante más de 700 días durmieron en las calles del pueblo, sobre esteras, en chinchorros, en las bancas del parque o en terrazas que alquilan los vecinos.

Hace cinco meses, EL TIEMPO hizo un reportaje sobre la constante guerra que hay allí por controlar las trochas por donde pasan los venezolanos y pudimos constatar que la imagen de personas durmiendo en el suelo se repetía por todo Maicao.

“Yo pensé que el viaje había sido lo más difícil, pero no sabía lo que me esperaba. Aquí dormimos en la calle. Al sol y al agua y con mi esposa embarazada. Pero me vine a ver si tan siquiera podía comer las tres comidas porque en Venezuela por más que trabajaba no lo lograba. Fue difícil, pero al menos podía comer”, relato Alberto.

Odaly, que ahora tiene una niña de dos meses, perdió a sus gemelos durante esa época. Apenas tenía 16 años y su cuerpo no aguantó. “Yo pienso en ellos mucho, imagínese que mis bebés se murieron y yo ni les vi la carita. La situación estaba dura, dura y yo andaba muy enferma. No los pude tener”, afirma con una resignación extraña, como si en el fondo quisiera decir que fue mejor así y al mismo tiempo su herida estuviera siempre abierta.

Mientras tanto, Alberto trabajaba como carretillero en la plaza de mercado o, a veces como ayudante en la terminal de transporte, un lugar caótico a donde llegan dos clases de viajeros: los que trabajan en Riohacha y vuelven a Maicao a dormir, y los venezolanos que pueden pagarse el pasaje desde la frontera.

La situación de Alberto y Odaly es apenas la punta de la crisis humanitaria de La Guajira. El departamento atraviesa escasez de agua, pobreza extrema y tiene el más alto nivel de necesidades básicas insatisfechas (65,2%) en todo el país. Además, ha sido víctima de la corrupción, el dinero de las regalías por el petróleo ha sido robado a manos llenos y durante los últimos seis años ha tenido unos seis mandatarios regionales y locales.

La Guajira es el tercer departamento con más venezolanos en el país (11,9 %), después de Bogotá y Norte de Santander. El paso y la permanencia de esta población ha significado un reto que aún no encuentra salida.

No solo es la frontera porosa en Paraguachón que impide un registro formal de quién entra y quién sale, también es la poca oferta de empleo, incluso para los locales, y la presión que le supone a un departamento 147.323 venezolanos que, de acuerdo con Migración Colombia, viven actualmente en La Guajira.

Ese panorama llevó a la construcción del primer y único Centro de Atención Integral (CAI) para población migrante o colombianos retornados de Venezuela.

El clima guajiro es inclemente. No hay sombra para escapar del sol y de la temperatura, que puede alcanzar los 38 grados centígrados.

El CAI fue montado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, en un terreno cedido por la Alcaldía de Maicao. Es un lugar agreste, árido y difícil. Las 60 carpas, de la primera de las cuatro fases que se tienen contempladas, están dispuestas sobre una arena con piedras finitas que al menor soplo del viento se meten en los ojos, la nariz y la garganta.

Hay unos seis contenedores blancos convertidos en oficinas donde opera el Consejo Danés de Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés), el Consejo Noruego para los Refugiados, Acnur, Aldeas Infantiles, Programa Mundial de Alimentos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Defensa Civil, Cruz Roja Internacional y Programa Mundial de Alimentos. Otras más no están en el centro, pero brindan ayudas.

También hay zona de lavaderos, duchas, dos áreas comunes con sillas y un restaurante donde se reparten tres comidas diarias. Entre marzo y abril se repartieron 36.514 raciones de comida.

También hay un lugar para niños que hace las veces de jardín infantil para los menores de 9 años y de “colegio” para los más grandes.

“Ellos tienen la percepción de que están en el colegio y nosotros no le quitamos esa idea. Ellos han estado mucho tiempo por fuera o sin reglas o pautas de crianza y eso es lo que hacemos aquí. Les damos estructura. Saben que las clases empiezan a las 8 y que se acaban a las 11:30 a.m. y en la tarde tienen otro horario. Se distraen, les ponemos actividades, les hablamos de autocuidado, de derechos y deberes, etc”, explica una de las personas que trabajan con los niños en el CAI, pero quien no quiso que su nombre fuera revelado.

248 niños, niñas y adolescentes han sido beneficiados con este espacio. Casi todos con altos índices de vulnerabilidad.

“Para los niños no es difícil adaptarse a este entorno. Ellos vienen cargados porque vivir en calle durante, no sé, los últimos seis meses es muy difícil. Pero se incorporan bien y vuelven a ser niños. De todas maneras siempre estamos pendientes de sus actitudes, de sus dibujos, de lo que plasma en ellos, de cómo los hace para detectar si hay maltrato, si hay abuso, si hay algo que le molesta”, dice la misma fuente.

“Yo todavía no he llevado a mi bebé porque está muy chiquita, tiene apenas 10 meses y no le gusta estar sin su mamá”, dice Odaly mientras juega con su pequeña.

Su aspecto no es el de mamá, sino el de una hermana mayor. Odaly podría perfectamente decir que tiene 14 años y nadie lo pondría en duda, pero entre los ojos despiertos al mundo y curiosos por todo, hasta por el celular que la está grabando, hay un discurso de alguien cuya esperanza, a veces se apaga.

