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El Salvador: ciudadanos canjean sus derechos por reducir violencia pandillera

NYT: Policías y soldados detienen a un hombre durante un operativo contra las pandillas este mes en Soyapango, El Salvador.

NYT: Policías y soldados detienen a un hombre durante un operativo contra las pandillas este mes en Soyapango, El Salvador.

Foto:Marvin Recinos/Agence France-Presse -- Getty Images

Residentes de barrios pobres que antes temían a los pandilleros dicen que les temen más a la Policía

 Los soldados llegaron al amanecer, cerrando un municipio entero en San Salvador, la capital de El Salvador, deteniendo automóviles, obligando a pasajeros a bajarse de autobuses y ordenando a los hombres que se levantaran la camisa para mostrar si tenían tatuajes pandilleros.
Para muchos en esta comunidad alguna vez infestada de pandillas, la demostración de fuerza fue bienvenida.
“Antes eran los mafiosos los que mandaban”, dijo María, dueña de una tienda que pidió no se usara su apellido por su seguridad. “Ahora, casi no hay pandilleros”.
Cuando la violencia pandillera en marzo dejó más de 60 muertos en un solo día, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales fundamentales.
Se suponía que la medida sería temporal, pero más de ocho meses después, el decreto de emergencia sigue vigente, el Ejército patrulla las calles, ocurren arrestos masivos a diario y las cárceles están llenas al tope.
Ahora, un informe de Human Rights Watch documenta arrestos arbitrarios, torturas y muertes bajo custodia.
El secretario de prensa del Presidente no respondió a una solicitud de comentarios, pero Bukele, en un discurso ante la Policía Nacional el mes pasado, rechazó las críticas internacionales y elogió a las fuerzas del orden. “Están trayendo paz al pueblo salvadoreño”, dijo.
La política de Bukele parece estar logrando algunos de sus objetivos: los vecindarios antes considerados poco seguros para ingresar están experimentando una relativa calma. Entre enero y fines de octubre, 463 personas fueron asesinadas en El Salvador, una caída del 50 por ciento en comparación con el mismo periodo el año pasado, según un documento de la policía nacional obtenido por Human Rights Watch y Cristosal, un grupo de defensa salvadoreño.
El Ministro de Seguridad del país afirma que los casos de extorsión, una fuente de ingresos clave para las pandillas, se han reducido en un 80 por ciento. Pero si los grupos criminales se han visto paralizados, también lo han sido muchas libertades civiles.
Desde marzo, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, ha aprobado legislación que permite a los jueces encarcelar a niños de tan sólo 12 años, limita la libertad de expresión, amplía el uso de la prisión preventiva y permite que fiscales y jueces juzguen a personas en ausencia.
Sin embargo, los índices de aprobación de Bukele se han mantenido por encima del 80 por ciento, lo que sugiere que muchos salvadoreños anhelan una mayor seguridad, incluso si eso significa un sistema más represivo.
El aumento de la violencia pandillera en países de la región ha llevado a algunos gobiernos a adoptar respuestas similares. El Gobierno de Honduras declaró el estado de emergencia el mes pasado en dos de sus ciudades más grandes. Jamaica impuso un decreto de emergencia similar el mes pasado en Kingston, la capital, y en otras partes del País.
Aún así, es probable que una caída en la violencia en El Salvador sea temporal si no se abordan las causas fundamentales, incluyendo la pobreza y la corrupción, advierten los analistas.
Y encarcelar a jóvenes que tal vez no hayan hecho nada malo podría resultar en una gran población de jóvenes descontentos que podrían ser reclutados más fácilmente por las pandillas.
“Políticas similares de encarcelamiento masivo y puño de hierro en El Salvador y el resto de la región han demostrado que a largo plazo no logran resultados sostenibles y provocan oleadas de violencia”, dijo Juan Pappier, de Human Rights Watch.
Cerca de 100 mil personas estaban en prisión hasta noviembre, más de tres veces la capacidad del sistema penitenciario. Al menos 90 personas han muerto bajo custodia desde que comenzó el estado de emergencia.
Algunos residentes de barrios pobres que antes temían a los pandilleros dicen que le temen más a la policía.
“El Gobierno te puede hacer cosas mucho peores”, dijo Hilda Solórzano, de 34 años, que vive en el pueblo de Jucuapa, en el este del País. Su hermano menor, Adrián, de 30 años, fue arrestado en abril y acusado de terrorismo. Ella dijo que su hermano no había hecho nada malo. El 5 de julio, representantes de una funeraria llegaron a la casa de la familia y dijeron que Adrián murió estrangulado mientras estaba bajo custodia. No estaba claro cómo fue asesinado o por quién.
Ahora, Solórzano teme que ella también pueda convertirse en un blanco porque ha estado denunciando el caso. “Temo que algún día van a decir: ‘Tú también estás arrestada’”.
Por: BRYAN AVELAR y OSCAR LOPEZ
Soyapango (El Salvador)
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