En los últimos meses, Líbano, Jordania y Túnez derogaron de sus códigos penales los beneficios que le permitían a un violador eludir la pena si se casaba con su víctima, mostrando avances en sus legislaciones para proteger los derechos de las mujeres. Además, se convierten en un ejemplo para países que, como Libia, Irak, Argelia, Palestina, Siria, Baréin y Kuwait, conservan leyes similares.
El pasado 16 de agosto, Líbano derogó el artículo 522 del Código Penal que permitía esta práctica. En ese país, colectivos de activistas lanzaron impactantes campañas, entre estas, la del grupo de derechos humanos ABAAD, que instaló vallas con imágenes de mujeres vestidas de novia y cubiertas de sangre, con el lema: ‘A white dress doesn’t cover up rape’ (‘Un vestido blanco no cubre una violación’).
“La campaña de ABAAD sensibilizó a la opinión pública libanesa sobre la existencia del artículo 522. Antes de la campaña, solo el uno por ciento de la población sabía de la existencia de este artículo discriminatorio, aunque su aplicación fuera común por cuestiones de ‘honor’. Las organizaciones de mujeres llevábamos más de 15 años buscando eliminar esta ley, así que celebramos el resultado de una larga batalla”, aseguró a EL TIEMPO Soulayma Mardam, directora del programa de políticas de igualdad de género de esta ONG.
Otro de los países que recientemente anuló esta ley fue Jordania. El pasado 1.° de agosto, el Parlamento jordano derogó el artículo 308 del Código Penal, que data de 1960 y que permitía a un condenado de violación evitar la pena si contraía matrimonio con su víctima. A pesar de que aún depende de su aprobación en el Senado, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres destacan el avance.
Por su parte, Túnez derogó el pasado 26 de julio el artículo 227 del Código Penal que permitía esta práctica y, además, aprobó una ley integral para luchar contra la violencia de género, una apuesta pionera por los derechos de las mujeres en el mundo árabe.
No obstante, de acuerdo con organizaciones de derechos de las mujeres en ese país, todavía hay dos cuestiones jurídicas pendientes: la primera, el hecho de que los hombres siguen siendo considerados como "cabeza de familia"; y la segunda, que a las mujeres se les asigna solo la mitad de la herencia de lo que les corresponde a los hombres que tienen el mismo grado de relación con el fallecido.
“Hay todavía un largo camino por recorrer, desafortunadamente es muy difícil cambiar las mentalidades y que realmente las leyes se apliquen a cada niña y mujer para que esté totalmente protegida, y si algo sucede, que tengan todas las garantías para reclamar y obtener justicia”, afirmó Bredan Wynne, vocero de Donor Direct Action, organización estadounidense que busca fortalecer los derechos de las mujeres en el mundo.
Queremos seguir apoyando la defensa y el litigio estratégico regional e internacional sobre el terreno, para cambiar la realidad de las mujeres y las niñas, y promover la igualdad bajo la ley
Uno de los casos que más indignó a la comunidad internacional fue el de Amina Filali, en Marruecos, una joven de 15 años que fue violada y obligada a casarse en el 2012 con su agresor y quien meses después del matrimonio decidió suicidarse.
La movilización por este caso fue tal, que llevó a que se debatiera en el país la necesidad de derogar esta ley. Luego de dos años de trámite, en el 2014, el Parlamento marroquí puso fin a esta práctica que favorecía a los violadores por encima de los derechos de las víctimas.
Por lo pronto, algunos países que tienen legislaciones similares les están siguiendo los pasos a Marruecos, Jordania, Líbano y Túnez. En el caso de Argelia, se han presentado algunos avances en protección de los derechos de las mujeres para llegar a la derogación del artículo 326 que contempla el perdón para el violador si se casa con su víctima, como la aprobación en diciembre del 2015 de la Ley Nº 15-19, la cual penaliza algunas formas de violencia doméstica en su Código Penal.
Sin embargo, Mardam advierte sobre las falencias de esta ley y la necesidad de crear mecanismos de protección más sólidos para las mujeres: “Al no proporcionar una definición amplia de la violencia doméstica se permite que no se cumplan las penas o que las condenas sean reducidas si las víctimas perdonan a sus agresores, lo que a menudo puede lograrse a través de presiones sociales y económicas”.
Según Antonia Kirkland, directora del programa de Igualdad Jurídica de la organización Equally Now, para que haya un cambio y un acceso real a la justicia para las mujeres, “todos los Gobiernos deben revisar exhaustivamente sus leyes de abuso sexual para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones en el derecho internacional y sus compromisos bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para proteger y promover los derechos de las mujeres y las niñas”.
Para lograr que estos avances continúen, las organizaciones piden el apoyo de la comunidad internacional y el seguimiento a los debates sobre estos asuntos. Donor Direct Action y Equalliy Now reemiten los fondos recaudados a los países en los cuales tienen presencia y brindan apoyo estratégico a los grupos de mujeres que luchan por sus derechos y que están impulsando los cambios y las transformaciones locales. “Queremos seguir apoyando la defensa y el litigio estratégico regional e internacional sobre el terreno, para cambiar la realidad de las mujeres y las niñas, y promover la igualdad bajo la ley”, dice Kirkland.
Sin embargo, los expertos coinciden en que el arraigo cultural a estas leyes, que para muchos permite evadir el escándalo y el desprestigio cuando una mujer de su familia es violada, sigue siendo muy fuerte, pero no puede estar por encima de los derechos humanos. "Castigar a la víctima de una violación obligándola a casarse con aquel que le ha infligido un crimen atroz es una idea intolerable y que no tiene lugar en el mundo actual", declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.
DIANA RINCÓN HENAO
Redactora de ELTIEMPO.COM
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