Varias ONG israelíes entregaron este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de Israel un recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada ley de regularización de colonias judías en Cisjordania, en la que es la primera apelación contra esta polémica iniciativa.
La justicia dio 30 días al Estado para que presente su defensa de la polémica ley ante esta demanda. “Obviamente no podemos saber el resultado de antemano, pero somos optimistas”, dijo Tom Mehager, director de comunicaciones de una de las ONG que firman la iniciativa, Adalah, un centro legal que defiende los derechos de la minoría árabe de Israel y de los palestinos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.
El recurso fue presentado por los abogados de la ONG Suhad Bishara y Myssana Morany, junto al Centro Al Mezan para los Derechos Humanos en Jerusalén y el letrado Saliman Shahin, del Centro Jerusalén de Asesoría Legal y Derechos Humanos, al considerar que abre la puerta a “vastas expropiaciones de tierras privadas palestinas”. Las organizaciones representan a 17 municipios palestinos de Cisjordania sobre los que están levantados algunos de los asentamientos.
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“Esta peligrosa ley de carácter general permite la expropiación de grandes extensiones de tierra palestina de propiedad privada, concediendo una absoluta preferencia a los intereses políticos de Israel como potencia ocupante y a los colonos israelíes que viven en el territorio palestino ocupado”, advirtió Bishara.
La ley, aprobada el lunes pasado por el parlamento y que ha generado una ola de condenas, contempla la posibilidad de que se regularicen retroactivamente en la legislación israelí medio centenar de colonias que no habían sido autorizadas por el Gobierno.
Además, paraliza durante un año los casos abiertos sobre 16 de estos asentamientos, aunque no afecta a aquellos edificios que ya tienen orden de derribo.
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Debido a su presunta inconstitucionalidad, el asesor jurídico del Gobierno, Avijai Mandlblit, se negó a defenderla en el Supremo, y hasta el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, advirtió en el Consejo de Ministros que acabaría llevando a sus miembros “al tribunal de La Haya”. Netanyahu, que dejó pasar la ley por las presiones políticas de su ministro de Educación, el ultranacionalista Naftalí Benet, espera sin embargo que el Supremo la revoque.
EFE
