No hay peor cuña que la del mismo palo. Luego de remover a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, el régimen de Nicolás Maduro va por la cabeza de su esposo, el diputado Germán Ferrer, a quien acusó este miércoles formalmente de dirigir una red de extorsión que cobró al menos seis millones de dólares a empresas contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que estaban siendo investigadas por presuntos hechos irregulares en la faja petrolífera del Orinoco.
El oficialismo designó fiscal general a Ortega Díaz en 2007, y en 2014, vulnerando los requisitos establecidos en la Constitución, le extendió el mandato por otro periodo de siete años.
Por su parte, Ferrer ha formado parte de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde 2005. Sin embargo, luego de que Ortega Díaz denunció a finales de marzo pasado la ruptura del orden constitucional y ambos se distanciaron de Maduro, el régimen chavista los tacha de corruptos y ahora pretende meterlos en la cárcel.
“No tiene nada que ver con su posición política. Si yo hubiese tenido estas denuncias hace seis meses, igual las habría hecho”, dijo el primer vicepresidente del PSUV y miembro de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, quien consignó ante el Ministerio Público los documentos que supuestamente prueban la existencia de una “gran red de extorsión” conformada por Ferrer y antiguos colaboradores de la fiscal Ortega Díaz.
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, adelantó que solicitará al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, “que libre una orden de captura en contra del parlamentario”, y añadió que pedirá a la constituyente “que inicie el proceso de allanamiento a la inmunidad parlamentaria” de Ferrer.
También exhibió unos papeles en los que supuestamente consta que Ferrer abrió varias cuentas en divisas en bancos de las Bahamas y aseguró que esta “red de extorsión” que operaba desde el MP tiene cuentas con montos que superan los seis millones de dólares.
Pero, de acuerdo con la actual Carta Magna del país, solo el Poder Legislativo puede levantar la inmunidad y autorizar la detención y enjuiciamiento de uno de sus integrantes.
Un par de horas después de entregar Cabello sus presuntas evidencias a Saab, medios locales y la misma fiscal a través de su cuenta de Twitter reportaron que fue allanado su departamento por el Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebín).
“En este momento, el Sebín allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela”, informó Ortega Díaz a través de la red social.
En otro mensaje, Ortega Díaz indicó que de esta forma, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el oficialista Diosdado Cabello “pretenden acabar” con la lucha de ella y su esposo “por la democracia y la libertad de los venezolanos”.
Horas antes, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, afirmó en Twitter: “Ahora se comprende la conducta de la señora Ortega Díaz. Queda claro que su conciencia se la pagaron en dólares. La señora Ortega Díaz convirtió al Ministerio Público en una industria criminal”.
Antes de ser destituida por la Constituyente el pasado 5 de agosto, la fiscal Ortega Díaz no solo cuestionó los abusos cometidos por los cuerpos represivos contra las manifestaciones de la oposición, sino que destapó el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y los contratistas de PDVSA, e inició una investigación sobre el presunto “fraude” en las elecciones de la Constituyente realizadas el 30 de julio.
Mientras en Caracas avanzaba la persecución contra quien se volvió una de las figuras más destacadas de la revolución chavista, desde Cuba llegaban imágenes de la visita “sorpresa” que hizo Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, a La Habana para rendir homenaje al difunto comandante Fidel Castro con motivo del 91.º aniversario de su nacimiento.
Por otra parte, la alférez de navío Eveling Gabriela Andrade López difundió un video en las redes sociales en el que se declara en rebeldía y expresa su apoyo al capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, este miércoles detenido por encabezar el asalto al Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo, el domingo 6 de agosto.
El comandante de la Armada, almirante Edglis Herrera Balza, respondió que Andrade López en estos momentos reside en Colombia y “no se encuentra desde hace cinco meses en nuestra Armada Bolivariana, ya que está en la condición de desertora, por lo cual se le ha abierto un juicio. No fue ascendida por mala conducta”.
La Asamblea Constituyente venezolana anunció este miércoles que examinará las candidaturas a las elecciones de gobernadores para impedir la postulación de políticos presuntamente envueltos en hechos de violencia. Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, dijo que pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que “envíe la lista completa de los postulados” para los comicios de octubre. El propósito es que “más nunca alguien ocupe un cargo y, prevaliéndose de esa posición pública, afecte la paz y la tranquilidad de Venezuela”, dijo.
Sancionan a joven violinista sacándolo de las callesAlfredo Romero, abogado y director de la ONG Foro Penal, informó que al violinista Wuilly Arteaga, quien se hizo popular por tocar ese instrumento durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, le impusieron ciertas restricciones luego de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció su liberación. “Las medidas sustitutivas impuestas a Wuilly Arteaga son presentación cada ocho días y prohibición de acudir a manifestaciones”, dijo Romero, quien además confirmó la liberación del joven y dijo que Arteaga se encontraba descansando.
“Ciertamente, a Wuilly la GNB lo liberó y lo dejaron en Altamira sin avisarnos. Ya apareció y está en resguardo”, escribió en Twitter el abogado.
El violinista de 23 años fue detenido el 27 de julio bajo los cargos de “instigación pública y posesión de sustancia incendiaria”.
Humberto Arteaga, hermano del violinista, reveló a través de un video difundido en las redes sociales que Wuilly había sido torturado por los militares que lo retuvieron. “La Guardia Nacional arremetió contra él, lo detuvo, lo golpearon y quemaron partes de su cuerpo”, aseveró.
PEDRO PABLO PEÑALOZA
Para EL TIEMPO