“Alberto es peluquero, ojalá que después que salgamos de aquí, pueda ser empleado en algo o de pronto nos puedan ayudar para montar una peluquería y yo le ayudo, pero quién sabe. Hasta de pronto nos toque volver a la calle”, afirma.

Por regla, las personas que entran al CAI solo pueden permanecer 30 días, aunque el personal de Acnur afirma que en algunos casos se les pueden dar extensiones por la vulnerabilidad que presentan.

La salida no solo inquieta a Odaly, también a Katerine Méndez, quien llegó a Colombia en marzo proveniente de Cabimas, una ciudad en el estado Zulia, a 808 kilómetros de Maicao. Katerine tiene dos hijos y está esperando un tercero.

“Estamos viendo qué hacer porque a nosotros solo nos dieron cuatro semanas de permanencia”. Mi esposo está saliendo a Maicao para ver si se puede enganchar en un trabajo, porque trabajo hay, pero por los papeles es difícil conseguirlo. Por ahora está haciendo, como decimos nosotros “marañitas”, trabajitos temporales, pero no ha conseguido un trabajo estable”, relata Catherine.

Su salida de Venezuela, a la que jura que volverá cuando “todo eso” acabé, se vio forzada por los constantes apagones que sufre el país vecino desde hace tres meses.

“Nosotros vivimos en una ciudad costera, con mucho calor. Los niños estaban desesperados de tomar poca agua y encima de todo caliente. En Cabimas había saqueos sin control y eso hacía que fuera cada vez más difícil comprar alimentos. No teníamos ventilador, no servía nada. Nos enteramos del centro, empacamos y nos vinimos. Apenas estuve una noche durmiendo en la calle, pero no quiero que mis hijos pasen por eso nunca más”, asegura.

Transitoriedad es una palabra que todas las autoridades en La Guajira y, especialmente en el CAI, repiten sin parar. Es su forma de advertir dos cosas. La primera que, aunque el centro de atención luce igual a los campamentos de refugiados que se ven por la televisión y que albergan a dolientes de guerras o a quienes del otro lado del mundo también escapan de su tierra, no son lo mismo. Y la segunda que a lo que el Gobierno debe apuntarle es a una solución a largo plazo.La carta de entendimiento firmada entre entidades del gobierno Nacional y Acnur para la ejecución de este proyecto lo dice varias veces:

Qué Catherine, Alberto o Odaly no vuelvan a dormir en la calle no es algo que se puede prometer a pie juntillas. Muchas veces porque las personas en situaciones de vulnerabilidad no desean la ayuda o porque se van a otra ciudad y el proceso de ayuda queda incompleto.

Otras más porque no existen políticas públicas claras para atender a la población y, sobre todo, a quienes salen del CAI, que en definitiva es un centro operado por terceros, pero del que debería hacerse cargo el Gobierno.

“Sabemos que la ayuda es insuficiente y que Maicao es el municipio con el que más tenemos retos para enfrentar esta y muchas problemáticas. El centro de atención es de carácter transitorio y estamos conscientes de que, aún con todos los servicios que se ofrecen, es posible que la situación de las personas una vez salgan del CAI no cambie”, le aseguró Felipe Muñoz, gerente de Frontera, a EL TIEMPO.

Fuentes cercanas al proceso afirman que, aunque el gobierno administra el CAI, eso no quiere decir que lo supervise. Algunas personas dentro del centro manifestaron que la información a veces no es claro y temen por el momento en que se acaben los 30 días.

“La cooperación internacional ha sido claven en todo esto porque no hay presupuesto para ello. Es cierto que algunas cosas han tenido que darse sobre la marcha, pero llevamos apenas dos meses y necesitábamos ver cómo iba a ser la experiencia con el primer grupo que salió. Hoy Mercy Corps hace entregas de dinero, aunque no directamente a las personas, para que puedan pagar un arriendo y que la situación de calle no vuelva a existir. Lo que necesitamos es que mecanismo que permitan que estas personas tengan una oferta nacional”, explica Múñoz.

En las hojas de seguimiento entregadas por Acnur, con corte a abril, se evidencia que entre las necesidades que tiene el CAI está la de una “estrategia de salida que facilite la integración de los beneficiarios y permita garantizar el sistema de rotación”.

También “mejor seguimiento de casos/conexión con socios en Maicao en la preparación de la salida o después de la salida de los beneficiarios”. Y por último “fondos adicionales para realizar la fase 2, 3 y 4”.

Todas estas necesidades son tareas que el Gobierno aún no ha hecho. La última es quizás una de las más importantes porque la construcción de las siguientes fases permitiría que se atendiera, por lo menos, a unas 1.200 personas.

Lo cierto, más allá de las consideraciones del trabajo del Gobierno y la certeza de que se necesita con urgencia planes a largo plazo, es que el CAI ha contribuido en disminuir las precarias condiciones en las que estaban las personas que pasaban por una frontera tan compleja como la que existen en La Guajira.La migración venezolana necesita ser parte de los proyectos duraderos de Colombia porque es un fenómeno que nos cambió para siempre.

CINDY A. MORALES
Subeditora de ELTIEMPO.COM
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