Casi en la clandestinidad, sepultaron al policía rebelde Óscar Pérez

Casi en la clandestinidad, sepultaron al policía rebelde Óscar Pérez

Sin velorio ni despedida, el gobierno de Maduro apenas permitió la presencia de una prima y una tía.

Entierro de Óscar Pérez

Solo después de su sepultura, la Guardia Nacional permitió los homenajes póstumos para el policía Pérez.

Foto:

Miguel Gutiérrez / EFE

Por: Valentina Lares Martiz
21 de enero 2018 , 10:00 p.m.

Seis días después de su muerte y todo tipo de intentos para cremar el cuerpo de Óscar Pérez, las autoridades del régimen venezolano llevaron los restos del piloto al cementerio del Este, en Caracas, la madrugada de este domingo, y lo enterraron en un acto que terminó a las 7:30 de la mañana, solo en presencia de una tía y una prima del fallecido.

Las familiares pidieron que les abrieran el féretro para comprobar la identidad de Pérez y ratificaron su identidad. No hubo despedidas, ni velorio ni actos, apenas una misa tras cubrir el féretro de tierra, grama y una bandera de Venezuela.

“Como ellos tienen más rango que uno, ellos son los que mandan. Así lo decidieron, y nuestra palabra no tuvo valor. Querían evitar que la población viniera a apoyarlo”, dijo la prima, Maryori Perdomo.

La Guardia Nacional, que desde el sábado custodió el camposanto en donde fueron enterrados, también sin pompas fúnebres, José Díaz Pimentel y Abraham Agostini, dos de los seis compañeros de Pérez acribillados junto con él el lunes pasado, solo permitió el paso a partir de las ocho de la mañana.

Desde esa hora, cientos de personas llegaron hasta la tumba del piloto a presentar sus respetos y orar por quien ahora consideran un héroe que se inmoló tratando de “salvar a Venezuela”. El entierro forzado y sin allegados de Pérez es considerado por abogados defensores de derechos humanos y diputados que han acompañado a la familia, una nueva violación a los derechos de la familia en este caso, un abanico completo de irregularidades desde el primer momento.

Sin embargo, la máxima sorpresa ocurrió la noche del sábado, cuando el padre de Pérez, de nombre Óscar Reyes, acudió a la morgue solicitando el cuerpo y pidiendo su cremación, tal y como quería el gobierno.

Rápidamente, la madre de Pérez, Aminta Pérez, actualmente en el exilio, publicó a través de las redes sociales un video para exigir la entrega del cuerpo a su hermana, Aura Pérez, pues el padre del piloto había sido una figura ausente en la vida de él, y ni siquiera lo reconoció como hijo propio ante la ley.

Esta rápida reacción y la enorme presión puesta por la sociedad civil venezolana lograron que finalmente el cuerpo no fuera incinerado.

Entre quienes se opusieron tajantemente a la cremación de los cuerpos se encuentran los funcionarios de la medicatura forense de la morgue de Bello Monte, quienes soportaron tremendas presiones pero cumplieron con deberes claves: la creación fidedigna de las actas de defunción de los caídos, la entrega del documento a sus familiares y el cumplimiento de la ley al respetar los deseos de la familia de no cremar los cuerpos.

Siempre se temió que el objetivo del régimen hubiese sido borrar de los cuerpos cualquier evidencia de que los rebeldes hayan muerto en una ejecución extrajudicial y no en un cruce de disparos, como reza el relato oficialista.

Estos supuestos, que se cumplen al pie de la letra y sin aspavientos en cualquier caso, en este se convirtieron en un verdadero forcejeo con el Estado venezolano, y cada paso, en un triste éxito para los familiares, que fueron maltratados durante una semana con retrasos y amenazas para ceder a la cremación.

Además de Pérez, Díaz Pimentel y Agostini, todos enterrados en actos exprés y casi sin presencia de familiares, los cuerpos de los otros tres miembros del grupo, los hermanos Abraham y Jairo Lugo y Daniel Soto, fueron llevados el sábado al estado Zulia, y el de Lisbeth Ramírez, la única mujer, al estado Táchira.

Este lunes, en la Asamblea Nacional se presentará el informe sobre el operativo que segó la vida a Pérez y sus seis compañeros, así como a dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que participaron en el asedio.

Tras conocerse que Pérez, Díaz Pimentel y Agostini murieron por impacto de bala en la cabeza —según consta en las actas de defunción—, la diputada opositora Delsa Solórzano, quien lleva la investigación parlamentaria, ha dicho que en el operativo podría detectarse un “patrón de ajusticiamiento” que puede llevarse a tribunales internacionales para determinar la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas (Venezuela)

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