La Justicia internacional investigará por primera vez posibles crímenes de guerra cometidos en territorio palestino por las fuerzas armadas israelíes y por grupos terroristas palestinos como Hamás o la Yihad Islámica.
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Cinco años después de abrir las primeras diligencias y apenas un mes después de declararse competente, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad de La Haya (Países Bajos), anunció este miércoles la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra.
El pasado 5 de febrero la CPI se declaró competente para juzgar esos crímenes, a pesar de que Israel no reconoce a la Corte, porque los jueces estimaron que los territorios palestinos ocupados son parte del Estado palestino, que la CPI sí reconoce.
Los jueces dijeron entonces que “la jurisdicción territorial de la CPI en la situación de Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, conocidos como Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este”.
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La jurisdicción territorial de la CPI en la situación de Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, conocidos como Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este
La fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, que dejará el cargo en mayo, confirmó este miércoles en un comunicado “la apertura por la oficina de la Fiscalía de la CPI de una investigación sobre la situación en Palestina”. Bensouda dijo que la investigación será “independiente, imparcial, objetiva y sin miedo ni favoritismos”.
En diciembre de 2019, la fiscal estableció en un informe preliminar que había “una base razonable para creer que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza”. Como posibles perpetradores de esos crímenes, la fiscal apuntaba tanto a las fuerzas armadas israelíes como a grupos armados palestinos como Hamás.
Bensouda consideraba que las fuerzas armadas israelíes lanzaron ataques desproporcionados y que llegaron a atacar “intencionadamente” a personas y objetos que llevaban claras identificaciones de las Convenciones de Ginebra. También establecía que tenía “bases razonables para pensar que miembros de Hamás y de otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra” al atacar a civiles y cometer torturas.
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Entonces la fiscal dijo a los jueces que se centraría en los posibles crímenes cometidos en el conflicto entre Israel y Hamás de 2014, en la política israelí de asentamientos –en territorios palestinos ocupados según las distintas resoluciones de Naciones Unidas- y en la respuesta israelí a las protestas en la Franja de Gaza.
Tras el anuncio de la Fiscalía de la CPI, el canciller israelí, Gabi Ashkenazi, dijo en un comunicado que la investigación “es una decisión política de una fiscal en el final de su mandato que transforma la CPI en un instrumento en manos de extremistas y de organizaciones antisemitas y que consagra el fracaso moral” de esta corte”.
Defenderemos a cada soldado, a cada oficial, a cada civil y les prometo que vamos a pelear por la verdad hasta que esta decisión escandalosa sea anulada
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Maya Alleruzzo. AFP
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la decisión de la CPI “es la esencia misma del antisemitismo y de la hipocresía. Defenderemos a cada soldado, a cada oficial, a cada civil y les prometo que vamos a pelear por la verdad hasta que esta decisión escandalosa sea anulada”.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) aplaudió como ya hizo en febrero cuando la CPI dictaminó que tenía jurisprudencia sobre lo ocurrido en los territorios palestinos. La cancillería palestina explicó en un comunicado que “los crímenes cometidos por los dirigentes de la ocupación israelí contra el pueblo palestino, que son crímenes continuos, sistemáticos y generalizados, hacen que la investigación sea necesaria y urgente”.
La ANP pidió “a todos los Estados parte (de la CPI) que respeten sus responsabilidades y no politicen el desarrollo de esta investigación independiente”.
De otro lado, EE. UU. manifestó su desacuerdo. “Nos oponemos firmemente y estamos decepcionados por el anuncio del fiscal de la CPI”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Amnistía Internacional y Human Rights Watch aplaudieron la investigación y pidieron al tribunal que se contacte con las víctimas.
A pesar de que Israel no reconoce a la CPI, si esta emite mandatos de arresto durante sus investigaciones o condenas tras un juicio, los funcionarios israelíes –civiles o militares- o el alto mando de Hamás correrían el riesgo de ser detenidos y enviados a La Haya en cuanto pusieran el pie en cualquier país que hubiera ratificado el estatuto de la CPI.
En la guerra de Gaza de 2014 murieron unos 2.500 palestinos, la mayoría civiles. Y 73 israelíes, 67 de los cuales eran militares. Entre 2018 y 2019 murieron más de 300 manifestantes palestinos en la Franja de Gaza por disparos de militares israelíes. Desde hace años los grupos terroristas palestinos lanzan cohetes contra poblaciones israelíes.
IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
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