Los mexicanos están llamados este domingo a participar en la primera consulta popular que tiene el país a nivel federal. El objetivo de la votación es preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo en enjuiciar a los últimos expresidentes que ha tenido México.
De ganar el sí, el resultado solo será vinculante si el 40 por ciento de los electores acuden a las urnas. El presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) y su partido Morena se juegan parte de su capital político en esta votación, ya que fueron ellos, precisamente, quienes llevaron ante el Congreso y la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) esta consulta.
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La iniciativa, no obstante, ha sido duramente criticada por analistas y juristas, quienes en algunos casos la tacharon de “demagoga” y “populista”, y de carecer de impacto real para buscar justicia y reparación en el país.
La polémica, en primer lugar, se relaciona con que aún no hay claridad sobre cómo sería el eventual “juzgamiento” de los expresidentes. El Gobierno nunca acotó qué tipo de mecanismo de justicia se va a aplicar.
“Esta consulta es la primera que se hace en México de esta naturaleza a nivel federal (...), pero realmente no hay gran cosa en juego, sino batallas y disputas políticas (...). Lo que está en veremos es el prestigio de movilización política, al ser Amlo el principal promotor”, le explicó a este diario Javier Contreras, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Facultad de Derecho de la Unam.
Las críticas en contra también apuntan a por qué un Estado social de derecho debe consultarles a los ciudadanos si hay que investigar delitos de exmandatarios, lo que por definición debe cumplirse.
A propósito, la Oficina para Asuntos de América Latina de Washington (Wola) dijo: “La investigación de crímenes graves atribuidos a expresidentes u otros altos funcionarios es una obligación del Estado y un derecho de las víctimas que no puede depender legalmente de una consulta popular”.
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El expresidente de México, Enrique Peña Nieto.
Martin Bernetti / AFP
Diversos sectores coinciden en que la pregunta que se les hará a los votantes es extensa, confusa y ambigua.
La pregunta que están llamados a responder los mexicanos entre el sí o el no es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Esta consulta apunta específicamente a los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2021-2018).
En un principio, la pregunta iba a incluir los nombres de estos cinco exmandatarios, pero el alto tribunal decidió excluirlos, ya que, por norma, no se puede incluir nombres y apellidos de ninguna persona.
Según los promotores de la votación, el tema central de la consulta es que los expresidentes “rindan cuentas” ante la justicia mexicana por crímenes de lesa humanidad, el endeudamiento histórico y la cantidad de víctimas por el conflicto del narcotráfico.
“Lamentablemente, yo lo veo como un juego político demagógico. No creo que vaya a ganar el no, pero no creo que haya suficiente participación para superar el padrón electoral”, le comentó a EL TIEMPO Fernando Castañeda, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México (Unam).
Otro de los escollos es la participación, pues se requiere que al menos 37 millones de personas acudan a las urnas. Un reto mayúsculo porque las elecciones intermedias de junio tuvieron una participación del 53 por ciento y fue un dato histórico. “Una encuesta de El Financiero indica que más del 70 por ciento de mexicanos están de acuerdo con el sí. Lo truculento es que solamente el 33 por ciento está pensando en salir a votar”, agregó Contreras.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).
Efe
Amlo, desde que asumió el poder, se comprometió a acabar con la corrupción en el país, un flagelo que afecta a todas las esferas en el país. Un informe publicado en 2020 por la organización México Evalúa indica que el 92 por ciento de los delitos en México quedan impunes.
El país tiene una lista de episodios por esclarecer, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Acteal, entre otros, y la consulta puede ser un primer punto de partida para emprender una búsqueda de la verdad. Sin embargo, académicos opinan que este proceso de esclarecimiento no debe incluir solo a los expresidentes, sino a todas las instituciones del país y a sus diferentes cadenas de mando.
“En un proceso de justicia transicional debe haber metodologías y formas de trabajo. No se pueden concentrar solo en los jefes de Estado. Hay que ver a las Fuerzas Armadas y las instituciones que jugaron algún papel en estos episodios (...). Es muy lamentable que la primera consulta a nivel federal sea una pregunta de claroscuros”, apuntó Castañeda.
Amlo ha mantenido una actitud errática frente a esta consulta, pese a ser su principal impulsor. Si bien ha apoyado la consulta desde un primer momento, apelando a la voluntad popular y como ejemplo de su lucha contra la corrupción, ha criticado que la pregunta sea “poco clara” por no citar a los expresidentes. Además, criticó en varias ocasiones a la autoridad electoral mexicana por falta de difusión de la consulta.
No obstante, el presidente dice que no votará para no fomentar la “venganza”. “No voy a participar, pero, aunque parezca contradictorio, sí considero que los ciudadanos, todos, deben participar”. Se esperan resultados parciales de la votación en la noche de hoy, pero los datos definitivos se conocerán en un plazo de 48 horas.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
* Con información de Efe
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